Empresas vinculadas mediante socios, apoderados y domicilios con Tabasco Capital, identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como una compañía utilizada para facturar combustible obtenido ilícitamente, recibieron más de 150 millones de pesos en contratos del gobierno de Quintana Roo y de municipios de la entidad entre 2023 y 2024.
Las adjudicaciones se realizaron durante la administración de la gobernadora morenista Mara Lezama e incluyeron obras de infraestructura educativa, alumbrado, señalética, parques, canchas y proyectos urbanos. La investigación fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Tres de las empresas relacionadas participaron al mismo tiempo en licitaciones, situación que documentó una posible simulación de competencia.
Uno de esos casos se registró en Tulum, durante el procedimiento para construir el corredor del Malecón de la laguna de Cobá. En la licitación participaron Construservicios ESL, Constructora 112029 y Construindustrial y de Servicios SIMMA, compañías conectadas por personas y domicilios.
Construservicios ESL informó ante el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo que tenía su domicilio en Avenida de la Salvación 791, en Querétaro. La misma dirección apareció en una factura de Constructora 112029 por una obra pública en Chetumal.
SIMMA, la empresa que concentró el mayor monto de contratos entre las compañías relacionadas, registró como domicilio San Martín de Porres 111, en la colonia Carrillo Puerto de Querétaro. Tabasco Capital también reportó esa dirección, correspondiente a un centro logístico de tractocamiones.
Otra conexión se ubica en la calle Senda Eterna 332, de la colonia Milenio III, en Querétaro. SIMMA utilizó ese domicilio en un contrato con Tulum, mientras que Comercializadora Mexqro lo reportó al obtener contratos de los ayuntamientos de Cozumel y Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún.
Documentos mercantiles y oficiales muestran que un socio, apoderado y administrador de Tabasco Capital también participó en Construservicios ESL y AF Instalaciones. Además, personas relacionadas con esas compañías aparecieron en Constructora 112029 y Comercializadora Mexqro.
La FGR identificó a Tabasco Capital como una empresa utilizada para facturar el producto obtenido ilícitamente. La compañía fue asegurada documentalmente durante un cateo realizado el 22 de febrero de 2025 en Querétaro.
La fiscalía también documentó transferencias de Tabasco Capital a Jacobo Reyes León, señalado como uno de los principales operadores de una red de huachicol vinculada con el empresario Raúl Rocha Cantú.
Según la acusación de la FGR, Rocha Cantú habría participado mediante la “inyección de capital” para introducir combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos. La fiscalía señaló además a Daniel Roldán Morales, “Dani”, como responsable del control de empresas factureras utilizadas para dar apariencia de legalidad al combustible de contrabando y como intermediario con Tabasco Capital.
Tabasco Capital fue constituida en 2019 en San Luis Potosí y después cambió su domicilio social a Querétaro. Entre sus primeros socios estuvo Adrián León Ayala, quien también asumió la gerencia de SIMMA en 2019.
En 2024, SIMMA amplió su objeto social para incluir actividades relacionadas con petrolíferos y proyectos de energía renovable.
Reportes de inteligencia militar de 2021 mencionaron a una empresa facturera con un nombre similar, aunque con las palabras invertidas: Capital Tabasco. Según la información citada, esa compañía fue relacionada con operadores dedicados a la extracción, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos.
