Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La resolución que tomó el Poder Judicial Federal la semana pasada al negarse a analizar el fondo de las solicitudes de amparo contra la prórroga ilegalmente concedida a Martín Aguilar en la rectoría de la Universidad Veracruzana, es apenas el síntoma más visible de una enfermedad más profunda: la claudicación del Estado de Derecho.
En lugar de analizar de fondo la legalidad de la extensión del mandato rectoral, un juez –ha de ser de “tómbola”- del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa optó por desechar los amparos con argumentos procesales anacrónicos, invocando jurisprudencias previas a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, alegando que como la UV es autónoma, las decisiones de sus autoridades no causan violaciones a los derechos humanos de los universitarios. Una brutalidad, digna del retroceso que vive el país.
Contra la versión que la rectoría espuria divulga, no se resolvió si la prórroga fue legal o no. Simplemente se negó el acceso a la justicia. En palabras de los académicos promoventes de los amparos, “ningún tribunal confirmó la validez de la prórroga”. Pero sí cerraron la puerta a su revisión.
Este acto de omisión judicial legitima de facto una usurpación del cargo, como lo han denunciado exrectores, académicos y colectivos universitarios. La Junta de Gobierno, lejos de actuar con autonomía, se plegó a una interpretación forzada e interesada de la normatividad universitaria, ignorando que la Ley Orgánica establece un periodo rectoral de cuatro años sin prever mecanismos de prórroga automática, sino a través de la emisión de una convocatoria para la participación abierta de otros aspirantes, lo cual se ha burlado mediante un artilugio pseudolegal.
En este contexto de ilegitimidad institucional e impunidad a la violación flagrante de la legalidad, la UV de Martín Aguilar ha vuelto a mostrar los colmillos autoritarios que nunca perdió del todo. El intento de romper unilateralmente el paro estudiantil en la Facultad de Humanidades —mientras se mantenía una supuesta “mesa de diálogo” con sus representantes— revela el verdadero rostro de la administración de Martín Aguilar: uno que simula apertura mientras reprime la disidencia.
La comunidad estudiantil, movilizada por causas legítimas como la exigencia de justicia para la estudiante fallecida en Poza Rica durante las recientes inundaciones y la denuncia de violencias estructurales, ha sido tratada como un obstáculo a remover, no como una voz a escuchar. Las decisiones parciales para forzar la reapertura de instalaciones, sin acuerdo ni condiciones mínimas de seguridad, es una forma de violencia institucional. No hay diálogo posible cuando una de las partes actúa con prepotencia y desprecio, tanto por la legalidad, como por la comunidad universitaria.
Todo esto ocurre en un entorno de indefensión jurídica creciente, donde los mecanismos de control constitucional han sido vaciados de contenido. Si el Poder Judicial no está dispuesto a revisar actos de autoridad que afectan derechos fundamentales —como el acceso a una representación legítima o la libertad de expresión y protesta—, entonces la legalidad se convierte en una ficción, útil solo para quienes detentan el poder, en el sentido literal del término referido a una usurpación.
La Universidad Veracruzana, que debería ser faro de pensamiento crítico y ejemplo de institucionalidad, se ha convertido en un espejo del régimen que la busca controlar: autoritario, opaco y profundamente intolerante a la disidencia. La defensa de su autonomía no puede ser selectiva. O se defiende para toda la comunidad, o se convierte en una coartada para perpetuar privilegios y simulaciones.
Y ante este panorama, cabe preguntarse: ¿a cambio de qué el régimen prefirió hacer mutis para mantener a Martín Aguilar en la rectoría? ¿Será acaso que la UV ya no pelee el 4 por ciento del presupuesto total del estado, al que constitucionalmente tiene derecho? Porque en el presupuesto de Egresos 2026, nuevamente le dan migajas: apenas 2.16 por ciento. Y la UV no ha dicho “esta boca es mía.
¿Cuál fue el precio de Martín Aguilar?
A volar
Cuatrocientos millones de pesos piensa gastar el gobierno de Rocío Nahle en la compra de tres helicópteros y un avión, supuestamente para renovar una flotilla aérea de Protección Civil que está “vieja y obsoleta”, según sus propias palabras.
Sin duda las aeronaves son de gran utilidad en la atención de desastres como el recientemente ocurrido en el norte de Veracruz, donde miles de personas quedaron incomunicadas. Pueden marcar la diferencia para salvar vidas.
Pero si se les usa para que las autoridades se paseen, vayan de visita a sus “ranchos”, echen “novio” o se las presten a actrices famosas para que “turisteen”, pues…
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