Claudia Rodríguez
La “Estafa Maestra” en la que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto metió el acelerador de la corrupción a fondo, sirviéndose con la cuchara extra grande para desviar dinero público por el orden de los 400 mil millones de pesos de dinero público de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); utilizó las llamadas empresas fantasma o fachada para tal tarea delictiva.
Cualquier contribuyente del orden de persona física o moral, se preguntaría a bote pronto, el cómo crear una empresa y no ser más que receptora de pagos, cuando el órgano hacendario desde hace más de diez años, no deja de tener un ojo no observador, sino hasta intruso en nuestras finanzas.
Por principio para dar de alta cualquier empresa por más pequeña que sea, requiere como mínimo de acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles, una persona física, es decir, un contribuyente cautivo con sus pagos de impuestos al corriente. No cualquier puede dar de alta una empresa, debe pasar el escrutinio de trato delincuencial. La intención de emprender no es suficiente, ni siquiera el justificar los ahorros para tal empresa.
Es por eso que es difícil de entender, sino es con la complicidad de la Administración en turno, de muchos órganos y niveles constitucionales, la creación de empresas fantasma con “la mano en la cintura” y después, la nula fiscalización a las mismas.
Estas empresas se constituyen con la única finalidad de recibir recursos por una sólo ocasión y luego se dejan inactivos los instrumentos bancarios o financieros que fueron detallados. Muchas veces, también se mezcla dinero lícito con actividades ilícitas y se generan después otras empresas de mayor continuidad, en donde se avizora un lavado de dinero efectivo y al amparo de las instituciones de Gobierno y hacendarias.
Para todo lo anterior, se requiere falsificación de documentos y claro, usurpación de identidad que son delitos mercantiles.
A la vez, es ineludible que han acción delictiva en funcionarios públicos y en otros hasta omisión, y la pregunta primera es por qué no hay procesos penales al respecto.
La justicia es diferenciada en nuestro país. Pero aún más penado el que se lucre con dinero público.
Acta Divina… ASF: desvió Rosario Robles $3 mil 855 millones en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano.
Para advertir… ¿No hay forma de ponerle el cascabel al gato?
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