Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras”. – Ernest Hemingway.
En tiempos de hiperconectividad, la frontera entre informar y simplemente difundir contenido se ha vuelto cada vez más difusa. La irrupción de las redes sociales y la universalización de los teléfonos inteligentes han democratizado la posibilidad de comunicar, pero también han generado una pregunta fundamental para la vida pública: ¿quién puede ser considerado realmente periodista?
Los tratados internacionales sobre libertad de expresión han ampliado el concepto de comunicador. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el derecho a informar no pertenece exclusivamente a los profesionales del periodismo, sino a toda persona que difunda información de interés público. Bajo esa lógica, cualquiera con un teléfono celular y acceso a internet puede registrar un hecho, documentarlo y publicarlo.
Sin embargo, que alguien pueda comunicar no significa necesariamente que ejerza periodismo. Desde la academia, el periodismo se define como una actividad sistemática de búsqueda, verificación, contextualización y difusión de información relevante para la sociedad. No se trata solo de transmitir datos, sino de interpretarlos bajo principios éticos, metodológicos y profesionales que permitan a la ciudadanía comprender su realidad.
El reportero, en esa definición clásica, cumple un papel esencial: investiga, contrasta fuentes, construye narrativas verificables y asume responsabilidad pública sobre lo que publica. El comunicador, en cambio, puede desempeñar múltiples funciones —institucionales, comerciales o personales— sin necesariamente estar sujeto a los mismos estándares de rigor informativo.
Esta distinción resulta particularmente relevante en contextos de violencia y presión política, como ocurre en diversos estados del país. En Veracruz, el ejercicio del periodismo ha enfrentado durante años una realidad marcada por amenazas, agresiones y asesinatos de reporteros. No se trata únicamente de un problema laboral o gremial; es un asunto que impacta directamente en la calidad de la democracia.
Sin prensa libre y profesional, la sociedad pierde uno de sus principales mecanismos de vigilancia sobre el poder. El periodismo funciona como contrapeso institucional informal: investiga abusos, revela irregularidades y permite que la ciudadanía acceda a información que de otro modo permanecería oculta.
En regiones donde el crimen organizado busca imponer silencios o dictar agendas informativas, la figura del periodista adquiere un valor aún mayor. Informar con responsabilidad, documentar hechos y resistir presiones implica, en muchos casos, un acto de valentía civil.
De ahí la importancia de instituciones diseñadas para proteger esta labor. En México existen mecanismos específicos como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como organismos estatales como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en Veracruz, que buscan brindar respaldo y medidas de seguridad al gremio.
Los intentos de la CEAPP por convertirse en una dependencia itinerante buscan precisamente el conocer de viva voz las problemáticas que enfrentan las y los reporteros en las diversas regiones del estado, el mantener ese vínculo garantiza que el mecanismo sea más efectivo y que las medidas aplicadas en cada caso sean más eficientes.
La discusión, entonces, no es excluir a quienes comunican desde nuevas plataformas, sino reconocer que el periodismo sigue siendo un oficio con responsabilidades sociales específicas. En medio del ruido digital, el verdadero reto consiste en distinguir entre la simple difusión de contenido y el ejercicio profesional de informar. Porque en democracia, no basta con que todos hablen; es indispensable que alguien investigue, verifique y cuente la verdad.
Al tiempo.
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