* Además de diputada, la candidata de Morena que busca reelegirse por el VI Distrito Federal, aceptó el cargo para presidir el Patronato de la UAEH, en desacato al artículo 62 constitucional colocándose en la mira del titular de la UIF, Santiago Nieto. Además, la candidata tiene la operación de guarderías subrogadas al IMSS, otra de las irregularidades cometidas por la ex líder que uso la razón social del sindicato universitario para firmar la prestación de los servicios y de cuyos ingresos no ha reportado nada a sus agremiados
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Especial de Expediente Ultra
Si hay un candidato de Morena al que le vaya la vida –y hasta la libertad–, por llegar a San Lázaro, esa persona es la actual diputada que busca reelegirse por el VI Distrito Federal, Lidia García Anaya; instalada desde septiembre pasado al frente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la ex dirigente sindical de los trabajadores académicos, sabe de los altos riesgos legales que implica tal nombramiento, sobre todo si se considera que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, no quitará el dedo del renglón hasta hacer caer la estructura delictiva que ha controlado por más de tres décadas a la Máxima Casa de Estudios del Estado.
De acuerdo a los ordenamientos internos de la UAEH, “El Patronato Universitario tiene la misión de contribuir a la consolidación de la autonomía financiera de la Universidad, así como generar mejores condiciones y prestaciones para la comunidad universitaria en función del desempeño y los méritos”.
Y aunque se especifica que tal designación no implica remuneración alguna, el manejar recursos financieros de procedencia oficial –y otros no tanto–, convierte el cargo en una invasión de poderes y conflicto de intereses que sanciona tanto el Reglamento Interno del Congreso como el artículo 62 constitucional que a la letra dice:
“Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o entidad federativas, por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones”.
Hasta dónde sabemos, la legisladora nunca pidió autorización en San Lázaro para asumir el control del Patronato universitario que como todos saben en la entidad, es un órgano paralelo incluso con mayores facultades que las del rector para tener el control total de la UAEH. Cargo que como se recordará, ocupaba el hoy indiciado en el Penal del Altiplano, Gerardo Sosa Castelán, cabeza del Grupo Universidad y que de hecho no existe en ninguna institución pública de educación superior en el país.
García Anaya dista mucho de ser una diputada federal que ejerza el cargo para el fin que fue electa en el 2018 y prueba de ello fue una de sus escasas intervenciones ocurrida precisamente el septiembre pasado cuando señaló en San Lázaro que desde el gobierno local se buscaba manipular los comicios de octubre pasado para preservar “cacicazgos”. Por supuesto que a sus compañeros de legislatura podrá engañar con tal perorata pero no a quienes en Hidalgo saben que, irónico, ha estado siempre al servicio de uno de los más nefastos caciques no solo del estado sino del país.
Lidia García rehuyó a responder en un debate o a la mejor confrontación de ideas, porque sabe que carece de los argumentos para defender su triste papel de comodín político. En San Lázaro, se entiende, su rendimiento es nulo porque su prioridad es cuidar los intereses de su jefe político, Gerardo Sosa, quien instruyó para colocarla al frente del Patronato.
Se entenderá la razón por la cual le pasó de noche que en el paquete presupuestal de este año, le fueran rebanados al Estado cientos de millones de pesos sin que siquiera se inmutara. Hasta podemos aventurar que ni por enterada se dio.
En uno de sus spots que subió a sus redes sociales –donde por cierto le hace triste comparsa el devaluado Gerardo Fernández Noroña–, sostiene que quiere seguir luchando por los proyectos de la 4T. Y qué bueno, pero el problema es que un legislador federal se debe primero a los votantes que lo llevaron a su curul, velando porque aterricen los programas y recursos públicos en su beneficio, responsabilidad que nunca ha asumido la diputada de Morena.
Lidia García debe muchas explicaciones tanto a sus electores y habitantes de los municipios que conforman su distrito, como a la comunidad universitaria misma a la que permitió que por años le fueran sustraídos de manera arbitraria descuentos por supuestas suscripciones al desaparecido diario El Independiente. Fueron años en que este concepto quitó millones de pesos a los académicos y administrativos, atentando contra sus ingresos.
Como dirigente de los académicos tampoco hizo nada por evitar que junto con los alumnos fueran agredidos en su dignidad, siendo llevados como acarreados a los actos políticos de los caciques universitarios. Por eso en el debate de hace años no pudo responder con atingencia a la acusación en tal sentido de su opositor, Daniel Ludlow.
Y es que la diputada y ex regidora del ayuntamiento de Pachuca es una verdadera caja negra plagada de contradicciones y negocios ocultos como por ejemplo, el negocio de guarderías amparado en la figura sindical y con la cual firmó contratos para prestar este servicio a las madres trabajadoras de la UAEH, firmando un convenio con la delegación del IMSS, desde hace ya varios años. Y cuyas pruebas obran en poder de Expediente Ultra.
Por supuesto que los sindicalizados nunca supieron en su momento que su líder sindical hacía negocio redondo a sus costillas y, claro con la autorización de Sosa Castelán. Hasta dónde sabemos de los importantes recursos obtenidos por esta actividad, los agremiados nunca vieron un peso.
Desde su cargo como presidenta del Patronato, Lidia García no ha aclarado tampoco que el congelamiento de cuentas por parte de la UIF a la UAEH, no ha afectado en lo absoluto los recursos para el pago de salarios de los maestros y trabajadores y personal de oficinas, como se los hizo saber a las autoridades de la institución el propio Santiago Nieto en un comunicado del 15 de junio del 2020, donde desmintió la versión manipulada de que estaban en riesgo los pagos al personal, lo mismo que las pensiones.
Nos comentan que gran parte de la responsabilidad en la toma de decisiones de la Máxima Casa de Estudios del Estado se ejerce desde el Patronato por lo que la candidata que busca afanosamente reelegirse, está en serios problemas si por acatar ciegamente las órdenes del preso en Almoloya ha autorizado recursos de manera discrecional.
El titular de la UIF sabe que no hay ningún argumento para justificar que en una universidad pública un selecto grupo de personas manejen recursos por 150 millones de dólares cual si se tratara de recursos privados. Si los salarios de todo el personal de la institución académica están asegurados y no han dejado de fluir los recursos federales y estatales para afrontar estos y otros compromisos administrativos, entonces, diputada García Anaya, ¿por qué el afán de que se descongelen las demás cuentas? ¿Acaso su candidatura y la de muchos de sus pares de la “Cosa Nostra” depende de la inyección de recursos de dudosa procedencia?
Ahora se entiende con claridad la desesperación que rodea a la ex dirigente sindical y actual presidenta del Patronato por reelegirse. Para ella, en el asunto le va más que la supervivencia, su libertad.
Por cierto, será interesante saber si con esta información alguna alma caritativa y justiciera en San Lázaro, pide al pleno aplicarle la sanción establecida en el artículo 62 constitucional, porque la desatención a sus tareas legislativas es por demás evidente. Los electores sabrán si le vuelven a otorgar su voto a una persona que no guía su compromiso como representante popular para luchar en favor de los ciudadanos, sino en pro de un cacique que sigue mandando señales desde el Altiplano.
