En Puebla se engendra el “huevo de la serpiente” electoral. El PAN pretende generar una crisis artificial con la ilusión de retener a todo trance, el Gobierno del Estado a favor de Marta Erika Alonso Hidalgo, no obstante que las irregularidades y violaciones generalizadas cometidas en el desarrollo del proceso comicial del 1º de Julio fueron puestas al descubierto por romper la cadena de custodia, entre otras transgresiones-.
El argumento que esgrime para obstaculizar una nueva elección transparente y legal, es rechazar el proyecto de resolución que el Consejero Jose Luis Vargas dio a conocer por medio electrónicos, argumentando que se violó la secrecía que protege a todo proceso legal, e incluso fue del conocimiento público sin el consentimiento de los demás magistrados.
Antonio Tenorio Adame, quien fuera candidato de oposición al Gobierno de la entidad en 1992 y tres veces diputado federal, explica la situación del procedimiento que dará fin a un fraude electoral a todas luces evidenciado;
El PAN ahora impugna un procedimiento del que siempre se sirvió para presionar y alcanzar concertacesiones, señala Tenorio Adame quien ahora se desempeña como docente de la BUAP, ya la anterior integración del Tribunal acordó hacer público los proyectos de sentencias por varias razones: los partidos y candidatos litigantes siempre tenían medios para hacer filtrar los proyectos de sentencia aun antes de que se sometiera a discusión y todos sabían el sentido de las resoluciones, aun antes de someterse a discusión, por lo que para atajar esta práctica con viso de corrupción al interior del tribunal se decidió hacer circular los proyectos a los demás magistrados con un sello de agua conteniendo el número del correspondiente magistrado al cual se le enviaba el proyecto.
Después de iniciada en sesión cerrada se daba a conocer dicho proyecto aunque en esa etapa también había oídos en las paredes. En consecuencia no existe la versión de que los proyectos se difunden “sin consentimiento” de los magistrados.
El error del magistrado Vargas sea quizá difundirlo en su redes. El proyecto de Colima que fue circulado tambien fue conocido y discutido entre los magistrados con total aceptación de ellos pero fue difundido por el propio tribunal como un ejercicio de transparencia.
Consecuencia de ello es que se debe convocar a sesión pública inmediatamente para evitar lo que ahora se exhibe en el caso de Puebla, advierte Antonio Tenorio quien ostenta el Premio Nacional de Periodismo.
La conducta transgresora del PAN no es nueva, en Colima dio una muestra de su voracidad sin límites, primero el magistrado Manuel González Oropeza dio a conocer el Proyecto de resolución para el día siguiente se discutiera, en ese lapso sucedió que el antiguo Secretario de Bienestar Social confiado en el sentido de un ante proyecto fue citado por el Congreso del Estado y en su comparecencia confesó que había apoyado al candidato, en esa circunstancia se cambió el sentido del Anteproyecto debido a que se había configurado la prueba de la intervención del gobernador, una acción de plena prohibición. A la mañana siguiente en sesión pública se pasó el video en el Congreso donde constaba esta confesión y todo mundo entendió el cambio.
El procedimiento del Tribunal al auspiciar la transparencia de un proyecto como libertad del propio magistrado y no atribuírsele al Tribunal. Este ejercicio libertario permite escuchar los alegatos de las partes para corregir o aclarar alguna imprecisión del proyecto y así depurarlo.
En el caso de Colima cuando se dio a conocer el Anteproyecto el magistrado González Oropeza, e3l PAN le endilgó su posición como apuntalamiento de aspirar a Ministro de la Suprema Corte, pero cuando en la sesión del pleno votó por la anulación de la elección fue objeto de reconocimiento por la propia directiva del PAN
Ahora la actitud del Magistrado Vega es objeto de causal de responsabilidad, incluso por comentaristas que desconocen el medio y su procedimiento, ya que la difusión de los Proyectos es un requisito de las leyes de transparencia que lo exigen
Los proyectos así difundidos son individuales del magistrado y no obligan al tribunal hasta que lo discuta en pleno y abiertamente, la fuga de información es inevitable y para evitar versiones falsas es preferible que sea el propio magistrado el que difunda su proyecto
