* Desesperados los ex gobernadores del PRI, buscan ganar simpatías, criticando supuestos niveles de inseguridad en Hidalgo, ocultando a la población sus rotundos fracasos; en la entidad, Olvera ocultó la presencia de Los Zetas, y en Coahuila, Rubén Moreira y su hermano Humberto, permitieron al grupo criminal arrasar y masacrar pueblos enteros, amén de dejar una deuda pública superior a los 40 mil millones de pesos.
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Tienen razón los priístas de asirse de donde puedan ante su próxima ruina política, aunque en su desesperación, como son los casos de los ex gobernadores, Francisco Olvera y Rubén Moreira, el engancharse del tema de la inseguridad para mendigar a los votantes algunas migajas electorales, es colgarse de una soga que lejos de salvarlos puede terminar ahorcándolos.
En últimos días el ex mandatario hidalguense y el ex gobernador de Coahuila se han dedicado a lanzar en redes sociales y de manera pública, abiertas críticas en el sentido de que las autoridades del Estado ocultan cifras de inseguridad y hasta la aparición de fosas clandestinas.
Ambos personajes obran con exultante cinismo porque de sobra saben que no les queda el papel de defensores de la seguridad ciudadana cuando durante sus diversos encargos, nada hicieron por combatir de manera frontal al crimen organizado y, peor todavía, pesa sobre sus personas la sospecha de clara complicidad y desbordada corrupción.
El ex gobernador Olvera Ruiz, acaba de publicar en sus redes sociales, aseveraciones como las siguientes: “En los últimos días hemos visto en Pachuca las noticias de jóvenes desaparecidas, bebés secuestrados, vehículos robados…
Estas noticias nos preocupan a todos los ciudadanos, no solo los hidalguenses y no habría que esperar a que lleguemos a una crisis insostenible”.
Relatemos a los hidalguenses, y al país, quienes son estos granujas que dolosamente intentan burlar a la reciente historia:
De Paco Olvera vale la pena recapitular: Era septiembre del 2007 cuando un comando armado asesinó en el poblado de Ocotillos, en una emboscada “quirúrgica” al entonces Director de Seguridad Pública del Estado, Marcos Souverbille, quien viajaba de Pachuca a Huasca. Eran los años en que el sanguinario grupo de Los Zetas, encabezados por Heriberto Lazcano, (a) “El Lazca”, había asentado en Hidalgo una de sus principales plazas y centros de operación.
Todos sabían y percibían su presencia menos, curiosamente quien entonces era nada menos que el Secretario de Gobierno en el sexenio de Miguel Ángel Osorio Chong, su compadre Francisco Olvera Ruiz, el ex Jefe de Porros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y uno de los hijos pródigos de Gerardo Sosas Castelán, líder de la mafia universitaria mejor conocida como “La Sosa Nostra”.
Tras los hechos y ante la sombra de la Zetas campeando el Estado, Paco Olvera dijo con la mayor de las irresponsabilidades que hasta ese momento “Hidalgo no presentaba indicios de delincuencia organizada”, pero de ser necesario, aseveró, “pediremos el apoyo de las fuerzas federales”, solicitud que nunca llegó.
Y lea usted por qué: De forma por demás irresponsable, el Secretario de Gobierno trataba de ocultar las ejecuciones que habían antecedido al homicidio de Souverbille como lo fueron los asesinatos de un comandante, policías estatales y un ministerial en municipios como Actopan. Las emboscadas atribuidas a los Zetas ya eran del dominio público y se extendían por los diversos municipios, pero para Paco Olvera, el Estado estaba en paz y en calma.
Y aunque quedó flotando en el ambiente político la sospecha de una presunta complicidad del entonces alto funcionario con operadores del grupo delictivo, no fue sino hasta el 2010 cuando un semanario de circulación nacional publicó una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), señalando al entonces candidato a la alcaldía de Pachuca de haber recibido de Los Zetas, 30 millones de pesos para su campaña a la alcaldía, versión mediante que permitió ir atando los cabos sueltos, explicando el por qué Olvera no movió un dedo para investigar a fondo el asesinato del acribillado Director de Seguridad Pública y, peor aún, ocultando y negando la presencia del temido Cártel, en la entidad.
Además, no debe olvidarse que siendo alcalde, más de una centena de sus policías municipales, entre ellos el comandante Roberto Terán Contreras, fueron detenido por agentes federales por su presunta relación y colaboración con Los Zetas. Se dijo entonces que fue la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), Marisela Morales quien desactivó la bomba mediática, dando carpetazo al asunto que entonces le hubiera costado a Olvera la nominación a la gubernatura.
Otro dos hechos deben recordarse al ahora boquiflojo aspirante a diputado federal del PRI, sucedido el 6 de agosto del 2009; el primero en el municipio de Epazoyucan, Mineral de la Reforma que dejaron un saldo de 12 muertos; nueve delincuentes y tres agentes del orden.
En el sangriento enfrentamiento donde participaron agentes de la PGR, cayó abatido nada menos que el llamado “Mascafierros”, principal operador de “El Lazca” en el Estado. El hecho no fue un hecho menor para los policías federales, pero nuevamente y de manera sospechosa, la muerte del poderoso lugarteniente de Los Zetas, pasó inadvertida para Paco Olvera, quien juraba y perjuraba entonces que Hidalgo no era plaza de los peligrosos matarifes.
Pero “Paco”, ya olvidó esos tiempos de terror que se vivieron en la capital del estado, pues era común encontrar camionetas con sicarios armados a las afueras de Oxxo’s, en restaurantes de mariscos, mantas amenazantes aparecían a diario, balaceras a plena luz del día, enfrentamientos entre elementos municipales y estatales contra “Los Zetas” y donde se llevaban la sorpresa que entre los caídos del bando de “los malos”, se encontraban compañeros de ellos que se estaban en activo en la corporaciones policiacas, tanto municipal como estatal. Tiempos de sangre.
RUBÉN MOREIRA, UN POLLINO HABLANDO DE OREJAS
El diputado del PRI y líder de su bancada en San Lázaro –casado con la hidalguense, Carolina Viggiano–, también se ha dado a la tarea de querer lucrar con el tema de la inseguridad en el Estado, y declaró de manera pública, en Pachuca, en un foro de su partido: “el gobierno de Hidalgo oculta información sobre los altos índices de inseguridad que hay en la entidad, así como el hallazgo de fosas clandestina”.
La bravata del legislador obtuvo una respuesta mesurada pero contundente del gobernador, Julio Menchaca, quien invitó a Moreira a “mirar por el espejo retrovisor a Coahuila, cuando fue gobernador”.
Y en efecto, antes de hablar de inseguridad y violencia, Rubén Moreira debe ser cauto con tema que precisamente es el Tendón de Aquiles no solo de él sino del gobierno de su hermano Humberto.
Los Moreira no solo dejaron una multimillonaria deuda financiera en Coahuila, superior a los 40 mil millones de pesos; la deuda social con los coahuilenses por haber dado manga ancha a Los Zetas, tampoco se queda atrás: cálculos conservadores hablan que del 2007 al 2013 –periodo de terror comprendido entre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira—se dio la desaparición de más de mil 500 personas, sumando los homicidios violentos más de 6 mil.
Los Moreira permitieron a Los Zetas convertir a su estado en un verdadero infierno, donde cientos de adolescentes fueron arrancados de sus hogares e incorporados a la fuerza como integrantes del grupo criminal, que además de adueñarse de penales como el de Piedras Negras donde incineraron a 150 de sus adversarios, arrasaron sin piedad a pueblos enteros.
Si Rubén Moreira quiere hablar de inseguridad en Hidalgo, por qué no comienza por explicar cómo fue posible que durante la ya conocida como “Docena Trágica” ejercida por su familia durante dos sexenios–él incluido–, se dieron verdaderas masacres como la ocurrida en el poblado coahuilense de Allende, donde el 18 de marzo del 2011, fueron asesinados a mansalva 300 de sus pobladores y 42 más fueron declarados como desaparecidos.
Por dos días, Los Zetas arrasaron con todo dejando en incontables fachadas las huellas de su desatada barbarie. Haberse opuesto a ser sometidos por el grupo criminal, costó a los habitantes del modesto poblado perderlo todo. Allende quedó como un pueblo fantasma y mudo testigo de la ausencia total de gobierno en Coahuila.
¿Dónde estaba entonces Rubén Moreira para contener los abusos contra la indefensa población de su Estado? ¿Qué hizo para detener el enrolamiento de adolescentes a las filas Zetas?
Mafiosos que son juzgados en cortes de Texas, han declarado el grado de impunidad y complicidad con que actuaron bajo los desgobiernos de los Moreira, narrando el grado de crueldad al desmembrar vivas a sus víctimas. Pero también en el vecino país, funcionarios como ex tesoreros de los hermanos y ex gobernadores coahuilenses, han detallado el sistema de corrupción que permitió a los Moreira saquear impunemente al Estado.
Además de la violencia desatada, la sociedad del estado norteño debe pagar una monumental deuda pública que lejos de servir al desarrollo de su estado, permitió el enriquecimiento ilícito de los Moreira.
El espejo retrovisor de Rubén Moreira es elocuente, como también lo es el de Paco Olvera. Éste último, seriamente preocupado por la suerte que puede correr otro de sus ex socios ahora detenido, el ex alcalde de Pachuca, Eleazar García Sánchez, quien ya estaba apuntado como su suplente a la diputación federal en busca de impunidad, y de cuya historia hablaremos a detalle en una próxima entrega.
Ni qué decir: los priístas eligieron en la inseguridad, un muy mal tema para ganar simpatías electorales. Lo suyo nunca ha sido el combate a la corrupción y menos a la delincuencia organizada. La historia no miente, por si quieren echarle un vistazo antes de intentar engañar al electorado.
