Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Desde finales del año pasado, México enfrenta un brote de sarampión que acumula ya más de siete mil 400 casos confirmados y contabiliza al menos 24 muertes. Hablamos de una enfermedad que había sido declarada eliminada en el continente americano desde 2016 y que diez años después, siete con la “4t” gobernando el país, ha resurgido.
El brote de sarampión en México es un síntoma de una crisis que sí podía saberse: la erosión de la política pública de vacunación y la negligencia gubernamental en garantizar el acceso universal a la salud. En Veracruz, con dos casos confirmados oficialmente en Xalapa, también se abrió la puerta al regreso de una enfermedad que estaba erradicada.
El discurso oficial sostiene que México cuenta con más de 23 millones de dosis disponibles de la vacuna triple viral. Sin embargo, la realidad en los centros de salud contradice, como suele, los “otros datos”: padres de familia reportan desabasto, largas filas y brigadas improvisadas que no alcanzan a cubrir a toda la población.
La crisis no se explica únicamente por la falta de vacunas, sino por la desarticulación de la política de salud. Desde 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo la inversión en campañas de vacunación masiva, apostando por una estrategia que fracasó y que la pandemia del covid-19 agravó, pues miles de niños quedaron sin recibir sus dosis de refuerzo, rompiendo con décadas de un manejo eficiente y reconocido de sus campañas de vacunación.
La negligencia se refleja también en una planeación deficiente, pues la compra de vacunas se ha realizado de manera tardía y sin garantizar distribución equitativa; en el desmantelamiento institucional, con la desaparición del Seguro Popular y la transición fallida al Insabi, que fue devastadora para la cobertura de salud preventiva; y la narrativa del “no pasa nada”, mientras las cifras de contagios aumentan y las autoridades insisten en que “hay vacunas suficientes”, minimizando el riesgo real.
En el estado de Veracruz, donde de por sí los servicios de salud están para llorar por el descomunal saqueo que han sufrido desde hace varios sexenios, el brote se materializó con dos casos confirmados en Xalapa, uno de los cuales, un menor de edad, expone la vulnerabilidad de los niños sin esquema completo de vacunación, uno de los peores “legados” de López Obrador.
La entidad ahora enfrenta el desafío de contener la propagación en un contexto de infraestructura limitada y alta densidad poblacional. Y aunque la gobernadora Rocío Nahle se ufana de que “no vamos a reaccionar tarde, vamos a prevenir”, la realidad es que ya reaccionó tarde: lanzó una campaña de vacunación apenas este fin de semana, todavía con un caso reconocido oficialmente y 21 catalogados como “posibles”. Y no hay certeza de que tengan suficientes vacunas.
México fue pionero en campañas de vacunación masiva en los años 90 y 2000. La Semana Nacional de Salud garantizaba que millones de niños recibieran sus dosis en escuelas y centros comunitarios. Hoy, esas campañas han sido sustituidas por operativos improvisados, sin continuidad ni cobertura universal, o con “camionetitas”.
La negligencia tiene consecuencias: hasta ahora se registran 24 defunciones por este brote de sarampión en el país desde finales de 2025, lo que marca un retroceso histórico y criminal. El gobierno federal ha intentado justificar el brote como parte de un fenómeno internacional. Y hasta le echa la culpa a los “antivacunas”, que si bien tienen una responsabilidad ante sus comunidades, no exime la de las autoridades.
Este brote de sarampión es además la antesala de un escenario en el que otras enfermedades que se consideraban controladas pueden regresar, como poliomielitis, rubéola y tos ferina. De la última ya se han registrado casos recientemente.
La negligencia suele cobrar un precio muy alto. Y cuando se incurre en ésta en el sector de la salud, se contabiliza con vidas. La pandemia debería habérnoslo enseñado.
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