Lilia Arellano
“No entres donde libremente no puedes salir”: Mateo Alemán.
• En México, periodistas bajo fuego
• Indefensos ante gobiernos corruptos y cárteles criminales
• Abdico el gobierno y entregó seguridad a Iniciativa Privada
• Baja inversión en Estados; priorizan el pago de megadeudas
Ciudad de México, 25 de marzo de 2019.- Gobiernos corruptos y cárteles criminales mantienen a México como el país sin guerra, sin enfrentamientos civiles carente de paz y convertido en el más peligroso para la prensa, la cual se encuentra inerme. Nueve periodistas mexicanos fueron asesinados el año pasado en territorio nacional, cuando persistía la “guerra contra las drogas”. En el presente y bajo otra estrategia considerada de baja intensidad; ya van seis muertos y de ellos solamente uno contaba con protección oficial. Además, nueve activistas han sido ejecutados este año.
La instalación de una dependencia dedicada a dar protección gubernamental ha constituido otra abdicación del gobierno a su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos al contratar una empresa privada para que lleve a cabo los mecanismos protectores de periodistas y defensores de derechos humanos. Vista desde adentro, tal compañía reporta burocracia, falta de presupuesto, deficiencias, sobre todo en equipo tecnológico y personal, y falta de enfoque en la prevención.
Reporteros Sin Fronteras (RFS), organización defensora de la libertad de prensa, reporta en el informe del año pasado México sólo se vio superado por Afganistán (15 muertos) y Siria (11), ambos países afectados por la guerra. “La situación es dramática, sobre todo para la prensa local de los estados marcados por los tráficos de armas y drogas”, advierte Emmanuel Colombié, responsable para América Latina de RSF. En esas zonas, los periodistas que osan investigar asuntos de corrupción o del crimen organizado viven una situación insostenible. Si no son directamente asesinados, sufren permanente acoso, amenazas o seguimientos callejeros, los cuales también desembocan en su muerte.
El último fue el periodista deportivo Omar Iván Camacho, asesinado hace unas horas, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del domingo en la comunidad La Escalera, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. El comunicador colaboraba en Noticieros Altavoz de Chávez Radiocast, y tenía su página de información deportiva Évora Sport. Camacho, de 35 años de edad, es el quinto periodista asesinado en México en lo que va del año. Apenas el 15 de marzo pasado fue ultimado el comunicador Santiago Barroso, en Sonora.
En territorio mexicano se han creado “agujeros negros para la información” provocados por los asesinatos y las amenazas. Hay zonas en el país que los periodistas han abandonado por miedo. Los desplazamientos forzosos, auténticos exilios de sus zonas natales, han originado “zonas silenciadas” en las que la prensa apenas puede poner un pie, lamenta el responsable de RSF.
Son totalmente insuficientes las medidas de protección de periodistas, tanto en términos financieros como humanos. El nuevo gobierno federal reconoció que el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas enfrenta burocracia, falta de presupuesto, deficiencias en su aplicación y la falta de enfoque en la prevención. “Hay que asumir que, lamentablemente, el mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas, porque no se atiende la parte preventiva”, admitió Alejando Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación. El presupuesto asignado, advirtió, ha sido insuficiente, y por ello el año pasado se peleó por una ampliación de 75 millones de pesos.
El subsecretario de Derechos Humanos consideró se deben revisar los protocolos de riesgo y mejorar la coordinación entre las autoridades. Dentro de ese mecanismo a cargo de una empresa privada, hay ahora 790 personas, de las cuales 292 son periodistas y 498 defensores de derechos humanos. La mayoría están en la Ciudad de México, con casi 17 por ciento, seguido de Veracruz, reportó Encinas durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estamos analizando distintos instrumentos que nos permitan, a partir del análisis de redes abiertas de información, detectar a un periodista cuando se encuentre en riesgo, sin necesidad de que esté dentro del mecanismo”, indicó. Como parte del mecanismo, hay 792 botones de asistencia, pero 209 personas lo tienen apagado más de 150 días al año, mientras que 230 lo tienen activo. Uno de los motivos para apagarlo es que no quieren que la autoridad sepa donde se encuentran. “Es un tema de fondo, porque muestra la falta de confianza en las autoridades”, dijo Encinas.
El funcionario anunció una serie de medidas para mejorar este mecanismo, incluida una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una evaluación externa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el reemplazo de las escoltas privadas por personal de la Policía Federal. Asimismo, se buscará reforzar la cooperación entre niveles de gobierno y se analiza involucrar a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad de las tareas de protección. Informó se implementarán tres medidas en el mecanismo, las cuales son: acciones urgentes, tecnológicas y físicas, y preventivas.
Al presentar el programa de protección a periodistas, dijo analizan instrumentos para identificar situaciones de riesgo y se eviten al máximo las medidas de carácter burocrático. Alejandro Encinas rechazó que la autoridad se haya resignado ante la creciente violencia a activistas y periodistas. “Aquí no hay resignación alguna, por el contrario, vamos a asumir plenamente nuestra responsabilidad”, aseguró. El subsecretario sostuvo no habrá impunidad en estos casos. El Estado es el responsable de garantizar su seguridad.
Por su parte, RFS considera urgente luchar precisamente contra la impunidad, sino será imposible lograr la prensa se sienta segura. A pesar de la creación de una Fiscalía especial para la libertad de expresión, los autores intelectuales de los asesinatos permanecen impunes. “En ningún caso se logra sentarlos en el banquillo, ante el MP, aunque son conocidos”, señaló Colombié.
Un caso destacado es el de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y reportera de Norte de Ciudad Juárez. El pasado sábado 23 de marzo se cumplieron dos años de su asesinato y la Fiscalía de Chihuahua no ha concluido el proceso de investigación. “Hay limitaciones de la actividad de la fiscalía de Chihuahua; por supuesto que se debe coadyuvar por parte de la Fiscalía General de la República en el desahogo del proceso judicial”, mencionó Encinas. Hasta ahora está preso un acusado de participación directa en el asesinato. Otro presunto responsable material del crimen tiene una orden de aprehensión en su contra, sin ejecutar. Un tercer individuo, al que se le atribuye también la autoría del homicidio, fue hallado muerto en una zanja del municipio sonorense de Álamos a mediados de diciembre pasado. Aún se desconoce quién o quiénes planearon el homicidio.
El próximo mes de abril estará concluida la evaluación externa por parte de las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Entre las medidas que prevé el gobierno se encuentra el remplazo de escoltas privados por personal capacitado por la Policía Federal, ya que el personal no debe ser de particulares porque genera mayor costo.
DE LOS PASILLOS
Lo reportado por las organizaciones de periodistas y defensores solo ha permitido actualizarse en cuanto a las cifras de muertos, de ejecutados, de amenazados o desaparecidos, pero no se incluye ningún caso en el cual se hubiese llegado al esclarecimiento de los hechos y quienes han resultado señalados como presuntos culpables tarde o temprano salen a la libertad. Desde el crimen del “Gato Félix”, colaborador del semanario Zeta, o el de Manuel Buendía, Javier Arturo Valdez Cárdenas y decenas más no han aparecido culpables, ni materiales ni intelectuales y aunque han llevado a cabo farsas de investigación e incluso encarcelado a quienes aceptaron ser señalados como es el caso del escolta de Jorge Hank o de José Antonio Zorrilla y el “Cochiloco”, la opinión pública nunca ha quedado convencida de ser éstas actuaciones sin el conocimiento de quienes mueven las cunas…
Gobiernos en las entidades de la República destinan más recursos al pago de intereses que a la inversión pública, como consecuencia de las megadeudas heredadas por las administraciones anteriores, las famosas reestructuras, los altos intereses aceptados en las renegociaciones y, la entrega de las comisiones correspondientes a repartir. Es así que la inversión en obra pública, tanto a nivel local como a nivel federal, se ha reducido en los últimos años, situación que compromete el desarrollo de las entidades, advierte S&P Global Ratings. En casos como Chihuahua, el pago de intereses y comisiones, denominado costo financiero de la deuda, ascendió en 2017 a 4 mil 271 millones de pesos, tres veces más que lo destinado a inversión pública en ese año…
En Nuevo León, el gato en inversión pública ascendió a mil 63 millones de pesos, mientras que para intereses y comisiones de deuda se gastaron 4 mil 168 millones de pesos en 2017, casi tres veces más. En Quintana Roo y Coahuila, el costo financiero de la deuda alcanzó 2 mil 95 millones y 3 mil 375 millones de pesos, respectivamente. En Quintana Roo el pago por servicio de la deuda fue 2.4 veces lo gastado en inversión pública, y 1.5 veces en el caso de Chihuahua…
Y vienen más recortes. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, advirtió: “vamos a pasar de la austeridad republicana a una pobreza franciscana”. El funcionario detalló que los recortes serán en todas las Secretarías.
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