México conoce muy bien el grandísimo afecto que sus gobernados, los justipreciables y la abogacía decente e independiente siente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por sus instituciones y por la Separación de Poderes mandatada en esa Suprema Ley. A la extinción de ellas como desgraciadamente lo pretende Andrés Manuel López Obrador y sus corifeos del Poder Legislativo nuestra República perderá su seguridad jurídica.
Nada de debilidad ni vacilaciones, cuando debemos estar unidos jueces, magistrados, gobernados, justipreciables y abogados independientes en una significativa lucha por la dignidad de nuestra justicia y en defensa de esa bien llamada “seguridad jurídica”; por mucho que nos cueste hacer ver a esos corifeos y gobernantes el craso error jurídico que están cometiendo con su malograda y mal nacida Reforma Judicial.
Desde antiguo se ha sabido que la actuación de los Poderes Ejecutivo Federal y Legislativo se encuentra limitada por el Derecho. El Presidente Constitucional de los Estados Mexicanos y los señores diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) está constreñida a hacer solo aquello que le está permitido por el buen derecho contenido en nuestro Pacto Federal.
Se afirma lo antepuesto ya que el fin de nuestra Suprema Ley es que los gobernados, abogados, jueces y magistrados encontremos siempre protección ante las injusticias, arbitrariedades, deshonestidades y corrupciones por parte de esas potestades denominadas Poder Ejecutivo Federal y Poder Legislativo.
Lo anterior lo dejó muy claro desde el 17 el Constituyente al establecer el conjunto de “garantías” que salvaguardan la correcta aplicación de la norma.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, le hace saber a esos indignos que pretenden destruir nuestra Seguridad Jurídica que: precisamente las “garantías de seguridad” crean el férreo obstáculo, cuando esos indignos poderes de manera tiránica y autoritaria no cumplan los requisitos de orden constitucional, al momento de pretender sacar adelante sus tropelías u ocurrencias.
La “Seguridad Jurídica” ha sido expuesta con claridad en la Carta de Carranza. Así, legalmente se entiende que ésta salvaguarda es la que proporciona la certeza que debemos tener y no perder jamás en México en el sentido de que todos aquellos derechos deben de ser respetados por aquellos dos referidos Poderes de la Unión, derechos que como también se sabe, fueron adquiridos por todos los gobernados, sus jueces, sus magistrados y sus necesitados de justicia.
Esa “Seguridad Jurídica” a la que se refiere el Centro de Estudios Jurídico Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, parte siempre del principio de certeza en cuanto a que su usanza se encuentre definida en forma en que esos referidos Poderes Ejecutivo y Legislativo actúen conforme a la aplicación de ese orden jurídico de respeto al Poder Judicial Federal, observancia establecida en la propia Carta Magna.
La existencia de esa llamada “Seguridad Jurídica” implica a esos ya referidos Poderes el deber de respetar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal; con la absoluta abstención de vulnerar sus sagrados derechos, situación que de facto et de iure no es reverenciada.
Concretemos: la garantía de seguridad jurídica es un derecho público intrínseco a favor de gobernados, abogados, jueces, magistrados etc., que pueden y deben oponerse al poder arbitrario de Andrés Manuel López Obrador, así como de sus comparsas y jilgueros del Poder Legislativo Federal con el objeto de exigirles que se sujeten al bien de nuestra República, evitando actos que afecten la esfera jurídica de esos protegidos, no obstante los malsanos deseos de la llamada Cuarta Transformación de la República; lo que haría imposible la permanencia de la justicia en nuestra sagrada tierra de libertades.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
