Llevo años dedicado a la tecnología. La desarrollo, la promuevo y vivo de ella. Sé de primera mano que puede ser la herramienta más poderosa para abrir mercados, conectar personas y hacer empresas y gobiernos más eficientes. Pero también sé, y aquí viene el gran “pero”, que en manos equivocadas la tecnología deja de ser innovación y se convierte en un instrumento de control. Y eso es justo lo que está en juego con la Reforma Electoral que impulsa la 4T.
La propuesta se presenta como un ejercicio de modernización: menos gasto en partidos, consejeros electos por voto popular, un INE transformado en INEC y la posibilidad de digitalizar procesos. En el papel parece un paso adelante; en la práctica abre un debate crucial: ¿cómo garantizamos que la tecnología sirva para fortalecer la democracia y no para debilitarla?
Aclaro algo desde el inicio: yo estoy totalmente a favor de la implementación de la tecnología. Sí al voto electrónico, sí a la identidad digital, sí a la biometría. La pregunta no es si usamos estas herramientas, sino quién las controla, para qué y cómo. Porque en manos de un Estado con “algunos pocos” antecedentes de corrupción y con tendencia a concentrar poder, la modernización puede dejar de ser un avance y convertirse en un arma de control político.
Aquí entra lo que llamo ciberseguridad democrática. No es un término académico ni un tecnicismo para conferencias: es la condición mínima para que la tecnología esté al servicio del ciudadano y no del poder. Significa transparencia, rendición de cuentas, marcos legales sólidos y organismos independientes vigilando cada proceso. Y ese es el verdadero reto de la reforma: que la modernización no se quede en discurso, sino que venga acompañada de garantías institucionales que den confianza al ciudadano.
El contexto es fundamental. En México ya vimos cómo desapareció el INAI, el organismo que obligaba al gobierno a rendir cuentas y protegía nuestros datos personales. También se aprobó la CURP biométrica, que puede ser útil pero concentra información sensible en una base de datos gigantesca. Son ejemplos distintos, pero revelan un patrón común: proyectos que podrían ser avances, pero que en ausencia de contrapesos se convierten en riesgos.
A esto se suma la vulnerabilidad digital del país. Los hackeos a instituciones públicas, desde los Guacamaya Leaks hasta las filtraciones al ISSSTE y a la SEDENA, muestran que no existe una cultura sólida de protección de datos. Si no se puede blindar la información que ya se administra, ¿qué garantías hay de que un sistema electoral digital no será vulnerable?
El debate no es exclusivo de México. En el mundo, la mayoría de los países desconfía del voto electrónico. Solo 34 de 178 lo han implementado y, en muchos casos, con alcances limitados. El 71% nunca lo ha usado. La razón es sencilla: sin confianza institucional, la tecnología no garantiza democracia, garantiza lo contrario.
La verdadera modernización digital no está en presumir urnas electrónicas ni en centralizar bases de datos biométricos. Está en asegurar que la tecnología refuerce la libertad del ciudadano, no que incremente la capacidad de control del Estado. El problema no es la tecnología en sí, sino su implementación sin contrapesos claros.
México necesita modernizar su sistema electoral, pero hacerlo con tecnología sin una arquitectura de confianza es como poner cerraduras inteligentes en una casa con las puertas abiertas. Es sumamente importante entender que el voto electrónico o la identidad digital solo funcionan si están acompañados de instituciones fuertes e independientes.
La pregunta clave es simple: ¿la innovación digital servirá para que el ciudadano tenga más libertad o para que el Estado acumule más poder sobre la ciudadanía? La respuesta dependerá no de los discursos, sino de las instituciones que garanticen que la tecnología fortalezca, y no debilite, nuestra democracia.
