Eduardo Sadot
No se puede pasar por alto que desde el principio del activismo y determinación de Carlos Manzo, hubo apatía y negligencia de parte de la presidencia de México, nunca lo recibieron, nunca lo invitaron a las reuniones de seguridad, desde López Obrador que nunca recibió al Gobernador de entonces Silvano Aureoles, esa es la mayor prueba del desprecio de Obrador hacia los problemas de Michoacán, con esa actitud en un Estado democrático, ya se habría abierto una carpeta de investigación para que Andrés Manuel López Obrador explique, por qué nunca recibió al gobernador de Michoacán de aquel entonces Silvano Aureoles, y que también expliquen porque en lugar de atender las exigencias del Estado, hoy es un perseguido político, una costumbre que ha proliferado para formar la lista de perseguidos políticos, encaminados precisamente por senadores cuestionados a los que no se les molesta ni con un monosílabo desde la presidencia.
Al menos se aprecia que pesó más en el ánimo de la presidente el criterio partidista más que el tema de la seguridad y esfuerzo apartidista para privilegiar el interés nacional, que el criterio electorero y eso, desde el gobierno de López Obrador condenó a Carlos Manzo a la muerte. En ello coincidimos con Carlos Alazraki, la arrogancia, de los últimos dos presidentes candidatos del Partido Morena, son responsables por negligencia de la muerte del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo.
El Plan privilegia recursos del bienestar y programas del bienestar obviamente como se dicen en el proyecto un ejercito de “servidores de la nación” para repartir apoyos y presionar para que voten por MORENA, pero todo está bien, solo que el tema no es económico, los michoacanos no son del tipo de mexicanos que estén esperanzados a que les regalen dinero ¡no! En Michoacán – no se equivoquen – no van a comprar su voto luego de que les asesinaron a un héroe de su Estado de los tiempos modernos, el dinero que llevarán solo avivará la voracidad de la delincuencia.
No, Michoacán no necesita dinero, ellos saben trabajar pero que no los roben Michoacán ¡NECESITA SEGURIDAD! Es un Estado con poco más de cuatro y medio millones de habitantes, con un rezago delincuencial ancestral, desde los taladores de bosques, nos atrevemos a afirmar que el 90% de los muebles de madera del país se fabricaron con maderas extraídas de Michoacán.
Una mala estrategia, sin sellar las salidas del Estado va a provocar “el fenómeno cucaracha” y la delincuencia migrará – de hecho ya lo está haciendo porque como dicen calentaron la plaza – a los estados colindantes
Guerrero, Estado de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, podemos adelantar que para el próximo informe estadístico la cifra de asesinatos y desaparecidos en los Estados vecinos – si no manipulan las cifras – se verá incrementado a raíz del Plan Michoacán.
El tema del puerto Lázaro Cárdenas, y la participación de la Secretaria de Hacienda está ausente en el Plan, no obstante que la UIF debiera tener un papel protagónico para estrangular las fuentes de ingresos de la delincuencia, vía importación de Fentanilo que con seguridad incrementará su ingreso por Manzanillo, esto con toda seguridad ya lo sabe el gobierno de EEUU por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D, Johnson siendo experto en seguridad ya debe haber observado, luego de la desinformada declaración de la presidente al sostener que “hay que respetar los derechos humanos” obviamente refiriéndose a los delincuentes en el mismo tono de López Obrador, ignorando que el Estado Mexicano, es el titular del uso legítimo de la fuerza pública, conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Artículo 21 establece que la función de seguridad pública corresponde exclusivamente a las autoridades, y que la investigación de los delitos debe realizarla el Ministerio Público – hoy fiscalías – y las policías de investigación, bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos así – huelga decir, porque resulta ocioso, por obvio, que se ejercerá respetando los derechos humanos, mencionarlo más parece cumplir “con algún pacto” – .
El artículo 21 consagra el monopolio estatal de la fuerza, limitando la posibilidad de que particulares ejerzan la violencia, salvo casos de legítima defensa legalmente reconocidos. Pero mientras la delincuencia está armada, el plan establece el desarme de la zona, alguien cree que los delincuentes irán a entregar sus armas, parece una ingenua inocentada en el plan. Obviamente que están frenando la capacidad del Secretario de Seguridad Nacional, seguramente por el fuego amigo y los intereses de MORENISTAS vinculados al narco.
Además, del Artículo 16 – principio de legalidad – y los Artículos 115 y 123 complementan este principio al regular la organización y atribuciones de las policías municipales y laborales, asegurando que la seguridad sea un servicio público regulado por el Estado, bajo los principios que aseguran que “el uso de la fuerza sea legítimo”, legal y controlado, protegiendo a los ciudadanos de abusos y arbitrariedades. El embajador tendrá mucho trabajo de información para Trump y para Marco Rubio.
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