Javier Peñalosa Castro
A raíz de la concertacesión que se dio en 1988 entre el PRI y el PAN para despojar de la Presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, estos dos partidos se han repartido las cuotas de poder dentro de las más importantes instituciones.
Además, si bien en forma inequitativa, originalmente se incluyó en este reparto al PRD, que en alguna época de su existencia fue un partido más bien orientado hacia la izquierda. Sin embargo, desde la llegada del PAN al poder, en el marco de este esquema perverso de alternancia fraudulenta que pactaron Salinas, Zedillo y Diego Fernández de Cevallos, y cuyos beneficiarios fueron el impresentable Vicente Fox y del mínimo Felipe Calderón, —sus deudos somos todos nosotros—, el pastel se lo han repartido casi totalmente entre el PRI y el PAN, a través de una bien aceitada e infame maquinaria que López Obrador bien ha definido como la Mafia del Poder.
Esta semana se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, concebido como una instancia plural en la que participarían ciudadanos y representantes de los tres poderes de la Unión, un Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos integrantes no han sido designados precisamente por el jaloneo entre partidos para obtener la máxima cuota posible y un fiscal anticorrupción, en cuyo nombramiento —el miedo no anda en burro— tampoco ha sido posible, debido a que todos los interesados tienen interés en que se elija a un incondicional a modo que trabaje de manera similar a como lo hizo el tristemente célebre Virgilio Andrade, nombrado secretario de la Función Pública con el único propósito de que exonerara al valedor que lo hizo famoso.
Un esquema bastante parecido se ha repetido durante los últimos años para la renovación de todo cuerpo colegiado, como el INE y el INAI, entre muchísimos otros, con resultados funestos para el funcionamiento de estas instancias, que deberían hacerlo en apego a los dictados de la sociedad, y que terminan haciendo papelones para el olvido, como el que aún protagoniza el INE con las elecciones paras gobernador en Coahuila y el Estado de México.
Sus actuales integrantes —y algunos de los anteriores— defienden con uñas y dientes la eficiencia y la imparcialidad del árbitro electoral, pese a que la necia realidad los desmiente todos los días, pues a pesar de las aplastante evidencia de que se cometieron acciones amañadas como el reparto de dádivas y la operación de funcionarios públicos en favor de los candidatos de sus partidos, no hay manera de que este grupo de notables detecte cosas tan evidentes como que lo evidente: que en el Estado de México se burlaron todas las reglas de equidad en beneficio del candidato del PRI, respaldado por el primer primo del País.
Otro ámbito en que las instituciones han sido secuestradas por los partidos políticos es el de la designación de los magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa quienes, como en los casos anteriores y en casi toda actividad política en México, aparentemente no serán nombrados sólo por sus méritos, sino en función de las cuotas de los partidos que los respaldan.
En el propio Sistema Nacional Anticorrupción, el nombramiento de los integrantes del comité ciudadano no estuvo exento de presiones de partidos políticos, e incluso de algún periódico, desde cuyas páginas se hizo labor de zapa durante algunos días para intentar desacreditar la elección e incluso demeritar a algunos de los ciudadanos elegidos.
Por supuesto, los grupos de poder tampoco se han podido poner de acuerdo para elegir al fiscal anticorrupción, seguramente por dos razones: porque cada uno de éstos deseará ocupar esa posición con un incondicional a modo y, con ello, evitar la (remota) posibilidad de que quien asuma el cargo decida cumplir la función para la que fue seleccionado y la emprenda contra la variopinta multitud de corruptos que asuelan a la Patria.
Desgraciadamente, hasta las organizaciones de la sociedad civil surgidas para combatir el secuestro han sido secuestradas por personas que alguna vez fueron víctimas del crimen y que hoy lucran políticamente con la supuesta lucha contra el secuestro (sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpan).
Así, personajes como Alejandro Martí e Isabel Miranda parecen no poder vivir ya sin los reflectores de los medios e incurren en desplantes temerarios. Recientemente Martí realizó declaraciones a distintos medios para inconformarse porque un juez decidió reconsiderar la exoneración que originalmente se había dado al sargento José N, a quien en un video —editado, de dudosa procedencia, pero aparentemente incontrovertible— se le ve dar el tiro de gracia a un presunto huachicolero en Palmarito, Puebla, quien había sido sometido y estaba inmóvil y tendido boca abajo en el piso.
Al respecto, el juez que decidió reconsiderar el caso expuso que contaba con testimonios directos de otros militares y con base en esos testimonios y otras evidencias había analizado los hechos, y revisado lo ocurrido. Se entiende que la impunidad y la impotencia ante el crimen no sean buenas consejeras. Lo que no, es que un luchador social que ha perdido un hijo pueda estar de acuerdo e incluso practicar las ejecuciones sumarias. Algo similar ocurre con Isabel Miranda, quien a la menor provocación hace declaraciones incendiarias y mal fundamentadas.
Con su actitud, estos representantes de la sociedad civil también son cómplices del secuestro al que tienen sometidos a sus conciudadanos y, al igual que los partidos políticos, buscan su cuota… aunque sea de reflectores.
Es tiempo de que encontremos un mecanismo aglutinante efectivo que analice la situación y plantear propuestas de acción independientes que nos permitan abandonar el yudo al que nos tienen sometidos nuestros secuestradores.
