Por Aurelio Contreras Moreno
La amenaza que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” representa para la pluralidad política y para la libertad de expresión, prensa y pensamiento no es para tomarse a la ligera.
El lopezobradorismo gobernante no se ha andado por las ramas en las últimas semanas respecto de sus intenciones: un día sí y otro también el presidente de México arremete contra las instituciones que desde su anquilosada y anacrónica visión de la política no son “necesarias”, y justifica su pretensión de desaparecerlas en su costo de operación, en el sexenio en que fueron creadas o en una supuesta ausencia de resultados que deja al nivel de su mero dicho.
El lamentable caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) -tras el estrambótico desencuentro del gobierno con un comediante. Entre payasos te veas- dejó al descubierto, casi por casualidad, el objetivo de deshacerse de todos los organismos reguladores que le estorban a esta administración para hacer lo que le venga en gana.
Ya se mencionó con anterioridad en este mismo espacio cómo Andrés Manuel López Obrador había puesto en su mira no solo al Conapred, sino al mismo Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (Inai), así como al Instituto Nacional Electoral (INE), que en la actualidad son de los pocos organismos públicos que aún funcionan como contrapesos institucionales reales.
Quienes haciendo gala de su supina ignorancia o de su gigantesca mala fe afirman que estos organismos no han dado resultado alguno, lo que exhiben es su desprecio por las demandas ciudadanas que hicieron nacer dichas instituciones. E incluso se dan un balazo en el pie y se niegan a sí mismos.
Antes del IFAI (hoy INAI) simple y sencillamente no había manera de acceder a la información de lo que hacía el gobierno con los recursos públicos. Era imposible que los ciudadanos nos enterásemos. Y su creación durante el sexenio de Vicente Fox Quesada no fue una graciosa concesión presidencial, sino el resultado del empuje de la sociedad civil que desde la academia, las organizaciones no gubernamentales y el periodismo libre –de los que por años se colgó la dizque izquierda partidista para impulsar sus intereses y agenda- reclamó terminar con la opacidad y exigió transparencia en la actuación y decisiones de los servidores públicos.
Mismo caso de los organismos electorales. Antes de la creación del IFE en la década de los 90 del siglo pasado, las elecciones en México las organizaba el gobierno. Y como sabe cualquiera, ya no digamos que haya vivido esa época, sino que haya abierto un libro de historia contemporánea de México, lo que sucedía era que siempre, invariablemente, ganaba el partido en el gobierno, que en ese entonces era el Partido Revolucionario Institucional.
Con todos los asegunes, deficiencias e incluso corruptelas que hubiesen podido tener –al fin y al cabo instituciones humanas y por ese motivo, falibles pero también perfectibles- esos organismos –por citar a dos que resultan fundamentales- ayudaron a modernizar y a pensar en democratizar a un México que antes de eso no conocía de transparencia y rendición de cuentas en el sector público. Mucho menos, de competencia electoral real.
La “4t” quiere regresar a México a una época de simulación democrática y de opacidad, cuya consecuencia inmediata sería también el retorno del peor autoritarismo, de la persecución de las voces disidentes y de la libertad de expresión, que de por sí nunca ha dejado de estar amenazada.
Solo que en lugar del PRI, el partido “todopoderoso”, la “aplanadora” que nunca perdiera elecciones ni rindiera cuentas de nada, sería Morena. Su manera de actuar desde que asumió el poder así lo demuestra. Es el PRI del siglo pasado.
¿De verdad los mexicanos votaron por eso?
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