Claudia Rodríguez
Los gobiernos locales no son de palo
En el 2017, el expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo que reconocer frente a los elevados índices de criminalidad, en específico en algunas entidades del país, que irremediablemente la violencia había regresado como en años anteriores.
Ante la violencia insaciable en el territorio nacional y el desafío del Gobierno federal para bajar los índices delictivos, Peña Nieto acotó que la responsabilidad era sí, del Gobierno federal, pero sin duda, también existía un peso específico del compromiso para generar un ambiente de seguridad en el país, de los gobernantes de cada entidad, e incluso de los alcaldes de cada municipio.
Muy cierto. La estrategia en contra de la delincuencia organizada en los últimos sexenios, la ha marcado y apoyado con recursos humanos, técnicos y económicos, el Gobierno de la Federación, pero sin duda tienen la tarea de orden mayúsculo, cada uno de quienes se encuentran al frente de una unidad territorial a administrar.
Gobernadores practican la omisión en seguridad
En el actual sexenio, se hacen señalamientos a diario de los hechos atroces que suceden en cada una de las entidades del país, como si fuera trabajo exclusivo del presidente Andrés Manuel López Obrador contener la ola criminal y sanguinaria que enluta a la sociedad día a día, y se olvida casi de manera generalizada, el encargo que se tiene en cada una de las 32 unidades geográficas que conforman la Federación.
El trabajo conjunto entre la Administración Pública y los distintos gobiernos es casi imposible; unos se distancian porque simplemente se advierten como adversarios de partido político o contrarios en ideologías, y otros de plano, se declaran incompetentes y piden el total auxilio de orden federal.
Gobernar en un tweet
Tras la masacre perpetrada en contra de niños y mujeres de la familia LeBarón en Chihuahua y los relatos de cómo el crimen sucedió, al primero que la sociedad señaló su incompetencia, fue a López Obrador; pero de Javier Corral Jurado, el gobernador chihuahuense, apenas se acordaron algunos que también tiene la obligación de proporcionar a sus gobernados, antes que nada, seguridad, y ha fallado y falló en debilitar a los grupos delincuenciales. Casi lo mismo sucedió, con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, luego del operativo fallido en Culiacán en contra de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”; los reclamos directamente fueron endosados a nivel federal.
Se sabe ya que luego de 10 horas de la tragedia que cubrió a los LeBarón en el mismo Chihuahua, Corral se pronunció al respecto y nada más y nada menos, no podía ser por otra vía, sino por las redes sociales.
Así, desde la comodidad de una oficina de prensa, se escribió el breve mensaje como si el mismo gobernador de Chihuahua lo tecleara: “Lamentamos y condenamos la tragedia de la Familia LeBarón, en la masacre ocurrida ayer; enviamos a sus familiares nuestras condolencias…”, apareció en la cuenta de Twitter de Corral, y a muchos les quedó la idea, de que ese mísero tweet, fue el acto fingido de preocupación del gobernador Corral, ante la extrema violencia sufrida.
Ya después se habló de que se iniciarían las investigaciones, pero ni López Obrador, ni el propio Corral, le dieron la importancia de manera pública, al evento sangriento que tienen impactados a los mexicanos, por la saña en que se agredió hasta a niños y mujeres; cuando con anterioridad el código criminal, no permitía tocar a inocentes.
Las cosas no están como antes, se encuentran exponencialmente mal.
Acta Divina…Se colaborará para dar con responsables del ataque a familia LeBarón: Corral Jurado.
Para advertir… Querían protección, no lamentos.
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