El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Cuando el hombre decidió dejar un ser nómada para formar comunidades sedentarias, idearon rudimentarias normas de convivencia relativamente pacíficas que posibilitaron el desarrollo de las primeras sociedades. La necesidad de respetar la vida y el patrimonio de los semejantes inspiró la creación de un pionero cuerpo escrito de leyes vindicativo que procuraba justicia, el Código de Hammurabi, donde se estableció la Ley del Talión que reclamaba la reparación del daño de manera proporcional a lo causado: “ojo por ojo, diente por diente”; incluso el derecho bíblico aceptaba la idea de hacerse justicia de propio mano hasta que Jesucristo la abolió con sus parábolas sobre el perdón y la justicia.
Con el surgimiento del pacto social y la noción del estado-nación, se constituye el verdadero Estado de Derecho y los ciudadanos renunciaron a su derecho natural para aceptar la reglamentación de la vida en sociedad, donde se respeta el patrimonio de los conciudadanos y cualquier controversia se dirime ante un aparato de justicia. Se renuncia a la justicia por propia mano. Ese instrumento de aplicación de la ley no solo era para sancionar a particulares, sino frenar los abusos del poder público. En otras colaboraciones hemos hecho referencia a la frase “todavía hay jueces en Berlín”, ejemplo de que el Estado debe amparar al gobernado de los excesos de los gobernantes.
Este periplo viene a colación porque en días pasados se conoció la noticia de que una señora de nombre Carlota encaró a unos invasores para reclamar su propiedad y ante la negativa del desalojo los mató con un arma de fuego. Lejos de registrarse una condena social que rechazara el regreso de la Ley del Talión -Naranjo caricaturizó a la hipócrita sociedad que se sorprendía con el asesinato de dos ancianos a manos de su nieto con la frase “el horroroso crimen que horrorizó a la sociedad”-, surgió el ingenio del mexicano en infinidad de nemes y chistes que exaltaban la acción justiciera de una criminal que nunca encontró la procuración de justicia ni la tutela del Estado de su patrimonio. Ello no justifica la acción vengadora de la anciana.
Ello demuestra que hay una crisis de valores que quebranta el pacto social y resquebraja el Estado de Derecho en México. Y cómo no relajar el comportamiento ético, moral y legal del ciudadano, si el proyecto político de los gobiernos de la 4T consiguió el derrocamiento de la democracia, la abolición de la división de poderes, la supresión de la imparcialidad e independencia judicial y utiliza el aparato de procuración de justicia como instrumento de extorsión o venganza política.
Más aún, cómo reclamar al ciudadano que actúe en la legalidad si los mismísimos titulares del poder Ejecutivo se ufanan en proclamar “a mí no me vengan con que la ley es la ley”. Otro ejemplo que alienta la desobediencia social es la prepotente declaración del otrora Peñista gobernador de Puebla, quien exige a un grupo inmobiliario local la donación de dos hectáreas de su propiedad para la construcción de viviendas para policías so pena de que una negativa provocará la expropiación de cuarenta mil metros de terreno.
Estos regímenes han provocado una nueva normalidad. Amén del evento de doña Carlota, en los últimos años, ante la ineficiencia de los cuerpos policiales, del burocratismo y corrupción del ministerio público y la tardanza en las acciones judiciales, regresa la Ley del Oeste o la justicia de propia mano como ocurrió en Ixtapaluca, EDOMEX, donde un sujeto, ante la falta de pago de una deuda, mató al deudor.
O la retención y casi linchamiento de un candidato a edil en Chiapas, donde los pobladores exigieron 300 mil pesos para liberarlo. Práctica común se ha vuelto el linchamiento de personas, inocentes o culpables, a mano de pobladores. Fuenteovejuna comprueba el reclamo popular de millones de mexicanos que saben que con estos gobiernos nunca habrá justicia, pero también están ciertos de que el irresponsable e ilegal actuar ciudadano quedará impune. No legitimemos un nuevo código babilónico.
