José Luis Parra
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue rechazada en el Congreso.
Punto.
Pero lejos de cerrar el capítulo, el oficialismo decidió abrir otro: el famoso Plan B.
Es decir, si la puerta constitucional se cerró, entonces intentar entrar por la ventana de las leyes secundarias. Una estrategia que no es nueva en la política mexicana: cuando no alcanzan los votos, se busca el atajo.
El problema es que la Constitución no es una sugerencia.
Juristas advierten que varios de los cambios planteados —revocación de mandato, reglas electorales o ajustes al sistema político— no pueden modificarse mediante leyes secundarias. Intentarlo sería como querer cambiar el reglamento de un edificio para mover sus cimientos.
Pero más allá del debate jurídico, hay un detalle político imposible de ignorar: los tiempos del país.
Porque mientras el gobierno empuja un Plan B electoral, México enfrenta prioridades bastante más terrenales.
Violencia desbordada.
Hospitales sin medicamentos.
Y regiones completas donde el Estado llega tarde… o simplemente no llega.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta prisa con lo electoral?
Tal vez porque el poder siempre se preocupa primero por conservarse.
Mientras tanto, el discurso de austeridad sigue acumulando contradicciones.
Ahí está el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, vinculada a una residencia de lujo en San Diego valuada en millones de dólares.
O el secretario de Educación, Mario Delgado, quien “corrigió” su declaración patrimonial después de reportar un departamento en Reforma con un valor diez veces menor al real.
También el senador Gerardo Fernández Noroña, con su casa en Tepoztlán que generó polémica por su ubicación en una zona comunal.
La lista sigue: propiedades millonarias, departamentos exclusivos, residencias en Estados Unidos.
Y para cerrar el catálogo inmobiliario del movimiento que juró vivir en la “justa medianía”, aparece la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La joya de su patrimonio sería la Hacienda San Lorenzo: una reserva tropical de alrededor de cien hectáreas, arbolada con maderas preciosas y con dos kilómetros de playa privada. Según versiones difundidas por el medio Emeequis, el predio es tan grande que prácticamente cabría un pequeño municipio dentro. Del casco de la mansión al mar hay muelle, embarcadero y hasta un hotel de su cadena. Para entrar, cuentan ex trabajadores, hay casetas de vigilancia y personal armado. Nada ostentoso, aclaran: las armas no se exhiben. La discreción, después de todo, también es parte de la austeridad.
Nada necesariamente ilegal.
Pero sí profundamente contradictorio para un movimiento que llegó al poder denunciando los excesos de la vieja clase política.
Y ahí aparece la verdadera discusión que el gobierno parece evitar.
Porque el problema no es el Plan B.
El problema es el plan moral.
La política mexicana ya vivió en el pasado una “renovación moral”. El concepto terminó archivado junto con muchas promesas de honestidad pública.
Pero algo de esa idea no vendría mal en estos tiempos.
No para predicar austeridad desde el púlpito.
Sino para practicarla.
Porque mientras el gobierno pelea por cambiar reglas electorales que ya fueron rechazadas, el ciudadano común observa otra escena: una nueva élite política aprendiendo muy rápido las comodidades del poder.
Y eso, aunque se disfrace de error de captura, crédito hipotecario o éxito empresarial, tiene un problema simple.
Se llama incongruencia.
