- Guerrero: Desaparición de Poderes
Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado. Martin Luther King jr.
Cuando se planteó en 2020 el reemplazo de Cuauhtémoc Blanco —se puso sobre la mesa también el de Cuitláhuac García—, se advirtió que debía aplazar su ejecución un año, para salvar la elección extraordinaria que, sin duda, perdería la coalición Juntos Haremos Historia por dos años de fracaso gubernativo.
No sólo era el fracaso de gobernador y gobierno de Morelos —que continúa hasta el final, sostenido por alfileres presidenciales no se sabe a cambio de qué, de ninguna manera por votos—, sino una crisis de gobernanza entre los poderes del estado, y no precisamente por los contrapesos políticos derivados de una inexistente sana división de poderes.
El mandatario que no mandante abandonó el deber, prohibido por la Constitución, y se puso a administrar políticamente violencia e inseguridad. De 2021 a finales de 2023, la desaparición de poderes cobraba viabilidad, pero las disidencias nunca fueron oposición y la ciudadanía optó por la contemplación, mientras Cuauhtémoc Blanco y su círculo negro asaltaban el poder y los caudales públicos. Los senadores y diputados federales sólo se tomaban autofotos y firmaban la nómina.
Si a Graco Ramírez se llamó aquí el peor gobernador de la modernidad, creyendo que sus tiempos serían difíciles de superar, llegaron no sólo seis años de más de lo mismo, sino peores con el exfutbolista y actor cómico de Televisa. El hijo del teniente Ramírez se puso 18 meses para empezar a disminuir la violencia, culpando al pasado, e incumplió. El peladito de Tlatilco soñó con defender a las familias de Morelos como cuando defendía a la decepción nacional de futbol, y fracasó. La camiseta 10 terminó siendo un trapo de limpieza de la morgue.
El estado de Guerrero de hoy se le parece mucho al de Morelos de 2019-2023. No hay autoridad ni poderes. El senado de la República no desaparece poderes, subsana trastornos graves en las entidades federativas, como mandata la Constitución. El presidente López Mateos se atrevió a restablecer el orden en Guerrero, destituyendo al gobernador Raúl Caballero, por la vía de la desaparición de poderes. El presidente López Obrador no se atrevió contra Cuauhtémoc, de quien fue su defensor de oficio todo el tiempo. Menos va a avalar la destitución de su gobernadora Evelyn Salgado. Cuando en la encuesta —en realidad dedazo— tocaba hombre como candidato, y negado el registro a Félix Salgado, el dedo omnisciente de Palacio Nacional ordenó que fuera mujer.
El general Caballero hacía como que hacía, sin hacer nada a favor del pueblo. Su candidatura fue un pago por sus servicios de represión, que aplicó muy bien durante su gobierno. Se alió con grupos delincuenciales, le dio la espalda al pueblo, robó del erario público para hacerse de casas, terrenos, vehículos de líneas de pasajeros y castigó municipios que no aceptaban sus caprichos. Ordenó a policías y delincuentes asesinar a sus oponentes, golpear estudiantes. Por la masacre de 19 estudiantes, el profesor Genaro Vázquez Rojas le dijo «Asesino». Cuando fue depuesto del cargo, el pueblo lo celebró y él salió millonario, al poco tiempo enfermó y murió millonario. Sólo su familia fue a sus exequias y sus funcionarios huyeron con el botín en las manos, cobardes.
Con otros actores en otros tiempos, la tragedia gubernativa podría ser ahora en cualquier estado del país. En Morelos no hubo poder Legislativo al lado del pueblo, el poder Judicial le dio la espalda a los justiciables —la liberación del violador de su propia hija, ayer consignado aquí, es escandalo nacional— y el poder Ejecutivo se puso a gastar con alegría el dinero ajeno, mientras la entidad ardía, como aún arde, sin voltear a ver hacia Morelos la autoridad federal que tiene sus propios incendios.
En 20 minutos de un enero de 1961 López Mateos hizo sacar al déspota Caballero Aburto, que había abandonado el deber y provocado la violencia. El senado urgió a la ocupación militar de las sedes del gobierno estatal y municipales, ante la violencia provocada por el gobernador, y constataron que ni Caballero ni los diputados estaban en Chilpancingo y que jueces y magistrados denegaban justicia.
Eso fue hace 63 años, pero la desaparición de poderes de facto tiene a Guerrero en la zozobra. La presidencia de la República está obligada a restablecer el orden mediante el constitucionalismo: se depone al gobernador y envía una propuesta que vota el Senado. Al reemplazo lo nombra el presidente y lo aprueba el senado. El senado no desaparece poderes, declara que han desaparecido, apersonándose en el lugar y mediante denuncia política y ciudadana, como sucedió con Caballero.
Como entonces Morelos y Veracruz, administrando la tragedia gubernativa Palacio Nacional, ahora está Guerrero, con un movimiento popular como el de 1961, tras el asesinato días atrás de un estudiante de la normal de Ayotzinapa y cuyo asesino fue declarado sustraído de la acción de la justicia precisamente por el jefe de Ejecutivo federal. Es decir, escapó o facilitaron su huida. Como esta tragedia de Guerrero hubo muchas en Morelos, pero el presidente de la República nunca fue López Mateos.
