Primer acto verdaderamente político del naciente gobierno del señor Enrique Peña Nieto, el del Pacto por México, resultó al mismo tiempo refrescante y, claro, contrastante. A diferencia de su antecesor Felipe Calderón, Peña puede presumir la capacidad de diálogo y negociación con un amplio espectro político y con agentes sociales, mientras que el michoacano se encerró en su grupito y ni siquiera intentó abrir las puertas de Los Pinos a quienes no pensaran exactamente como él quería que todos pensaran.
Un símbolo y un comienzo. Un símbolo con el que pretende destrabar la falta de entendimiento que, desde 1997, ha imperado entre todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso federal, que desde entonces perdió su original denominación de Congreso “de la Unión”. Más desunidos no han podido estar nuestros representantes populares.
Los resultados electorales de los comicios de julio produjeron que no hubiese una nueva mayoría absoluta y, con ella, la política de confrontación. Pero esos resultados, también, mostraron que la alternancia de partidos en el gobierno es posible, pero que por suerte no necesariamente conlleva giros drásticos de políticas públicas, las cuales siempre generan bipolarización social.
Nos ahorramos así el penoso espectáculo –típico de democracias aún más rudimentarias que la nuestra– de ver cómo un nuevo gobierno dedica una parte de su precioso tiempo a cancelar el trabajo de su predecesor y a sustituirlo por alternativas radicalmente opuestas.
Un comienzo también, toda vez que se trata de una suerte de agenda legislativa que paulatina y, esperamos, sostenidamente habrá de concretarse en iniciativas, primero, y leyes más adelante.
Refresca al ambiente la firma de este Pacto, pues de otra suerte seguiremos encarrilados hacia el mayor de los riesgos que una Nación puede enfrentar: el del agravamiento de nuestra polarización –siempre alentada por las fallidas administraciones panistas– y la irreversible fractura de la sociedad mexicana.
Tal, entonces, continuaría siendo un horizonte plagado de incertidumbres y riesgos. En el plano económico, la inestabilidad añadiría nuevas turbulencias y dificultades de financiamiento que se trasladarían al comercio y a las empresas, cuando menos en el corto plazo. Un gobierno arruinado carecería del margen de maniobra necesario para vertebrar las instituciones y políticas necesarias en una etapa que demanda desarrollo, crecimiento cuando menos. La mejora del espacio fiscal que seguiría a la se quedaría muy corta para satisfacer las expectativas sociales disparadas por los compromisos de campaña del ahora Presidente. El peso y la presencia internacional del país seguirían cuestionados durante un período de duración imprevisible. Los sufrimientos que todo ello trasladaría a una ciudadanía muy castigada ya por las crisis de las que somos presas hace ya más de 36 años amenazarían con transformar en poco tiempo las ilusiones iniciales en desánimo y antipatía.
EN PODER DE LAS CÁMARAS
Más que ejecutivas, el casi centenar de propuestas contenidas en el Pacto por México son casi todas legislativas. En la negociación en las Cámaras de Diputados y de Senadores está cifrado el éxito o el fracaso del instrumento firmado el domingo anterior por el nuevo Presidente y por los dirigentes formales del PRI, el PAN y el PRD.
Enorme tarea, entonces, la que se echan a cuestas los coordinadores parlamentarios, muy en especial el priísta sonorense Manlio Fabio Beltrones –ya se habrán dado cuenta en Los Pinos que con el rollero Emilio Gamboa, nada más no cuentan–, quienes tienen frente a sí el reto de hacer que el país escape de su corsé cortoplacista, para ver más allá y obtener políticas públicas de largo alcance.
Volvernos, pues, a la hora del consenso. El Congreso puede volver a ser escenario político principal y no un mero reproductor de cintas, grabadas previamente en las sedes de los partidos, en Gobernación o en Los Pinos. Con ventaja con respecto a la transición, las instituciones son ahora mucho más sólidas, tienden a impedir las negociaciones ocultas y los pactos secretos y su propio funcionamiento reclama luz, estenógrafos y responsabilidad de los diputados y senadores ante el público.
Índice Flamígero: Tomás Yarrington va por su reivindicación pública. El ex gobernador de Tamaulipas, comenzó una serie de acciones legales contra la ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez. Su propósito es demostrar que la persecución en su contra fue política y sin sustento.
