Por Gerardo Rivadeneyra
@ElPeriodista_
La corrupción crece día con día en México. Los funcionarios y políticos que nos representan se hunden cada vez más en la incredulidad y desprecio ciudadanos, debido a sus constantes fallas, que además quedan impunes. Todos los partidos recurren a artimañas que dejan a sus contrarios en mala posición. Pero es un hecho que lo que más peso cobra cada día es que el actual Gobierno sigue hundiéndose con los grandes crímenes que se cometen en su nombre o ante su indiferencia.
Aún Ricardo Anaya, uno de los candidatos a la Presidencia con más cola que le pisen, mencionó en su discurso: “Los señalamientos de corrupción a este gobierno son muy graves, empezando por el escándalo de la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, el socavón, la Estafa Maestra y los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade en Sedesol”. Todos son pruebas contundentes de la lamentable administración de este sexenio.
Por si los actos de corrupción no son lo suficientemente indignantes, hay que escuchar el descaro con el que los funcionarios implicados hablan del tema y buscan lavarse las manos para no asumir la responsabilidad. Ahora que Anaya, mediante su discurso, señaló claramente la corrupción del gobierno de Peña Nieto, éste buscará a toda costa deslindarse y culpar a terceros.
La Estafa Maestra destapó que el gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios, que luego usa en campañas y fines privados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Está involucrado Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. También implica a la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; al Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y a Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— como las principales dependencias responsables de este mecanismo.
En la Procuraduría General de la República (PGR) por este tema hay más de 20 averiguaciones acumuladas, pero ninguna ha sido resuelta.
La “Casa Blanca” es un asunto que envolvió –y sobrepasó– al presidente Enrique Peña Nieto: residencia construida a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en el Estado de México, cuando él fue gobernador. Sobre el tema, EPN buscó por todos los medios justificar y deslindarse del tema.
Fue el principio del fin de su mandato: la deshonra y la impopularidad que él (y hasta Angélica Rivera, su esposa) generó en la población mexicana le acompañan, en creciente, desde entonces.
Otro caso impune que hunde al actual gobierno es el del socavón del Paso Exprés, en donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, lleva ocho meses deslindándose de toda responsabilidad. Hoy, ya no encuentra a quién responsabilizar de sus errores. Las pruebas e investigaciones están, mismas que revelan la impunidad, pues sí puede (y debe) haber sanciones administrativas hacia el funcionario.
Aunque suene a utopía e independientemente del partido político, los mexicanos buscamos que los verdaderos culpables de los crímenes se responsabilicen por sus actos corruptos, no culpen a terceros y por supuesto, que no queden impunes. El hartazgo general no tolerará un acto más de impunidad y el cobro se hará, en directo, en las urnas electorales y contra el PRI.
