A la memoria de un hombre bueno que no debió morir así.
Descansa en paz, Pablo F. Marentes Martínez
En México siempre ha sido más importante saber qué pasa en la cotidiana juerga del sistema financiero nacional, en los hurtos del circulante monetario, en los orígenes de las masacres, que perseguir aparentemente todas las actividades del trasiego, órganos humanos, armas, partes y refacciones.
Es que primero es lo primero, decían los clásicos. Pero a los de Atracomulco les ha interesado más alivianar a la población ocultando a los marinos que la ametrallan desde helicópteros artillados, como pasó en Tepic y en Nuevo Laredo, encubrir la impunidad, justificar cómo se doblan ante los gringos en la guerra mendaz contra las drogas.
El discursito está al revés. Como su mismo mundo, como sus buenas conciencias, como sus repletos bolsillos y el límite de su descaro. Siempre ha sido más urgente combatir el grave problema de la inmunidad, más grave que la corrupción, y luego construir todo lo demás, so pena de caer en las garras de la mafiocracia.
Nadie se explica cómo puede funcionar el nuevo sistema penal
Los sistemas de seguridad y justicia están rebasados por la terca realidad. Porque el cambio debe empezar por reformar los hábitos, antes de modificar las leyes al gusto, pues la corrupción ya está en la cima de los poderes. Y así, francamente, no se puede. El reto para imponer seguridad y justicia está dentro del mismo aparato.
¿Quién se avienta a lanzar la primera piedra contra los intocables, si los mandamases son los mandarines del sistemita? ¿Quién se avienta a enjaular al jefe Videgaray, a su pupilo Peña Nieto, a Lozoya, a Rosario, a Ruiz Esparza, quienes son los miembros de las comisiones subastadoras de hidrocarburos y concesionistas de las obras faraónicas, si ya han sido exonerados por los comentócratas y falsarios de la prensa infame?
Por más ideas y ocurrencias que desplieguen, ya nadie les cree. Han colmado el vaso. La inutilidad de todo es evidente, mientras no se combata lo que está en la pata de la macolla de toda la putrefacción. Así nos hablen hasta el cansancio de un proceso penal acusatorio, que nadie se explica cómo puede funcionar.
Oralidad en temas civiles, mercantiles, administrativos y amparo
Un sistema penal “acusatorio”, nunca peor concepto para los procesos, no puede ser producto de la copia, igual que los sistemas de contralorías, auditorías y parafernalias anticorrupción, dictados desde el Norte, copiados a pie juntillas. Las mentalidades del respetable son diferentes, simple y llanamente. La gente quiere justicia a secas.
Debería llamarse mejor sistema penal del enemigo, porque está diseñado para encubrir a los poderosos y declarar culpables a todos los que no tengan los recursos monetarios para brincarlo. Los sistemas de oralidad son improcedentes en México, para aplicar justicia en cualquier legislación vigente.
Esos mismos sistemas de oralidad que ahora quieren instrumentar, copiando a los gringos, en los temas civiles, mercantiles, administrativos y hasta de amparo para no preservar las garantías individuales. Todo un fiasco. Un verdadero engaño para ocultar sus verdaderas intenciones, sus objetivos centrales.
Ya no hay culpables, sino inocentes que deben acabar en la cárcel
¿Por qué no dicen mejor que también se los dictaron desde Estados Unidos, para que los pobres mercachifles y procónsules de sus empresas que operan a placer en México tengan más facilidades para defenderse del ludibrio y el coraje público? Para que se sientan explotando a mansalva, pero con el confort de sus casas.
No fue suficiente entregarles el modo de producción, las entrañas petroleras, el manejo financiero, las industrias estratégicas, los medios de comunicación, los recursos naturales, los gigantescos intereses de una deuda externa que ya ahoga el producto nacional bruto, el mercado interno a su servicio. Ahora se les entrega la justicia misma.
Toda la justicia, a través de los códigos y procedimientos para procurarla e impartirla. Ya no habrá culpables, sino recuas interminables de inocentes que, por serlo, deben acabar en la cárcel, faltaba más. Los principios volteados al revés volteado. La ley en manos del culpable.
Laberinto de la indefensión, los vericuetos de la división de poderes
Nadie puede enjuiciar a los culpables, porque en México la impunidad es la reina de las pruebas, y los mandarines, sus profetas. Así, el delito de los que todos somos culpables es el de ser inocentes, por eso los inocentes deben ir a la cárcel.
Porque eso y no otra cosa es el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, para colmo, copiado a cabalidad en todas las legislaciones estatales. El sistema penal acusatorio, el que descansa en que la decisión de un Ministerio Público cuando no quiere ejercitar la acción penal sólo puede ser recurrible ante un juez.
Esto quiere decir que una decisión que se toma en el ámbito de la procuración, es decir del Poder Ejecutivo federal o estatal, debe reclamarse ante un juez, de otro poder, del Judicial. Y entramos a los vericuetos de la imposible separación de poderes, al laberinto de la indefensión.
Ya todos pueden asaltar, despojar, secuestrar y matar tranquilos
En la práctica, el juez se excusa, omite cualquier definición positiva para el reclamante que pide justicia, porque ni modo de ponerse al brinco ante un Procurador. Estaría vencido de antemano. Máxime, cuando en el sistema penal acusatorio no existe la suspensión del acto reclamado. Absolutamente anticonstitucional.
Esto es un galimatías, el fraude perfecto a la ley. La abjuración del Estado de Derecho. No puede ser que se deje al arbitrio de barandilla, al criterio de un tinterillo a cargo del Ministerio Público, la aplicación de procurar justicia para los ofendidos, de inmediato. A la hora de excusarse de la ejecución de una investigación penal están poniendo en entredicho la eficacia de la ley, que debe ser pronta y expedita.
Todos pueden asaltar, despojar, secuestrar y robar tranquilos, como en su casa, pues dependerá del tamaño del bolsillo o de las influencias del agresor, que las voluntades del MP o del Procurador estatal se agachen ante el poderoso.
Y mientras son peras o manzanas, el acto reclamado, llámese robo, asalto, secuestro o madriza permanente, no son posibles de ser paralizados mediante la suspensión del acto mismo. Mientras no se le hinchen al juez de turno declararlos procedentes de ser investigados. ¡Hágame usted el refabrón cavor!
José Alberto Sánchez Nava obtuvo la perla de que el juez de turno
Según la parafernalia del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente y calcado a la letra en todo el país, así como se oye, no existe la suspensión del acto que reclama el ametrallado, secuestrado, robado, y ejecutado ciudadano. Tendrá que ser muy chucha cuerera para probar la procedencia del reclamo, o si los ampulosos abogados lo determinan, “agotar el principio de definitividad del proceso” anterior para poder pedir amparo.
Afortunadamente hay golondrinas que hacen verano. El jurista José Alberto Sánchez Nava obtuvo la perla de que el juez de turno declarara, en términos de justicia pura, que para la procedencia de un amparo no es necesario que se demuestre haber agotado el principio de definitividad, ni la existencia del principio inalterable de la suspensión del acto reclamado, que debe operar de inmediato. Un auténtico machetazo a caballo de espadas.
Este no es un logro menor. Significa, para todos los casos, que cuando el nefasto Código Nacional de Procedimientos Penales no registra mecanismo alguno, la suspensión del acto reclamado debe operar en los mismos términos que los de la Ley de Amparo, sin agotar actos previos como ése del agotamiento del principio de definitividad, una pamplina para evitar la procuración de la justicia.
Es posible apelar a la ley para congelar los efectos del acto reclamado
Hay una luz al final del túnel. En estos momentos de frivolidad, rapiña y abandono, es posible apelar a la ley para congelar los efectos del acto reclamado. Si la Nación lo hiciera y los ciudadanos ejercitaran esta medida, podríamos empezar a ser otros.
¡Justicia! ¡A la cárcel los verdaderos culpables!
¿No cree usted?
Índice Flamígero: El asesinato a mansalva de Pablo F. Marentes Martínez no es, no debe ser uno más de los que a diario se cometen por decenas en todo el país. Los culpables deben ser llevados a juicio y condenados por haber segado la vida de un hombre bueno, quien tocaba el corazón de todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo y tratarlo. En lo personal, su súbita muerte me duele, pero más me enoja. Mi abrazo a Pablo y a Malú, sus padres. Mi solidaridad permanente para Karla y Nadia, su esposa e hijita. ¡Ya no podemos vivir en un país así! ¡O lo componen los políticos o también ellos comenzarán a ser víctimas de sus omisiones, componendas, ineficiencias y complicidades!
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