Desde Filomeno Mata 8
Por Mouris Salloum George*
A propósito de Economía criminal, nos queda claro que las buenas conciencias se sublevan cuando colocamos en el mismo rango a los delincuentes de cuello percudido y a los delincuentes de cuello blanco.
Desde esa óptica, sólo debe pedirse hospedaje en los penales de alta seguridad para aquellos a quienes los procuradores de justicia y los jueces catalogan como socios y actores del crimen organizado; sobre todo si vienen de familias campesinas analfabetas.
Aunque a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuradurías General de la Republica les falta zoom para detectar a algunos cleptómanos, no ocurre lo mismo a los fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF de la Cámara de Diputados), que en cada revisión de las Cuentas Publicas del gasto federal y federalizado encuentran las sórdidas y tortuosas rutas por donde los recursos cambian de manos.
Con esos hallazgos, la ASF ha elaborado un nuevo catálogo: Contratos de obra pública y servicios sin licitación pública, pago de facturas falsas a empresas fantasma, subejercicios presupuestales acompañados de simulación de reintegros sólo para mantener activa la capacidad de nuevos endeudamientos, etcétera.
Ahora tenemos una nueva técnica: Conspiración a dos manos para simular operaciones contables a fin de obtener devoluciones de impuestos, lo mismo si se trata del gravado al Valor Agregado o Sobre la Renta.
De acuerdo con inquisiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sólo en 2017, cuando despachaba en Hacienda ya sabes quien, se identificaron 224 mil 772 facturas apócrifas.
El cálculo es que esos papeles ilegales ampararían un billón 400 mil millones de pesos. Se puede correr el lápiz para fijar la equivalencia en porcentaje respecto del Presupuesto de Ingresos de la Federación.
Sobre aquel descomunal monto gravitarían las solicitudes de devolución de impuestos. Mensualmente, se introducen entre 10 y 15 mil solicitudes para obtener esos beneficios. En el caso del Impuesto Sobre la Renta, conforme la declaración anual.
Con independencia del resultado de la acción punitiva del SAT, lo que llama la atención en esas prácticas criminales es la tolvanera que levantan algunos causantes cuando el Servicio coloca nombres de personas físicas y morales en el Buró de Crédito, pues las honras quedan mancilladas.
El Inegi acaba de emitir un reporte sobre el costo de la corrupción en México con base en su última encuesta: Más de 700 mil millones de pesos. Se nos antoja que el Instituto tiene que hacer bien las cuentas. Que el Inegi no vea todo al revés.
Días de guardar, estos, se vale ir al confesionario. A fin que en éste, como en el INAI, se saben blindar los secretos.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
