Gerardo Rivadeneyra
Fortalecer la recaudación fiscal es una de las metas que pretende el Paquete Económico 2020. Para ello, una de las principales medidas será obligar a retener el IVA a todas las empresas que adquieran servicios de outsourcing o tercerización. Sin embargo, esto pondrá en riesgo el empleo de 5 millones de trabajadores que laboran bajo este esquema.
El argumento es simple. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) piensa que en algunos casos las empresas prestadoras de este tipo de servicios no cumple con reportar el entero del IVA retenido, aunque la compañía contratante sí acredita el impuesto.
Según cifras del Inegi, entre 2004 y 2014, en México el porcentaje de personas subcontratadas a través de outsourcing pasó de 8.6 a 16.6 por ciento.
TallentiaMx, una asociación que agrupa a empresas que practican o son usuarias del outsourcing, señala de posibles afectaciones económicas en el ciclo financiero de las compañías y que a la postre afectarían a los 5 millones de mexicanos, que según la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), trabajan bajo dicho sistema.
Sin duda, el pago de la nómina es el principal egreso de la compañía de subcontratación, pero también invierten en renta, licencias, equipo de cómputo, servicios de telefonía, internet, transporte y otros que generan IVA.
Si se obliga a las empresas que contratan los servicios de tercerización a retener el IVA, entonces pondría en riesgo el cumplimiento de todas las prestaciones comprometidas con los empleados, pues cubrirían el gravamen utilizando recursos propios y peligraría el flujo y la continuidad de su actividad económica.
El outsourcing es un modelo de empleo que contribuye a la disminución de la informalidad laboral, que hasta el momento es del 56% en México y que en realidad son los grandes evasores de impuestos al no registrar sus actividades económicas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
