Una reciente encuesta de CBS ha revelado que un 57% de los estadounidenses apoya el plan del presidente electo Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes en situación irregular una vez que asuma el cargo el próximo 20 de enero.
Este plan, que busca deportar a aproximadamente 11 millones de personas, se ha convertido en una de las principales promesas de campaña del magnate inmobiliario.
El sondeo muestra que un 43% de los encuestados se opone a esta política. Además, la mayoría, un 82%, considera que las agencias de migración y la Patrulla Fronteriza deberían ser las encargadas de ejecutar estas deportaciones, mientras que solo un 40% apoya la participación militar en esta tarea.
El empresario y presidente electo ha manifestado su intención de movilizar a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo estas deportaciones desde su primer día en la presidencia.
Sin embargo, expertos advierten que implementar un plan de esta magnitud es prácticamente imposible debido a la falta de recursos y la infraestructura necesaria.
Según el Consejo Americano de Migración, el costo anual del plan podría ascender a unos 88.000 millones de dólares y tomar al menos una década para completarse.
Aaron Reichlin-Melnick, investigador del Consejo Americano de Inmigración, señala que el uso del ejército para deportaciones no está permitido bajo la legislación actual.
“El estado de emergencia solo puede ser declarado en situaciones específicas”, explicó. Esto pone en duda la viabilidad del plan, ya que se necesitarían cientos de jueces para procesar los casos migratorios, lo cual es poco probable dada la acumulación actual de más de tres millones de casos pendientes en los tribunales.
A pesar de las críticas y las dudas sobre su implementación, Trump sigue firme en su postura. En su campaña, prometió iniciar “la mayor operación de deportación” en la historia del país.
Durante un evento reciente, afirmó: “El primer día lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales”.
La administración entrante también planea una estrategia agresiva hacia Latinoamérica con el fin de frenar el flujo migratorio hacia EE.UU., buscando cooperación con países como México y El Salvador.
Esta estrategia podría incluir la reactivación del programa “permanecer en México”, que obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras sus solicitudes son procesadas.
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