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En camino, 20 reformas

Redacción Por Redacción
23 junio, 2025
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Estado de los ESTADOS

“Donde hay temor, no hay justicia”: Séneca

  • En camino, 20 reformas
  • CS va por Prisión Preventiva Oficiosa
  • ONU-DH contra de la detención arbitraria
  • Se recrudece el conflicto en Medio Oriente

 

Ciudad de México, 22 de junio de 2025.- A partir de la próxima semana se retomará el proceso legislativo para afianzar el nuevo régimen de gobierno de México, autodenominado la Cuarta Transformación. Tras el asalto al Poder Judicial en la pasada e ignorada elección federal, en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión se perfila avalar 20 reformas de ley, entre las que destacan la Ley de Desaparición Forzada, y de Prisión Preventiva Oficiosa, tal vez la más polémica. También serán abordadas la Ley de Seguridad, de la Guardia Nacional, de Competencia Económica y Telecomunicaciones, entre otras. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronuncia por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, a la cual califica como una “detención arbitraria” según los mecanismos internacionales y, subraya, contraviene una serie de derechos humanos fundamentales. Pese a todo, la mandataria la defiende y la considera una herramienta necesaria para la protección de los jueces ante el actual contexto de inseguridad y la presencia de grupos delictivos en el país.

La ONU-DH sostiene que la prisión preventiva oficiosa (PPO) atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial, la persecución eficaz de los delitos, el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad, el derecho a la revisión judicial y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública. Este posicionamiento se dio después de que el 1 de enero de 2025 entró en vigor una reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan la PPO. La reforma de 2021 al Artículo 19 de la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Previamente incluía delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves contra la inseguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

Con la reforma referida, se sumaron delitos como: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El creciente tenso y complejo panorama actual subraya la necesidad de seguridad pública y la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia mexicano.

Mientras la presidentA Claudia Sheinbaum defiende la prisión preventiva oficiosa, como una herramienta necesaria para la protección de los jueces, la ministra Margarita Ríos Farjat, presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto en el cual busca limitar su uso, en lugar de aplicarlo a delitos que van desde el uso electoral de programas sociales al feminicidio. La mandataria considera que a diferencia de la prisión preventiva oficiosa (que queda a criterio del juez según las pruebas del Ministerio Público), la PPO orienta al juez sobre la necesidad de privar de libertad a una persona imputada por ciertos delitos graves, como el homicidio. Según Sheinbaum, esta media, incorporada al Artículo 19 constitucional desde 2019 para delitos graves como homicidio, secuestro y delincuencia organizada, no se aplica de forma automática, ya que requiere una valoración judicial basada en las pruebas del Ministerio Público.

En contraste, Ríos Farjat elaboró un proyecto de sentencia que busca eliminar el carácter automático de la prisión preventiva oficiosa establecida en el Artículo 19 constitucional. El proyecto, que resuelve la acción de inconstitucionalidad 49/2021 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), propone que la PPO sea una medida que deba ser analizada por un juez sin la necesidad de una solicitud explícita del Ministerio Público. Además, califica a la PPO como un “instrumento engañoso” para medir el éxito de las políticas de seguridad y enfatiza que debe ser una medida utilizada con excepcionalidad. La propuesta de la ministra busca transitar de un “nuevo paradigma” sobre la PPO, donde elimine su “cariz automático” y se establezcan lineamientos claros para jueces, fiscales y defensores. Esto implicaría que los jueces atiendan ciertas condiciones para dictar la prisión preventiva, como garantizar la comparecencia del imputado, asegurar el desarrollo de la investigación y proteger a las víctimas y testigos

De ser aprobado, el proyecto de Ríos Farjat generaría una multitud de solicitudes de revisión de la medida cautelar por parte de personas privadas de su libertad. Ante esto, propone lineamientos para el Consejo de la Judicatura Federal y los tribunales superiores de justicia locales para establecer medidas logísticas y de organización. Además de una nueva interpretación, el proyecto propone declarar la invalidez de la PPO para delitos específicos como el robo a casa habitación, robo a transporte de carga y el delito electoral de compra y coacción del voto. El proyecto de Ríos Farjat está listado para ser discutido en el pleno de la SCJN el 24 de junio o el 5 de agosto.

Para el periodo extraordinario del Congreso de la Unión que inicia este lunes, también serán analizadas la ley general de población y la ley de búsqueda. Sobre éstas, Sheinbaum destacó los acuerdos de la Secretaría de Gobernación con los colectivos de familias, de buscadores, más de 100 colectivos que, según la mandataria, están de acuerdo con la nueva propuesta que se está presentando para su aprobación la próxima semana. Sin embargo, senadores de oposición aseguraron que aún no hay acuerdo, ni dictámenes para la realización de periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para la próxima semana, ya que no hay avances en los 27 dictámenes que prometió Morena y sus aliados. El senador Manuel Añorve, coordinador del PRI, dijo que en los extraordinarios se enlistan los temas. “En el Senado solamente hay dos: esta barbaridad de lavado de dinero y el tema de la burocracia, y en Cámara de Diputados, pues también, no vemos esos 27 dictámenes que dicen que van a estar en el periodo extraordinario”.

DE LOS PASILLOS

El conflicto en Medio Oriente se intensifica. De acuerdo con versiones de medios de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha aprobado supuestos planes para atacar a Irán, pero aún no ha tomado la decisión final. Según CBS News, el mandatario ha dado el visto bueno a unirse formalmente a la campaña aérea de Israel. Trump está aplazando dar la orden final por si Irán decidía abandonar su programa nuclear, indicó The Wall Street Journal.

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Etiquetas: columnaCongreso de la UniónCuarta TransformaciónElección FederalGobierno de MéxicoPoder JudicialProtección de los jueces
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