El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Desde tiempos inmemorables, el ministerio público, lejos de ser una verdadera Representación Social, se ha convertido en instrumento del poder para reprimir la disidencia, castigar la desobediencia, mantener la disciplina política, intimidar a los oponentes y pender, como espada de Damocles, la eterna amenaza del brazo punitivo de la Justicia sobre la cabeza de todo aquel que pretenda contravenir el poder presidencial omnímodo.
Creada la figura del ministerio público como una agencia gubernamental para castigar los delitos del fuero común y federal, las procuradurías dejaron de ser representantes sociales por su dependencia directa del Ejecutivo Federal y de los gobernadores en turno. La justicia dejó de ser pronta y expedita y se convirtió en un mecanismo de venganza política y de control social al servicio de líderes nacionales o locales, grupos de poder y de los partidos en el gobierno. Lo hicieron priistas, panistas y perredistas, pero quien más ha distorsionado la función de los procuradores de justicia son las administraciones de la 4T.
Si bien los presidentes y mandatarios estatales en turno hicieron uso político y faccioso de la justicia, no se había pervertido tanto como en los tiempos actuales. Antaño, el brazo ejecutor de las instrucciones gubernamentales mantenía cierto decoro y respeto por las leyes, normas y reglamentos, se revestía de legalidad la venganza política.
Los abusos hicieron urgente el cambio del sistema penal para pasar de las averiguaciones previas y los juicios escritos a las carpetas de investigación y los juicios orales, pero nunca cambiaron la docilidad de los ministerios públicos ni la dependencia o subordinación hacia el Poder Ejecutivo. La creación de las fiscalías prometía la autonomía e independencia de los fiscales y se avizoraba una verdadera representación social, incluso con periodos de gestión transexenales para garantizar la imparcialidad de los servidores públicos.
Pero en la práctica las cosas empeoraron, porque la designación de los fiscales sigue bajo la férula de los Ejecutivos, sobre todo donde controlan a los Congresos. Por lo que han proliferado los fiscales “carnales” o a modo, lo que asegura la impunidad de quien los designó. Cuando el representante social es incómodo, como en Morelos o Guanajuato, se buscan mecanismos legaloides para encarcelarlos, cesarlos o inhabilitarlos.
Los mandatarios requieren de no ser investigados al concluir sus cargos, por eso la urgencia de controlar las fiscalías. Decía un viejo chiste que cuando a un gobernador le preguntaron qué debían reparar si las escuelas o el reclusorio, se inclinó por el segundo, con el argumento de que no era probable que regresara a la escuela, pero a la cárcel quién sabe.
Caso curioso es el de la CDMX. Al inicio de la administración de la 4T se buscó imponer no a una excelente abogada especialista en derecho penal, sino a una incondicional que aceptara el papel de empleada del inquilino de Palacio Nacional y cumpliera al pie de la letra las instrucciones de la entonces jefa de Gobierno. A pesar de que su filiación partidista le impedía ocupar el cargo, al grito de “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, se modificó esta para que pudiera despachar la fiscal “carnal”.
Desde su arribo se retorció la función de la Representación Social para cumplir con los caprichos y venganzas personales de sus jefes políticos. Ante su buen desempeño, a pesar de las sospechas sobre el espionaje de actores políticos y el presunto plagio de su tesis, se le quiso premiar con otro periodo al frente de la dependencia, con lo que los de la 4T podrían obtener impunidad al término de sus gestiones.
Ante la fallida intentona, los voceros oficiosos defienden a la “impoluta” ex fiscal “carnal” y proclamaron a los cuatro vientos que era una venganza de la oposición porque exhibió la corrupción de los panistas y sus negocios inmobiliarios.
Es preocupante que las fiscalías se conviertan en testaferros de los detentadores del poder y se use a la Justicia para someter a los enemigos políticos. Nunca estuvo tan manoseada la diosa de la Justicia -Themis-, como en los tiempos de la 4T.
