Lilia Arellano.
“Las grandes deudas son un privilegio de la riqueza”: Georges Duhamel.
• Endeudados Al Copete
• Créditos equivalentes al 49.2% de la economía
• Desigualdad y pobreza, frente a ricos magnates
• Adolece Quintana Roo de corrupción galopante
• Préstamos bancarios: cárcel y riesgo patrimonial
Ciudad de México, 31 de marzo de 2017.- La administración de Enrique Peña Nieto dejará una gran carga financiera de herencia al nuevo gobierno federal en 2018, cuando se renovará la Presidencia de la República: hasta el momento un incremento de la deuda pública equivalente a 13.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), magnitud no registrada desde los años 80 del siglo pasado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó: en los pasados 12 meses el sector público contrató deuda a un ritmo de 2 mil 209 millones de pesos diarios para llevarla a un nuevo máximo de 9 billones 689 mil 563.6 millones de pesos.
El Informe sobre Finanzas Públicas y deuda pública correspondiente a febrero de 2017, destaca: el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), la expresión más amplia de la deuda, se incrementó en 806 mil 561.8 millones de pesos en los pasados 12 meses. Así, pasó de 8 billones 883 mil millones en febrero de 2016 a 9 billones 689 mil millones de pesos en febrero de 2017, es decir un repunte de 9 por ciento. El componente interno del SHRFSP se ubicó en 6 billones 188.1 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 3 billones 501.4 mil millones de pesos.
Los requerimientos financieros del sector público incluyen la deuda externa, deuda interna, los pasivos del rescate bancario y de carreteras congestionadas, así como obligaciones de la banca de desarrollo, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. La deuda del sector público incrementó su costo financiero: aumentó el año anterior 55.4 por ciento, al pasar de 35 mil 832.8 millones de pesos pagados en el primer bimestre de 2016 a 58 mil 334.23 millones de pesos, cubiertos entre enero y febrero de 2017.
Ingresos presupuestarios del sector público crecieron 6.9 por ciento y llegaron a 759 mil 130.3 millones de pesos. La recaudación por ISR aumentó 7.8 por ciento; la captación por IVA creció 3.8 por ciento. Pero el gasto neto presupuestario fue inferior a lo previsto para el programa para enero-febrero en 49.4 mil millones de pesos. Al excluir las inversiones financieras, las pensiones, las participaciones y el costo financiero, sobre las cuales el Gobierno Federal no tiene injerencia, el gasto neto se redujo en 5.5 por ciento. El déficit público acumulado entre enero y febrero de 2017 se ubicó en 31.5 mil millones de pesos.
De acuerdo con los Precriterios de Política Económica para 2018, enviados el viernes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso, para el próximo año, el gobierno federal prevé “una disminución de la incertidumbre económica”, la cual, dice, se reflejará en un crecimiento mayor al esperado en 2017. Esperan que la economía crezca el próximo año entre 2 y 3 por ciento, 0.7 puntos más que el rango de 1.3 a 2.3 por ciento previsto para este año. Desde ahora anticipan una ligera reducción del gasto público, respeto al nivel presupuestado.
El documento señala: “en materia de finanzas públicas, para poder alcanzar el equilibrio presupuestal de conformidad con el plan multianual de consolidación fiscal, se anticipa un ajuste moderado en el gasto con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 de 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos 43 mil 800 millones de pesos. Para la Secretaría de Hacienda, el monto de reducción del presupuesto el próximo año “se compara favorablemente” con los ajustes de 1.3 y 1.5 por ciento del PIB (hasta 330 mil millones de pesos) previstos en los Precriterios de 2015 y 2016.
En el último año de la administración peñanietista, la reducción del gasto público pretende reducir “ligeramente” la deuda pública. La SHCP se comprometió ante el Congreso a que al cierre de 2018 el total de requerimientos financieros del sector público se ubique en un monto equivalente a 49.2 por ciento del tamaño de la economía. De cumplir esa meta –nadie lo garantiza-, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el conjunto de obligaciones a cargo del Estado habrá crecido en 13.4 puntos porcentuales del PIB, pues en diciembre de 2012 esa proporción era de 35.8 por ciento.
Hacienda prevé que en 2017 la inflación cierre en 4.9 por ciento y disminuya a 3 por ciento al concluir 2018. Es decir, este año se ubicará fuera del rango máximo establecido por el Banco de México, de 3 por ciento con un intervalo de variación de más o menos un punto porcentual. También espera que este año el tipo de cambio promedio sea de 19.5 pesos por dólar y de 19.1 pesos en 2018.
Aunque todas las referidas son cifras oficiales, la mala percepción ciudadana se ubica en la irrealidad de los números. Prevén, esperan, podría ser, son las expresiones del momento, las cercanas a comicios en los cuales tanto a Peña Nieto como a su partido les interesa como nunca, ganar. Los ahorros en presupuestos son ausencias en medicamentos, derrumbe de escuelas, despidos en la burocracia y, por si fuera poco, no se aplican en políticas públicas sino hacen cada vez más pesada la carga de pretendidas acciones limosneras con las cuales se levantan el cuello y llaman: combate a la pobreza.
POBREZA Y DESIGUALDAD
La desigualdad en el país sigue creciendo en todos los estados y sectores, confirma la visión general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México es el segundo país más desigual, después de Chile. Pero el término no sólo se refiere a la ampliación de la pobreza en este territorio durante la actual administración peñanietista, sino también a la generación de riqueza y cómo ésta se generó. Diversos organismos nacionales e internacionales coinciden: hay más riqueza en México, pero cada vez se concentra en menos manos. Mientras cada vez hay más pobres en México y prácticamente se alcanza a la mitad de la población total, los recursos en conjunto de los cuatro mayores multimillonarios mexicanos han pasado del equivalente de 2% del PIB en 2002 a 9% en 2014, según cifras de Oxfam México.
Mientras más de 55 millones de mexicanos enfrentan problemas en el día a día para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación, Carlos Slim (Grupo Carso), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailléres (Grupo Bal) y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas) amasan fortunas equivalentes a 9 por ciento del PIB del país, de ahí les endilgaran el mote: Los Cuatro Fantásticos o Los Modernos Jinetes del Apocalipsis.
Lo anterior no es coincidencia ni producto de la Santísima Trinidad. El poder político ha trabajado para que ellos se hagan más ricos y ha dejado de lado a quienes realmente necesitan de políticas públicas, esto es, al resto de la población. La concentración de la riqueza refleja una concentración en el poder político en donde las políticas públicas que se generan y se deciden favorecen a este grupo de poder, dejando de lado los intereses de toda una nación, como explica Ligia Alvarado, subdirectora ejecutiva de Oxfam México.
Mientras los ciudadanos pagan más impuestos, como si México fuera un país de primer mundo, el Servicio de Administración Tributaria condona impuestos por más de 15 mil millones de pesos a unas cuantas empresas, según lo registro Fundar (Centro de Análisis e Investigación de las sociedad civil). Para que los beneficios fiscales dejen de concentrarse en unos cuantos, se necesita que las autoridades empiecen a explicar sus decisiones y establezcan controles para impedir que a quienes más recursos tienen se les perdonen y cancelen “injustificadamente” sus impuestos y adeudos fiscales.
La riqueza se ha apropiado de los procesos de elaboración de políticas públicas y lleva a cabo la manipulación de leyes en beneficio de quienes más tienen, casi siempre en detrimento de la población. La condonación de impuestos es una muestra de eso, otra es la entrega de concesiones a empresas para la explotación de ciertas industrias.
Por ejemplo, en el área de minería, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México documentó que en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras, por supuesto sin el consentimiento de los pueblos indígenas pues las concesiones se ubican en muchas ocasiones en territorios ancestrales.
El académico del Colegio de México, Julio Boltvinik, sostiene son, en efecto, 50 millones de mexicanos los registrados como pobres, pero hay otros 50 millones en calidad de miserables y eso habla con todo y percepción del rotundo fracaso de la administración o des-gobierno de Peña Nieto e inclusive de los gobiernos estatales.
DISMINUYE CRÉDITO A EMPRESAS Y FAMILIAS
Contra lo afirmado por el titular del Ejecutivo federal, la actividad económica sigue en desaceleración. En este contexto, la cartera de crédito de la banca a empresas y personas redujo también su dinámica de crecimiento en febrero de este año, particularmente respecto al financiamiento concedido a actividades productivas, según los datos divulgados por el Banco de México este viernes. Una de las razones, la reducción de las fabulosas utilidades por la situación cambiaria.
El banco central reportó: la cartera de crédito de la banca al sector privado, en el cual se incluye a empresas y familias, llegó en febrero de este año a 3 billones 630 mil 600 millones de pesos, es decir, tuvo una tasa de crecimiento de 7.8 por ciento, comparado con el mismo mes de 2016. La medición de crecimiento fue menor en cinco puntos porcentuales a la registrada en febrero de 2016, cuando el crédito bancario del sector privado repuntó a un ritmo de 12.8 por ciento.
A pesar de ese menor crecimiento, el crédito de la banca al sector privado sigue creciendo a una tasa 4 veces mayor al avance esperado del PIB, el cual este año está calculado en torno a 1.5 por ciento. Al concluir el primer bimestre de este año, la desaceleración más significativa en la dinámica del crecimiento del crédito se registró en el canalizado por la banca comercial a empresas y personas físicas con actividad empresarial. El mes pasado, la cartera de crédito bancario a empresas alcanzó un billón 970 mil 400 millones de pesos, es decir, un crecimiento anual de 8.4 por ciento.
Y el crédito bancario al consumo llegó en febrero pasado a 880 mil 600 millones de pesos, 6.4 por ciento más que en el mismo mes de 2016. Hace un año, la cartera de crédito bancario al consumo crecía a un ritmo de 8.8 por ciento. En cuanto al crédito a la vivienda, llegó a 695 mil 900 millones de pesos en febrero, una tasa de crecimiento anual de 5.7 por ciento. El año pasado aumentó a un ritmo de 9.8 por ciento.
En esos montos crediticios resalta la ausencia del compromiso de la banca con el desarrollo del país y sus habitantes. Conseguir un crédito es tan difícil como encontrar la aguja en el pajar, sobre todo para los campesinos y también lo es para las pequeñas y medianas empresas cuya producción y ventas no soportan las altas tasas de interés. El dinero es sumamente caro y por lo tanto resulta imposible obtener financiamientos. Si a ello agregamos las reformas en las cuales las deudas se convierten en prisión y desmantelamiento de todo el patrimonio familiar, veremos claramente otro de los renglones componentes de paralización económica.
CACERIA QUINTANARROENSE
Pocas cosas le causarían tanta tranquilidad a la población como el verse libre de los actos de corrupción. En el presente se habla y mucho de las cuentas públicas, de la desviación de recursos, de las multimillonarias fortunas de gobernadores, presidentes municipales, diputados tanto locales como federales, senadores, regidores, directores, secretarios y subsecretarios, pero poco, muy poco caso se hace a los de la corrupción hormiga y ni son pocos y mucho menos pobres quienes llevan a cabo esta forma de robo. Inspectores se tienen en todas las áreas; fiscalización es en la cual se centra la mayor atención, sin embargo están los de sanidad, los mensajeros del IMSS, los del SAT, se incluye a quienes extienden permisos y licencias vistos desde las oficinas policiacas hasta aquellas encargadas de entregar las patentes para venta de vinos y licores. Se tiene una gama de corruptelas y quienes las llevan a cabo lo mismo viajan en auto que en moto o se encuentran detrás de las ventanillas de la hacienda estatal y municipal.
De ahí sea tan importante la Dirección de Ingresos, el brazo fuerte de la Tesorería o de la Hacienda estatal, por lo tanto, quienes la encabezan gozan en la mayoría de los casos de un manto protector bastante amplio. Hasta ellos llegan las exigencias de aportar dinero para las campañas si se quiere retener el poder; también deben entregar dividendos de las “mordidas” de las extorsiones hechas a los empresarios y comerciantes; son exigibles las cuentas por espacios públicos utilizados por locatarios y restauranteros a los cuales les miden hasta los centímetros utilizados en las banquetas para poner macetas o anuncios; les exigen cuotas a los ambulantes, se encuentren o no dentro de alguna asociación porque, si es esto último, la cuenta es global y sobre determinado número de puestos con cobro directo al líder o al tesorero de la agrupación; también para los transportes hay un tanto a pagar y de todo lo descrito tiene perfecto conocimiento el presidente municipal y su corte.
Ninguno de los vicios mencionados ha sido erradicado de los ayuntamientos quintanarroenses y es claro son el de Benito Juárez y Solidaridad los más productivos de esa gama corrupta. Remberto Estrada y Cristina Torres saben de todos estos movimientos y al igual que sus homólogos tanto del resto de municipios turísticos como los dizque agricolas y la mismísima capital, se hacen de la vista gorda cuando se toca el tema pero festinan el éxito de los ingresos logrado por sus tesoreros. Se persiguen las cuentas en donde se presumen desvíos por decenas de millones cuando la corrupción de todos los días, la que abarca hasta 24 horas en virtud de hacerse presente en discotecas, antros, en los lugares en donde la diversión ocupa toda la noche, suman cantidades superiores porque es de ese renglón y de los permisos otorgados para violar densidades, de donde surge una buena parte de la fortunas acumuladas por funcionarios de segundo nivel los cuales, al paso del tiempo, se encumbran por las buenas cuentas entregadas o se les borra del mapa por saber demasiado y no ser de la total confianza del equipo.
A lo anterior se suma la caída del billete, la que llega hasta los regidores. En el caso de los ediles mencionados se presenta otro fenómeno: para los enemigos, nada. Durante los mandatos anteriores para llegar a la determinación de no favorecer con dinero a quienes militan en otros partidos o no parecen dispuestos a dar su aprobación a las iniciativas del presidente municipal, pasaba un buen tiempo en el cual insistían en su labor de convencimiento, misma que conocía de un número cada vez mayor de pesos sin incluir centavos. Dicen de Remberto y Cristina, el vacío lo hicieron desde el principio y a los únicos a quienes les dan prebendas e inclusive son a los que les prestan atención son los compañeros de campaña –aunque hubiesen sido impuestos por las organizaciones que los postularon- y a uno que otro lambiscón. A la mayoría, aunque sean del mismo partido o de los aliados, no les dirigen ni el saludo y en sus escasos encuentros con muecas y gestos les hacen saber son de su total desagrado. En el caso de Solidaridad se sabe del entrenamiento al cual está siendo sujeto el Tesorero al percatarse otras autoridades del nivel que puede alcanzar, de la trayectoria que llega hasta Chetumal y a la cual tiene derecho ganado por los trabajos hechos en campaña. Remberto busca afanosamente ser candidato a la diputación y en el pasado reciente la competencia se presentaba en la figura de la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernandez, pero como ya le dieron un distrito más a la entidad ya no se ven como enemigos sino todo lo contrario.
Con todos sus defectos entre los cuales sobresale el hecho de contar entre los elementos con miembros de las diferentes mafias, Remberto Estrada le “presta” policías a doña Laura. En el nuevo municipio si acaso existen en la nómina 40 uniformados para cubrir la cabecera y sus dos delegaciones: Vallarta y Leona Vicario. Una vez borrado el renglón de competencia se inició esta colaboración causante de inquietud entre los habitantes al ser pública la mala fama de los uniformados enviados por el munícipe cancunense. Tal vez la Fernández no se percató de haber sido utilizada –nuevamente- como parte del argumento con el cual el jovenazo verde justifica la renta de 100 patrullas. Ahora resultará fue la necesidad de los portomorelenses la que lo llevó a tomar tan derrochadora solución.
Según la candidata de Morena a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez, al llegar a la presidencia municipal de Texcoco se encontró exactamente con la misma figura: patrullas rentadas. Se dio a la tarea de convencer a los regidores de aceptar, como ella, bajarse el sueldo y, en menos de 6 meses pudo adquirir 50 vehículos nuevecitos para iniciar una auténtica vigilancia policiaca. Con las cantidades entregadas a las autoridades municipales y recogidas por los inspectores de las diferentes áreas, los alcaldes podrían renunciar a recibir todo el salario y les quedaría para hacer donaciones múltiples y seguir incrementando su patrimonio familiar. En Quintana Roo no se conoce a un solo alcalde que viva en la medianía una vez retirado del cargo, ni siquiera aquellos en donde sobreviven con las aportaciones estatales.
Lo malo estriba en el catálogo de formas y estilos de corromper y corromperse existentes dentro de las oficinas de gobierno, de las dizque procuradoras de justicia, de las curules, de las delegaciones federales. Está otro de los renglones frecuentemente señalados: las deudas.
Salvo los créditos a corto plazo permitidos por la ley y se supone reclamados en tiempo y forma por los bancos que los otorgan, los demás tienen que pasar por los regidores e incluso por los diputados locales, ser plenamente justificados pero, curiosamente nunca son supervisados en su aplicación sino hasta pasado el tiempo, cuando se abandonó el cargo y se requiere lanzar proyectiles políticos, acusaciones, amenazas de demanda o bien para frenar carreras como se pretende hacer con Paul Carrillo y sus posibilidades de disputarle a la Fernández y al verdecito Remberto la candidatura por una de las dos diputaciones, con lo cual consideran, uno de ellos quedaría fuera. Pero bien podrían ser los dos ante la presencia seria de Pepe de la Peña, diputado local a cuya familia han pretendido enlodar.
Siguen siendo los once municipios, el estado mismo, un pueblo sin ley ni orden al cual llaman a proteger cuando son incapaces de garantizar siquiera el suministro de agua, o el pago de seguros por siniestros en las comunidades, o instalar retener para intentar frenar a la delincuencia, o hacer sentir a los ciudadanos la percepción de que desquitan el sueldo, de estar conscientes de lo que se dice son: servidores públicos. ¿Sabrán que ya no engañan?
Como para el siguiente mandato municipal todos tienen la posibilidad de reelección, quienes se decidan a aparecer en las boletas ya sabrán lo que sembraron, aunque como tienen costumbre compren votos, aprovechen la necesidad de la gente para acercarles migajas en tanto ellos cargan las maletas del dinero, sigan enterrando cualquier esperanza de democracia, de participación libre de los ciudadanos para emitir el sufragio. Habremos de estar conscientes de que son esas y no otras las mulas con las cuales hubo decisión de arar, aunque sean más los que, sin presiones, los aborrezcan.
DE LOS PASILLOS
En el mundillo del narco se producen un buen número de noticias. Ernesto Fonseca Don Neto, ganó el amparo de libertad condicional otorgado por la Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Distrito cuya sede se encuentra en Zapopan, Jalisco. A partir de ayer dieron inicio los trámites para hacer efectiva la libertad preparatoria concedida ocho años antes de finalizar la sentencia de 40 años que le fue dictada. Seguramente y tal como lo hiciera Rafael Caro Quintero, Fonseca argumentará no se incrustará de nuevo en la mafia del narco… Si se sabe algo será puritita percepción…
Finalmente, el senador Miguel Barbosa renunció al PRD tras 23 años de militancia. Anunció no esperará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y explicó la decisión la tomó para apoyar a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, a la cual acompañará en el arranque de su campaña electoral, el lunes por la tarde. El ex coordinador del PRD en el Senado aclaró que no puede ir a un acto de campaña de un candidato distinto de otro partido y por ello deja finalmente las filas perredistas…
Sin pena ni gloria inició el proceso de flexibilización o liberación de los precios de gasolinas y diésel en Baja California y Sonora. En un evento realizado con autoridades del gobierno de Baja California, el SAT, la Profeco y empresarios gasolineros, el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Guillermo García Alcocer, señaló: “la ventaja de esta flexibilización es que en la medida en que la industria gasolinera pueda ofrecer mejores condiciones logísticas, esto se reflejará en mejores precios para los consumidores”. Subrayó se va a poder importar el combustible o usar producto de Petróleos Mexicanos (Pemex). El esquema de importación ya está en funcionamiento. En este momento hay 10 empresas que están importando a nivel nacional. Cuatro empresas compran diesel en el extranjero, según el reporte de enero. “Se han entregado 206 permisos para importar gasolina y 284 para importar diésel”. El funcionario subrayó que empresas como Glencore, Gulf, Shell, Texaco, tiene el deseo de venir a Baja California, además de Costco y Walmart también buscarán la forma de poner sus estaciones y proveer el servicio. También señaló ya hay permisos para que los trenes que llegan a los distintos estados, puedan mover el combustible…
Alrededor de 50 expedientes se acumulan contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte –actualmente prófugo- y sus colaboradores, por una presunta red de corrupción, informó César Arturo Peniche, fiscal de Chihuahua. En una entrevista radiofónica hizo referencia al probable daño patrimonial a las arcas del gobierno: “las estimaciones que se hacen en cuanto al monto del quebranto, se basan en el monto contenido de las denuncias, esta cifra podría ajustarse… ronda cerca de los 5 mil millones de pesos”.
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