Por Aurelio Contreras Moreno
Con el asesinato de Celestino Ruiz Vázquez en el municipio de Actopan, Veracruz, la noche del pasado 2 de agosto, sumaron tres los reporteros ultimados en México la semana pasada, 16 en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el primero durante la gestión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
¿Sabe cuál fue la principal preocupación de las autoridades veracruzanas al respecto? Buscar evadir cualquier clase de responsabilidad sobre este crimen y dejársela a sus enemigos políticos. Diáfana prueba de lo que les preocupa y les importa la violencia contra comunicadores y los ataques a la libertad de expresión.
Celestino Ruiz Vázquez fue acribillado en su domicilio de la localidad La Bocanita, en el municipio de Actopan. Era corresponsal del periódico El Gráfico de Xalapa y ya había recibido amenazas y agresiones violentas, atribuidas a represalias por su postura crítica hacia el presidente municipal de esa demarcación, José Paulino Domínguez.
Por esa razón, desde octubre del año pasado el periodista presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició la carpeta de investigación CI/114/2018/PC y ordenó medidas de protección para Ruiz Vázquez y su familia en abril de 2019, a través de un oficio girado al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Sin embargo, las autoridades no cumplieron su deber. Por una parte, en febrero de 2019 Celestino Vázquez se quejó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz por falta de avances en la investigación, por lo que ese organismo, en conjunto con la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, formularon un acuerdo para que el reportero ampliara sus declaraciones ante la Fiscalía General del Estado, lo que nunca se llevó a cabo.
Asimismo, al anunciar en un boletín el inicio de la indagatoria por el homicidio de Celestino Vázquez, la FGE señaló que también investigará “por qué no se daba cumplimiento a las medidas de protección dictadas a favor de la víctima y su familia, las cuales se encontraban vigentes”, y que incluían la asignación de elementos policiacos para realizar rondines de protección y vigilancia.
Esto fue rechazado por la Secretaría de Seguridad Pública, que también a través de un comunicado sostuvo que “las medidas de protección en favor del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez fueron implementadas en tiempo y forma, de acuerdo con los requerimientos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión”.
Concediendo que sí se hayan ordenado y aplicado dichas medidas de protección y vigilancia, éstas resultaron insuficientes, inoperantes y estériles. Nada impidió que la noche del pasado viernes, Celestino Ruiz Vázquez fuera balaceado a mansalva, con todo y los antecedentes de violencia de ese mismo tipo hacia su domicilio particular.
La reacción del gobernador Cuitláhuac García ante este crimen lo define: “el periodista había denunciado corrupción en el municipio de Actopan, con una crítica muy fuerte hacía el alcalde, yo creo que ya eso corresponde al fiscal. (…) Estamos en un operativo coordinado con Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal y como lo hicimos en Minatitlán, a pesar de lo que haga la Fiscalía, vamos a atrapar a los culpables”, dijo el sábado en Orizaba, al tiempo de asegurar que el crimen no “daña” a su administración.
Para el gobernador, lo importante era, es, continuar con su enfrentamiento con la Fiscalía General del Estado, no el inicio de la cuenta de periodistas asesinados durante su periodo como titular del Ejecutivo estatal. Idea que reforzó este domingo al responder, con desdén, que “no podemos ponerle un policía a cada periodista”.
Casi tan patético como Javier Duarte “solidarizándose” con los familiares de Nadia Vera y Rubén Espinosa. De asco.
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