CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento realizó el conversatorio “Desafíos del Agua en México, Retos y Oportunidades”, en el que las y los legisladores, así como organismos del sector y especialistas formularon propuestas en torno a la gestión y preservación del líquido.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), afirmó que el agua tiene que ser motivo de concordia y unidad nacional, para que se convierta en área de oportunidad, a través de una política pública apoyada en un diagnóstico claro e inversión en infraestructura.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo, destacó la importancia de conversar, dialogar y escuchar opiniones y propuestas para actualizar el diagnóstico de México en materia hídrica.
Con los expertos se revisarán las adecuaciones al marco jurídico constitucional, a fin de saber la potencialidad de este recurso, los dilemas en materia de agua potable y desafíos en saneamiento.
Precisó que un buen diagnóstico va a permitir establecer los lineamientos que deberá tener una nueva política pública del agua, para que en la Agenda 2020-30 México proponga qué hacer de aquí al año 2030, a través de una perspectiva clara que se pueda homologar en todas las áreas del gobierno e integrar un documento propositivo de planeación.
Adriana Bustamante Castellanos, diputada de Morena, consideró que en el sector hídrico faltan voluntades políticas y ciudadanas para garantizar realmente el derecho humano al agua. Los procesos de capitalización y concentración de la riqueza llevaron a la sobreexplotación sin medida que convirtieron al agua en mercancía.
Del PAN, el diputado Mario Mata Carrasco comentó que la Ley de Aguas Nacionales establece la diferencia entre asignación urbana y el derecho humano al agua. Resaltó que el sector agropecuario fue el único que creció durante la pandemia, y “no podemos, en este momento, meterle mano a una ley que está dando resultados”, aunque sí actualizarla.
También del PAN, el diputado Pedro Garza Treviño sostuvo que “no es posible que no se cobre el agua; es un crimen”. Debe promoverse el pago y que se penalice a quienes no cumplan; los alcaldes tienen una gran responsabilidad en ello. Aunque se haga mal uso del recurso no hay ninguna sanción, advirtió.
El diputado de Morena, Bernardo Ríos Cheno, apuntó la importancia de que el Gobierno Federal conozca la situación de cada región del país en materia de agua ante la temporada de sequía. Las presas requieren desazolve y quedarán al 30 por ciento de su capacidad. La sobreexplotación de pozos clandestinos en las sierras es una situación que debe revisarse, así como la contaminación y concesiones.
Alejandra Isela Martínez Rodríguez, subdirectora general de Administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que es fundamental el espacio de reflexión en la Cámara de Diputados donde se decidirán muchas cosas que marcarán la política futura hídrica del país que actualmente está en crisis por falta de acceso. Destacó que las aguas subterráneas son un tesoro que es necesario potencializar en equilibrio con el ecosistema.
Humberto Armenta, representante de Regiomontana de Construcción y Servicios S.A.P.I. de C.V. (Recsa), señaló que el problema fundamental es el debate entre el derecho humano al agua y las inversiones que requieren rentabilidad, dos visiones polarizadas que no se han conciliado. Refirió la existencia de más del 50 por ciento de ineficiencias operativas y comerciales, en promedio, de los organismos operadores del recurso hídrico a nivel nacional, donde el problema no es de volumen, sino de gestión.
El ex director general de Sistema de Aguas de la CDMX, Ramón Aguirre, dijo que cuando se habla de una cobertura inferior al 60 por ciento se necesita retomar el tema de los indicadores de agua en México. Agregó que para presas, mantenimiento de infraestructura y alcanzar coberturas se requieren 110 mil millones de pesos.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, apuntó que es fundamental que todos los sectores paguen el consumo y valorar el agua en su concepto económico. Propuso conjuntar en un solo programa las acciones dispersas. Dijo que la Cámara de Diputados debe asignar mayor presupuesto a la infraestructura hídrica y promocionar las inversiones público-privadas.
Joselyn Domínguez Zapata, representante de Cántaro Azul, indicó que la infraestructura debe ser vista como un servicio y trabajada desde las comunidades rurales, a fin de que se le incorpore en cada uno de los diseños para asegurar que las instalaciones duren más de 30 años.
A su vez, Silvestre Fernández Barajas, ex presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) consideró que para construir un marco normativo eficiente en materia de infraestructura hídrica se requiere colaboración de los tres poderes de gobierno, pues ello permitirá que exista continuidad en la estrategia. Además, propuso que se construyan ductos que canalicen agua de los lagos porque se va al mar.
Roberto Olivares, director general de Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C. (ANEAS) expresó que la Cámara de Diputados tiene la encomienda de cumplir con el mandato de la Corte, respecto de generar una Ley General de Aguas, así como no ver a los recursos hídricos como rentabilidad política.
Hugo Rojas, de la Academia Nacional de Educación Ambiental A.C, señaló que la historia de la gestión del recurso hídrico en México indica que ya fue federal, centralizado y se tuvieron soluciones basadas en la naturaleza. “No nos hemos puesto de acuerdo hacia dónde queremos ir, por ello es necesario establecer una ruta de política pública por quien debe de construirla”.
De la misma organización, Verónica Romero comentó que el agua es un bien ambiental por lo que hay que cuidar las fuentes que la proporcionan. “No sólo se trata de un asunto de cultura del agua sino de voltear la mirada a las fuentes porque estamos perdiendo una oportunidad”.
Ana Palacios, representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, puso a disposición de la Comisión el estudio integral de la problemática del recurso hídrico que por treinta años han realizado para dirigir la planeación con soluciones técnicas y tecnologías no complicadas, a fin de definir estrategias viables económicamente.
Denise Suárez Moares, doctora en derecho, refirió la necesidad de reconceptualizar el derecho humano del agua. Es un gran reto para los legisladores reglamentarlo no de forma cosmética, sino como un derecho. Propuso transformar el paradigma economicista del agua como moneda de cambio, de lo contrario será muy difícil cambiar las desigualdades que en México provoca que los más pobres subsidien a los más ricos al pagar el abasto de pipas.
Fernando Martínez, representante de la Fundación Impulso, refirió la necesidad de que el consumo del agua y el uso industrial y agrícola se realicen de forma responsable y se regrese una parte del recurso hídrico, sin tintes electorales. Propuso que el agua se convierta en moneda de cambio tributaria, que en lugar de condonar impuestos se distribuya a los asentamientos humanos.
Enrique Guzmán Ortega, director divisional de finanzas en la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, destacó la rentabilidad social del recurso, porque el usuario requiere un servicio seguro y que pague quien debe hacerlo. Es necesario cambiar el paradigma que implica cómo asegurar el acceso.
AM.MX/fm
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