El pecado de Taddei y la caída de los contrapesos

Por Fred Álvarez Palafox

El Instituto Nacional Electoral (INE) se edificó, tras una larga lucha democrática, como el guardián insobornable de la equidad. Hoy, el legado de Guadalupe Taddei dibuja un destino muy distinto. Su paso por la presidencia del organismo no será recordado únicamente por las sombras de opacidad administrativa, sino por una claudicación monumental: la entrega de las llaves de la Constitución al oficialismo. Ese es su pecado original. Y es, también, la razón por la que el poder en turno tiene una deuda histórica con ella, con los consejeros que la acompañaron y con los magistrados electorales que validaron la maniobra.

La consumación ocurrió el 23 de agosto de 2024. Ese viernes, el Consejo General del INE formalizó un acuerdo que otorgó a Morena, el PVEM y el PT casi el 73 por ciento de la Cámara de Diputados, pese a representar solo el 54 por ciento de los votos efectivos.

¡Fue la legalización de una desproporción histórica!

La decisión fracturó al árbitro electoral. Un bloque de siete consejeros —Taddei, Norma De la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas— se aferró a una lectura literal y fragmentada del artículo 54 constitucional.

Aplicaron el límite de sobrerrepresentación por partido, borrando de un plumazo la evidencia de que compitieron como una coalición unida.

La resistencia provino de cuatro voces: Claudia Zavala, Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel. Su advertencia fue clara: la interpretación mayoritaria aniquilaba el principio de pluralidad. La propuesta de Zavala para equilibrar la representación conforme al voto ciudadano fue ignorada, y el órgano colegiado optó por dejar al Congreso de la Unión sin contrapesos.

El libreto exigía confirmación.

El 28 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) cerró la pinza. Con cuatro votos a favor (Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez) y uno en contra (Janine Otálora), el acuerdo del INE quedó en firme. Otálora fue la única en advertir que el fallo distorsionaba peligrosamente el sistema representativo de México.

Las consecuencias de este aval institucional no se hicieron esperar. Con una mayoría inflada en San Lázaro y una operación a tope en el Senado, la aplanadora legislativa avanzó sin freno. El blanco era evidente: asestar el tiro de gracia al Poder Judicial de la Federación.

El vértigo fue absoluto. La Cámara de Diputados despachó la reforma el 4 de septiembre. Exactamente una semana después, el Senado la aprobó. Ocurrió a las 3:55 de la madrugada del 11 de septiembre, en un clima de asfixia política. Gerardo Fernández Noroña dirigió una sesión caótica, repleta de gritos y empujones, atrincherados en un recinto alterno y rodeados por fuerzas de seguridad.

Las formas evidenciaban el fondo: era una instrucción directa de Palacio Nacional.

Tras un expedito recorrido por las legislaturas estatales, la obra culminó con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. El decreto incluyó la firma de la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Así, mientras Andrés Manuel López Obrador celebraba en Palacio Nacional la ejecución perfecta de su plan, México despertaba bajo una nueva realidad constitucional.

Al observar hoy la ruina de los contrapesos del Estado mexicano, todos los caminos conducen a aquella sesión de agosto. Sin el aval inicial de la señora Taddei y consjeros que la acompañaron, la imposición habría sido inviable. Es un pecado institucional mayúsculo, y la historia se encargará de pasarle la factura.

Para la memoria inmediata!

PD: El papel de la Corte fue otro, le faltó garra para defender la Constitución…, esa es otra historia…