José Luis Parra
Mientras el país se desangra, mientras la tierra huele a pólvora y los desplazados huyen con lo poco que tienen, mientras las madres buscan a sus hijos en fosas que no aparecen en los mapas oficiales, hay una clase política que no sangra, no sufre y, por supuesto, no se inmuta.
Esa élite blindada por el cinismo —y por las leyes que ellos mismos moldearon a su gusto— sigue engordando con dinero público. Sí, dinero de todos. De usted, de mí, del campesino que ya no cultiva porque lo secuestraron, del estudiante que camina esquivando balas, y del padre de familia que paga impuestos mientras reza que su hija regrese con vida.
Es decir, mientras el país duele, los partidos políticos siguen cobrando.
La austeridad republicana tiene excepciones. Y son exactamente 13 mil 751.7 millones de excepciones, que es lo que costarán los partidos este año. O, para ponerlo en términos digestivos: 37.6 millones de pesos al día.
¿Para qué?
Para financiar estructuras burocráticas, pagar viáticos, rentas, cursos, maestrías, y hasta condones y pastillas del día después (sí, eso está documentado). También para viajes, despensas y comidas en restaurantes de lujo. Todo con cargo al erario.
En resumen: usted no tiene para pagar el súper, pero algún dirigente de partido sí puede invitarse el filete. Con vino, por supuesto. Pago en efectivo, cortesía del pueblo.
El modelo es perfecto para ellos. Se calcula el financiamiento tomando como base el número de electores, no de votantes. Es decir, da igual si votan o no. Con estar inscritos basta para que los partidos reciban su tajada.
Y la fórmula es tan generosa que cada año crece el pastel. Así, aunque pierdan simpatizantes, aunque la abstención suba, aunque nadie los pele, ellos seguirán cobrando.
Y como cereza del pastel: si sacan apenas el 3% de la votación válida, ya tienen derecho a financiamiento.
¿En Colima? Basta con unos 9 mil votos. ¿En el Estado de México? Unos 198 mil. En resumen, con muy poco, ganan mucho.
Eso sí, todo esto es legal. Porque ellos lo diseñaron así. Las iniciativas para reducir el dinero a los partidos duermen el sueño eterno en comisiones legislativas. Y duermen bien. Tapadas con cobijas de intereses y pijamas de impunidad.
Los que deberían cambiar el sistema son los mismos que se benefician de él. ¿Por qué lo harían? ¿Por convicción? Por favor, no abusemos de nuestra ingenuidad.
Y los partidos más ricos son, casualmente, los que más poder tienen: Morena y antes el PRI. En el Edomex, Morena tiene este año 335 millones de pesos. El PRI, 163. A nivel nacional, Morena recibe 2 mil 584 millones. El PAN, mil 294. El resto, migajas con sabor a subsidio.
¿Y la transparencia? No existe. Muchos partidos ni siquiera tienen página web actualizada. Y cuando se les pide información, responden que no son sujetos obligados porque sus dirigentes no son “servidores públicos”.
Claro. Solo manejan dinero público. Pero no son servidores públicos. Una genialidad jurídica.
Tampoco se sabe cuánto ganan. Ni cuántos empleados tienen. Ni a quién le compran. Ni cuánto cuesta mantener la maquinaria partidista que, al final, solo sirve para asegurar la supervivencia de unos cuantos apellidos.
En el Estado de México se documentaron gastos de partidos en medicamentos, boletos de avión, cursos para familiares y otras delicias. Pero nada pasó. Porque el sistema está diseñado para que nada pase.
Y así, la democracia mexicana se volvió un negocio. Un gran negocio.
No para usted, por supuesto.
Para ellos.
