Por José Alberto Sánchez Nava
“Una democracia sin contrapesos es solo una simulación. Y un gobierno que mide la pobreza desde el poder, terminará ocultándola para encubrir su fracaso.”
- Introducción: La pobreza como construcción política
La reciente decisión del Congreso de extinguir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no es un simple reordenamiento administrativo: es una grave regresión constitucional. Bajo la apariencia de eficiencia y simplificación, se elimina un órgano autónomo cuya función era justamente evitar que el poder político manipulara los datos de pobreza a conveniencia.
La medición de la pobreza no es neutral. Es una herramienta política que condiciona el diseño de programas sociales, la asignación presupuestal y, sobre todo, la evaluación pública de la gestión de un gobierno. El CONEVAL fue una conquista ciudadana en la evolución del Estado democrático de derecho y su desaparición implica un paso atrás en el constitucionalismo social y en los principios de transparencia y rendición de cuentas.
- Fundamento constitucional de los órganos autónomos
El artículo 1º de la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta garantía se articula no solo a través de leyes o políticas públicas, sino mediante estructuras institucionales que funcionen como contrapesos reales al poder ejecutivo.
El surgimiento de órganos constitucionales autónomos como el CONEVAL responde a la necesidad de preservar funciones técnicas y de interés público alejadas de la subordinación política. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en múltiples tesis y criterios, como en la acción de inconstitucionalidad 29/2006, donde sostuvo que los órganos autónomos son “garantes del equilibrio institucional y de la democracia sustantiva”.
El CONEVAL no solo generaba datos, sino que evaluaba el impacto real de los programas de desarrollo social, obligando al Estado a corregir, mejorar y justificar su política. Eliminarlo implica desdibujar el principio constitucional de progresividad de los derechos sociales, violando lo dispuesto en el artículo 4º y el principio de no regresividad contenido en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
III. Riesgos jurídicos y políticos de la transferencia al INEGI
El INEGI, aunque también órgano autónomo, tiene funciones eminentemente estadísticas. No fue diseñado para evaluar políticas públicas ni para emitir juicios técnicos vinculantes sobre la efectividad de los programas sociales. Más aún, el riesgo mayor radica en la centralización de funciones clave bajo el control del Ejecutivo o de instituciones con menor capacidad de contrapeso efectivo.
En la práctica, el traslado de funciones permite que los criterios metodológicos de medición de la pobreza queden al arbitrio de decisiones administrativas o incluso políticas, sin un ente especializado que garantice su integridad técnica e independencia crítica.
Esto abre la puerta a una manipulación burda pero efectiva: cambiar la forma en que se mide la pobreza para ocultarla, o para justificar electoralmente una supuesta disminución que no se refleja en la realidad. Así, la pobreza deja de ser una condición que exige respuesta institucional y se convierte en un dato moldeable al discurso presidencial.
- La democracia en retroceso: del Estado social al Estado instrumental
La desaparición del CONEVAL es solo una pieza más en el andamiaje de desmantelamiento institucional que el actual régimen ha venido implementando: debilitamiento del INAI, acoso a la Suprema Corte, captura de organismos reguladores y ahora, el control sobre las mediciones que evalúan la justicia social.
Esto confirma una tendencia inquietante: el tránsito del Estado de derecho a un Estado de poder, donde las estructuras que antes moderaban y auditaban el ejercicio público ahora son absorbidas o eliminadas. Se trata de una regresión al presidencialismo absoluto, sin responsabilidad ni rendición de cuentas.
El constitucionalismo contemporáneo —como lo han señalado autores como Luigi Ferrajoli o Roberto Gargarella— descansa no solo en la existencia de normas, sino en la garantía efectiva de los derechos mediante estructuras de control interinstitucional. Eliminar esos controles en nombre de la eficiencia equivale a sacrificar la legalidad en favor de la arbitrariedad.
- Conclusión: La estadística no reemplaza la justicia
Cuando se extingue un órgano como el CONEVAL, lo que realmente se extingue es la posibilidad de que la sociedad evalúe de manera objetiva el desempeño del gobierno en materia de combate a la pobreza. Se nos arrebata una herramienta de exigencia democrática y se nos deja con cifras que, por más pulcras que parezcan, ya no tienen el respaldo de una entidad crítica e independiente.
México no necesita menos contrapesos, sino más. No necesita eliminar evaluadores, sino fortalecerlos. Porque sin evaluación no hay mejora, y sin instituciones autónomas no hay democracia.
Hoy la pobreza ya no es prioridad; es un dato incómodo que se quiere maquillar. Y mientras el poder mide a su antojo, los pobres siguen esperando.
