Ricardo Del Muro / Austral
La nueva reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum ha generado un debate profundo sobre el gasto público destinado a los partidos políticos y los privilegios del sistema actual que los convierte en un negocio millonario para las élites partidistas.
El artículo “Reforma electoral: Partidos y fiscalización en la mira”, publicado el jueves por Reporte Índigo, destaca que mientras el gobierno aplica políticas de austeridad y busca redirigir recursos hacia programas sociales, los partidos continúan recibiendo asignaciones millonarias sin que exista una fiscalización efectiva ni sanciones proporcionales al mal uso de los recursos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos recibirán en 2026 un presupuesto de 7 mil 737 millones de pesos, una cantidad que —según especialistas citados por Reporte Índigo— representa una carga creciente para las finanzas públicas. El monto equivale a más del doble de lo que varios estados del país destinan al mantenimiento de hospitales o programas de educación pública.
La reforma electoral que se propondrá el próximo año es una de las más ambiciosas, en términos políticos y sociales, del gobierno de Sheinbaum, señala el reportaje escrito por Christian García Muñoz y Carlos Montesinos. El proceso avanza ya se trabajan consultas públicas, audiencias en distintos estados y la recepción de propuestas vía digital.
Hasta el momento, se han recibido 120 propuestas a través del sitio oficial creado para tal fin, entre las que destacan las relacionadas con financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas, debido a que el uso de recursos durante los procesos electorales es altamente cuestionado.
Otra de las temáticas que se repite constantemente entre las propuestas es la del sistema de partidos, en la que se destaca la necesidad de fortalecer la pluralidad y la representación, así como de garantizar que los partidos políticos se alineen más estrechamente con las necesidades y aspiraciones de la población.
La iniciativa presidencial plantea modificar la fórmula de financiamiento —hoy calculada con base en el 65 % del valor de la UMA multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral—, con el fin de reducir el gasto electoral y reforzar la transparencia. En paralelo, el proyecto propone fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar desvíos y opacidad en el manejo del dinero público.
Sin embargo, el intento de reformar la estructura de recursos y representación política ha provocado resistencias de las élites partidistas, no sólo de la oposición (PRI y PAN) sino también del bloque oficialista, ya que los partidos aliados de Morena: el Verde Ecologista (PVEM) y el del Trabajo (PT) han expresado sus objeciones ante los posibles recortes presupuestales y la eliminación de los plurinominales que les aseguran presencia en el Congreso.
Aunque el artículo de Reporte Índigo no profundiza en los casos particulares de los partidos políticos, es evidente que la propuesta de reducir los plurinminales o limitar la sobrerrepresentación ha sido interpretada por estos grupos como una amenaza directa a su supervivencia política.
En la revisión realizada por Reporte Índigo a las propuestas publicadas, se encontró que éstas son variadas, algunas pueden interpretarse como comentarios u opiniones personales, pero otras son presentadas con justificaciones y un marco de referencia más desarrollado.
En el tema del financiamiento y fiscalización, en las propuestas se habla de la reducción del gasto que representa la organzación de campañas políticas y de las jornadas electorales. Además, una de cada tres propuestas sobre esta temática se encaminan a terminar con el costo excesivo del sistema electoral mexicano.
Una de las sugerencias plantea una reducción del financiamiento público a partidos políticos e instituciones electorales: “El financiamiento público directo debe reducirse significativamente, asegurando que los recursos entregados se utilicen únicamente para campañas y actividades esenciales de organización, eliminando privilegios y gastos superfluos.
Actualmente, el financiamiento público a partidos políticos proviene de los impuestos y debería reducirse a sólo 20 por ciento del financiamiento anual de partidos y candidatos, pero debe provenir mayoramente de los mismos militantes partidistas (40 por ciento totalmente fiscalizable), plantea otra de las propuestas.
“Las empresas del sector privado (o personas morales), sin vínculos demostrados a ningún militante de ningún partido político, podrían aportar el 30 por ciento del financiamiento anual por concepto de aportaciones corporativas (…) El 10 por ciento restante sería de personas físicas (no militantes, tan sólo simpatizantes)”.
Entre propuestas y debates en torno a la próxima reforma, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció por discutir los actuales costos de la democracia mexicana sin arriesgar su certeza y confianza.
El artículo de Reporte Índigo destaca que la titular del INE llamó a hacer un profundo análisis técnico de “la visión misma de nuestro sistema nacional electoral”. Esto al participar como ponente en la audiencia realizada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. RDM
