El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que logró dos nuevas suspensiones contra la reforma judicial en los estados de Yucatán y Baja California, en espera de generar un revés momentáneo al proceso legislativo impulsado por Morena.
Las suspensiones, obtenidas mediante amparos promovidos por senadores del PAN, ordenan detener la convocatoria y la toma de protesta para jueces, magistrados y ministros elegidos por votación popular.
La primera suspensión, concedida por un juzgado en Yucatán a petición de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, ordena al Senado de la República, a los congresos locales, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo de la Judicatura abstenerse de aplicar las disposiciones de la reforma. El acuerdo también establece que ninguna autoridad podrá ejecutar el decreto publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
En Baja California, otra suspensión fue obtenida gracias a los amparos presentados por la senadora Susana Zatarain y el senador Gustavo Sánchez. Ambas resoluciones buscan bloquear la reforma mientras se resuelven los recursos legales presentados por los legisladores del PAN.
Morena rechaza las suspensiones y sigue con la reforma
En respuesta, Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, consideró que los amparos son improcedentes, argumentando que la Ley de Amparo impide recurrir reformas a la Constitución. “La derecha quiere seguir con esa estrategia en complicidad con el Poder Judicial, pero no van a detener la elección de jueces, magistrados y ministros”, sentenció.
El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, destacó que la reforma ya fue aprobada en el Senado y actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados. Según Mier, la iniciativa busca cerrar la puerta a interpretaciones jurídicas que han permitido “una cascada de amparos en defensa de intereses particulares”.
Una batalla política en curso
El grupo parlamentario del PAN, encabezado por Guadalupe Murguía, insistió en que las suspensiones deben ser acatadas por las autoridades involucradas. Sin embargo, Morena ha dejado claro que continuará con el proceso legislativo, con el objetivo de consolidar una reforma que, según el oficialismo, democratizará el Poder Judicial y reducirá la injerencia de intereses internos.
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