José Alberto Sánchez Nava
1.- En México, los padres de familia tienen el derecho constitucional en el ámbito de la educación pública, de vigilar y en su caso, aprobar de forma conjunta con maestros y especialistas en la materia, el contenido del material escolar que reciben sus hijos por parte del Estado; Es por ello, que se encuentran legitimados para interponer los amparos que ordenaron la suspensión de la distribución de los libros de texto en varios estados del País, porque en su elaboración las autoridades no cumplieron con el derecho de consulta y análisis previo de los programas educativos de forma coordinada entre padres de familia, los maestros y especialistas en la materia, para su aprobación, conforme a los ordenamientos que rigen la educación pública en México.
2.- Independientemente de lo establecido en la Ley General de Educación para la conformación de planes de estudio y la elaboración de los libros de texto, a los padres les asiste el derecho para oponerse al abuso del poder del Estado, como consecuencia de la actividad administrativa irregular en el desempeño de sus funciones en materia educativa, porque se pueden dañar derechos sustanciales de los estudiantes en México al socavar la educación imparcial y científica; Es por ello, que los padres de familia que se sumen durante la apertura de clases para oponerse a la distribución del contenido apócrifo de los libros de texto de educación primaria y secundaria, mediante el juicio de amparo en contra del primer acto de ejecución de cada uno de los estados en el País, que pretendan coaccionar a los niños para utilizar libros de texto erróneos y sesgados en su contenido, con lo que se ocasionaría un daño irreparable al interés superior del menor, en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
3.- La suspensión de la distribución de los libros es inminente, porque el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador en colusión de las titulares de la Secretaria de Educación Pública, así como del titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), han causado un daño enorme al erario de la Nación, al imprimir libros de texto apócrifos en perjuicio de los estudiantes respecto del interés superior de menor, ya que la ley de la materia que protege los derechos de Niñas Niños y Adolescentes, se sustenta en el artículo primero constitucional, así como de los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos de los menores en México, la cual a su vez establece, que las autoridades tienen la obligación de Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Ello obviamente con la representación de los padres de familia.
4.-Al violentar el derecho de consulta previa a los padres de familia respecto de los planes de estudio y elaboración de los libros de texto emitidos por el estado, se vulneró la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prescribe que: “El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.” Además se prescribe: “Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.” Así mismo es obligación de los tres órdenes de gobierno: “Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia”
5.- En ese orden de ideas, si el estado vulnera el derecho superior de los menores al manipular el contenido de los libros de texto en contra de la aprobación de los padres de familia, entonces se reafirma que la intención del gobierno de adoctrinar a los niños con aspectos políticos y desatender la ciencia en un proyecto denominado “Cuarta Transformación.” Lo cual atenta en contra del interés superior del menor en términos de nuestra Constitución Mexicana y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y cuyo abuso del poder, puede dañar a los educandos en México y socavar la educación imparcial y científica.
6.- Es por ello que la cuestión debatida ante los Juzgados de Distrito, ni siquiera se avocan al contenido de los libros expuestos por las asociaciones de padres de familia, pues lo que se ha detectado en primera instancia fue la irregularidad procesal de violar el derecho de audiencia y consulta previa de los padres de familia, para conocer tanto los anteproyectos de planes de estudio así como de los anteproyectos de los libros de texto, los cuales los mismos padres de familia han detectado que los libros indebidamente impresos y que el estado a la fuerza pretende distribuir en todo el país, tienen un sesgo ideológico, aberraciones de contenido, manipulación política etc., por lo que esto sugiere, que el gobierno actual podría estar utilizando la elaboración de libros de texto como una herramienta para promover su propia agenda política y adoctrinar a los niños desde una edad temprana.
7.- Es por ello, que efectivamente el derecho de audiencia y consulta previa de los padres de familia, es para evitar con los especialistas en la materia educativa, verifiquen que en los libros no hagan énfasis en aspectos políticos que incidan en la ciencia y la educación imparcial, lo cual puede tener graves consecuencias. Desatender la ciencia y sesgar el contenido educativo en función de una ideología puede llevar a una comprensión distorsionada de la realidad y socavar el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes. El abuso del poder para promover un proyecto político a través de los libros de texto podría resultar en la formación de ciudadanos sesgados y desinformados. Los estudiantes podrían ser privados de una educación equitativa y objetiva, lo que a la larga afectaría su capacidad para tomar decisiones informadas y participar en una sociedad democrática.
8.- La elaboración de libros de texto en México debe ser un proceso imparcial y basado en la evidencia, que garantice que los educandos tengan acceso a una educación de calidad y objetiva. Por ello, ningún juez de distrito va a permitir al Estado el uso de su poder para manipular el contenido de los libros con fines políticos ajenos a la educación con contenido sesgado y científicamente erróneo, lo cual incide en una clara aberración en términos del sistema educativo mexicano. Por esa razón, es fundamental preservar la integridad de la educación y asegurar que los libros de texto reflejen de manera imparcial los conocimientos científicos y sociales relevantes para formar ciudadanos críticos y responsables. Solo a través de una educación objetiva y equitativa, México podrá avanzar hacia un futuro próspero y justo para todos sus ciudadanos.
