Redacción, MX Político.- El Comité Cerezo informó que de junio de 2019 a mayo de 2020 se registraron en México mil 659 actos contra personas defensoras de derechos humanos, cometidas principalmente por autoridades estatales, municipales y federales, que derivaron en la detención de 125 mujeres y 124 hombres.
Además, la mayoría de las agresiones (mil 395) se concentraron contra 25 comunidades indígenas y no indígenas, y un total de 193 agresiones y actos violatorios a los derechos humanos se perpetraron contra 17 organizaciones defensoras en el país.
Los estados donde más se cometieron esos actos contra personas defensoras de derechos humanos son: Guerrero con 856, Yucatán 403, Chiapas 205, Campeche 100 y Ciudad de México con 46. Zacatecas aparece con siete casos.
De las agresiones violatorias contra derechos humanos, mil 477 (89% del total) fueron cometidas por policías estatales, mientras que 136 casos (8%) se atribuyen a policías municipales y 46 (3%) a autoridades federales.
“Con todo el descaro las corporaciones policiales son quienes están violando los derechos humanos en México en un 99 por ciento de los casos”, explicó Alejandro Cerezo Contreras, coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH A.C.), durante la presentación del noveno informe “Defender los Derechos Humanos en México, la impunidad no termina”, del Comité Cerezo México.
De acuerdo con el reporte, los derechos que ejercían las defensoras y defensores de derechos humanos al momento de ser agredidos eran fundamentalmente la protesta social (aún no reconocida en México), vida digna, libertad de expresión, derechos de los migrantes, de las mujeres y de las víctimas.
“Queremos remarcar que no basta con que disminuyan las violaciones a derechos humanos por parte del gobierno federal si no se juzga a quien viola los derechos humanos a nivel estatal, y en muchos casos hay delitos como la tortura, la desaparición forzada o ejecución extrajudicial que se persiguen desde el ámbito federal. No hay pretexto para el gobierno federal de no perseguir esos delitos y mucho menos de no sancionar a los perpetradores; lo mismo estamos hablando de los grupos paramilitares que operan en Chiapas y otros estados, que siguen en total impunidad y que bien se les podría aplicar el delito de delincuencia organizada para juzgarlos”, señaló Alejandro Cerezo Contreras.
El informe destaca que, si bien existe una responsabilidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para castigar a los responsables de las agresiones contra defensores de derechos humanos, reconoce que hay una disminución considerable de violaciones cometidas por las instancias federales en lo que va de la actual administración.
Sin embargo, enfatiza que en muchas de las protestas en entidades donde posteriormente se cometieron violaciones contra los derechos humanos de defensores y defensoras, hubo omisión por parte de la Guardia Nacional que, a pesar de estar presente durante los hechos, si bien no participaron en los actos de represión, tampoco evitaron que ocurrieran a manos de autoridades estatales o municipales.
“Ya se presenta la tendencia en la cual la Guardia Nacional está presente durante los operativos y no evita ni hace nada porque no se realicen las violaciones a derechos humanos en operativos conjuntos con fuerzas estatales, lo cual preocupa mucho, entonces, dónde está el papel de la Federación para evitar la consecución de violaciones a derechos humanos a comunidades y personas defensora, estando presentes y pudiendo evitar ésas agresiones”, recalcó Alejandro Cerezo durante la presentación virtual del informe.
El reporte señala que en marzo de 2019 se presentó una Propuesta de Ley General para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, apoyada por más de 122 organizaciones de 25 estados del país y firmada por los integrantes de la Comisión de Población y Gobernación de la Cámara de Diputados, pero por “motivos políticos” tanto el Poder Ejecutivo federal como el Legislativo están reteniendo la emisión de esa ley, que –advierte– debe ser discutida, aprobada y publicada con urgencia para evitar que se incrementen los casos de violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la protesta.
Y como ejemplo cita que actualmente en la Ciudad de México y en el municipio de Texcoco se infracciona por ejercer la libertad de expresión al pegar un cartel en un poste o en cualquier lugar, sobre personas desaparecidas de manera forzadas o sobre la libertad de presos, además de que las autoridades del Metro ya no pueden hacer brigadas, lo que viola el derecho humano de manifestación y expresión.
“La emisión de esta ley evitaría esto y obligaría a los tres niveles de gobierno a coordinarse y eliminar normativas que estuvieran contraponiéndose a esta ley general en términos de las personas defensoras”, puntualiza el documento.
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