Ricardo Del Muro / Austral
El valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realizó la población de 12 años y más fue de 8 billones de pesos en 2024, equivalentes al 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, las mujeres contribuyeron con 72.6% y los hombres con 27.4 %, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su último reporte de la Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado de los Hogares de México.
Aunque el trabajo no remunerado —principalmente el doméstico y de cuidados realizado dentro del hogar— representa uno de los pilares invisibles de la economía nacional, su reconocimiento legal continúa detenido en el Congreso. Las iniciativas más avanzadas no buscan convertir estas actividades en una relación laboral con salario, sino crear un marco de derechos y servicios públicos que permitan distribuir las tareas de cuidado de manera más equitativa.
El paso legislativo más significativo ocurrió el 14 de marzo de 2023, cuando el Senado de la República aprobó con 92 votos a favor la reforma al artículo 4º constitucional. La modificación reconoce el derecho al cuidado digno y establece la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad, además de sentar las bases para la creación del Sistema Nacional de Cuidados.
La iniciativa fue impulsada por legisladoras de distintas bancadas, entre ellas Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano), Martha Lucía Micher y Citlalli Hernández (Morena), así como Verónica Delgadillo (MC). Sin embargo, la reforma permanece pendiente en la Cámara de Diputados, donde desde 2023 no ha sido sometida a votación en el pleno.
En pocas palabras, es una de las principales asignaturas pendientes de los grupos feministas en México, ya que las mujeres representan el sector mayoritario de la población (53.9%) que realiza trabajo no remunerado y aportaron al bienestar de su hogar el equivalente a 82 mil 339 pesos anuales, lo que significa 2.7 veces más valor económico que las labores domésticas y de cuidados que desempeñaron los hombres.
Al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario) las mujeres dedican 39.7 semanales en promedio, el doble que los hombres, quienes a estos trabajos dedican 18.2 horas, por lo que la brecha es de 21.5 horas.
Tan sólo al trabajo doméstico las mujeres dedican en promedio 28.2 horas semanales y ellos 11.5; al trabajo de cuidados, ellas dedican 13.6 horas y ellos 8.7, en tanto que al trabajo voluntario ellas dedican 8 horas semanales y ellos 5.5; al trabajo comunitario ellos dedican 3.7 horas semanales y ellas 2.6 horas. Al trabajo para el mercado o remunerado, las mujeres dedican 9 horas menos, 42.2 horas semanales, en tanto que los hombres dedican 51.3 horas semanales.
Las brechas de género en el trabajo presentan grandes diferencias en las entidades federativas. En Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Durango y Sinaloa las mujeres dedican en promedio 24 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado; en la Ciudad de México y Baja California la brecha de género es la menor con 15 horas en promedio, la segunda posición la tienen Chihuahua, Yucatán y Quintana Roo, lugares donde las mujeres dedican 18 horas más al trabajo no remunerado que sus contrapartes masculinas.
Mientras tanto, el diseño operativo de un sistema para regular o lograr una mayor equidad en el trabajo no remunerado avanza a paso lento. El 23 y 24 de abril de 2024, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron en dictamen la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, que propone la creación de servicios públicos como estancias infantiles, centros de día y programas de apoyo para personas dependientes, además de mecanismos de certificación y descanso para cuidadoras. La propuesta fue respaldada por legisladoras como Olga Sánchez Cordero (Morena) y organizaciones de la sociedad civil como la Red Nacional de Cuidados y ONU Mujeres México.
A pesar de ello, el dictamen no ha pasado al pleno del Senado, por lo que el país sigue sin un marco legal integral. México tampoco cuenta con una Ley General del Voluntariado, pese a intentos legislativos en 2003, 2018 y 2021, ninguno de los cuales prosperó. Solo existen normas locales, como la Ley del Voluntariado de la Ciudad de México, vigente desde 2018.
Las iniciativas actuales se concentran en el reconocimiento social y en la construcción de políticas públicas, no en transformar el trabajo no remunerado en una relación laboral formal. No existe, hasta ahora, ninguna propuesta para otorgar salario, seguridad social o derechos laborales a quienes realizan cuidados dentro del hogar sin retribución, una labor que según estimaciones oficiales representa alrededor de una quinta parte del producto interno bruto ampliado.
El futuro del debate dependerá de la reactivación del proceso legislativo en la Cámara de Diputados y de la capacidad del próximo periodo ordinario para retomar una agenda que busca visibilizar una actividad históricamente relegada de la legislación laboral mexicana. RDM
