Es de elogiarse aquella regla del Derecho que dice: “el que una vez dado por malo, siempre lo deben de tener por tal, hasta que pruebe lo contrario”. Semel malus semper praesumitur malus.
Desde los inicios de la Cuarta Transformación de la Nación, el Poder Judicial Federal apareció como el más agredido y más afectado, debido a aquellas resoluciones emitidas para poner coto a la forma de violentar los preceptos de nuestra Carga Magna por parte del Primer Magistrado de la República, desde la apertura de esa gobernanza se pretendió someter al poder de la justicia.
Desde aquellos años, pese al genérico comportamiento de muchos afines a Andrés Manuel López Obrador, resultó de magna importancia la contribución a la justicia que efectuó el talento de un núcleo activo de jueces de distrito y magistrados federales. Sin embargo, y no obstante esas decisiones jurisdiccionales, el advenimiento del régimen del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no ha modificado en lo esencial su pretensión de destruir al Poder Judicial Federal.
Esa manera de gobernar, legislar y opinar se ha convertido en el más tenaz enemigo de la justicia, de la dignidad y de la independencia exigible por la Separación de Poderes, por la administración de justicia y por el decoro institucional. Esa forma de mandatar pretende que nuestros señores impartidores de justicia se conviertan en jueces, funcionarios y titulares de un poder sometido y represivo.
Esa es la exigencia directa del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, cuando lo que requiere nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, básicamente, es lo contrario. Nuestra Ley de Leyes estipula una definida independencia de la justicia frente a todos los demás poderes-públicos, así sean éstos los de la narco-política.
Si en esos seis azarosos años de gobierno, se hubiera seguido el pensamiento de Don Ricardo Franco Guzmán: “para regenerar a nuestra República se necesita que los Tres Poderes de la Unión cumplan de manera cabal con el deber que les impone nuestra Constitución”, otra percepción habría de esa forma de gobernar.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, seguirá pugnando para que la realidad de nuestros jueces siga siendo la imagen del tutelador de los derechos y libertades de los mexicanos, que es lo que la Suprema Ley resalta como función imprescindible en una sociedad donde se respete la Democracia.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
