Ricardo Del Muro / Austral
La reciente iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, ha generado alarma entre los monopolios informativos y una intensa polémica entre legisladores y grupos ligados al sector de comunicaciones, que enarbolan la bandera de la libertad de expresión para defender privilegios empresariales.
Para algunos sectores privados y organizaciones civiles, se trata de un intento autoritario del Estado por recuperar atribuciones y controlar las comunicaciones; para otros, es una corrección necesaria tras una década de concesiones a los monopolios y del fracaso del modelo de “autorregulación” bajo el amparo de supuestos órganos autónomos.
Desde su creación en 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue promovido como garante de la competencia y la neutralidad en el sector. Sin embargo, lejos de romper con los poderes fácticos, el IFT operó muchas veces como un facilitador de intereses empresariales, dejando al Estado en una posición subordinada. Grandes consorcios como América Móvil y Televisa mantuvieron su dominio, no sólo en la infraestructura, sino en los contenidos y la orientación informativa de la mayoría de los medios.
Basta ver, como ejemplo de esta situación, la bajísima calidad de los programas que se transmiten a través de la televisión abierta, los contenidos tendenciosos de la mayoría de los programas informativos – con mínimas excepciones -, la deficiente preparación y cultura de muchos presuntos locutores, el manejo arbitrario de las plataformas digitales y la proliferación de estaciones ilegales de radio.
La presentación de la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo federal se conoció después de que el gobierno de Estados Unidos emitiera un anuncio publicitario contra la inmigración ilegal en la televisión mexicana.
En ese anuncio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, transmitió un “mensaj del presidente Donald Trump al mundo: Si consideras ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses”.
La presidenta Sheinbaum calificó de “discriminatorio” el anuncio y afirmó que circulaba en televisión desde “hace algunos meses”, además de que se difundió en los horarios de mayor audiencia, como fueron las transmisiones de los partidos de futbol de la Liga mexicana el pasado fin de semana.
En respuesta – y en forma sorpresiva -, Sheinbaum envió el miércoles al Senado la iniciativa para expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, en un primer momento se dijo que tenía por objetivo “la prohibición de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”, según informó el Senado en un comunicado tras recibir la iniciativa.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de reestructurar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que perdería su carácter autónomo para pasar a formar parte de una nueva Secretaría de Comunicaciones, Ciencia y Tecnología. Esta medida ha sido interpretada por analistas como un intento de concentrar el control gubernamental sobre los medios y las redes, debilitando el equilibrio de poderes que garantizaba la reforma constitucional de 2013.
Aunque la iniciativa sostiene que se trata de garantizar el acceso a información veraz y oportuna – especialmente en contextos de emergencia -, diversos colectivos alertan sobre la posibilidad de una censura encubierta. “No se puede disfrazar de interés público lo que claramente puede derivar en control editorial”, advierte la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha iniciado una campaña en redes sociales bajo el hastag #LeyMordazaDigital.
Es revelador que las principales críticas vengan de quienes se beneficiaron durante años de un esquema que les permitió expandir sus imperios sin rendir cuentas. Bajo la bandera de la “autonomía regulatoria”, se legitimaron prácticas monopólicas, se obstaculizó el acceso de nuevos competidores y se mantuvo a millones de mexicanos marginados del derecho a la conectividad. La promesa de pluralidad se diluyó en un mar de contenidos repetitivos, comerciales y alineados con los intereses de unas cuantas corporaciones.
Varios países democráticos mantienen formas de control o regulación estatal sobre las telecomunicaciones, la radio y la televisión, especialmente cuando se trata de garantizar el acceso universal, la diversidad y calidad de contenidos , la difusión cultural y la protección del interés público.
El ejemplo más notable es la BBC (British Broadcasting Corporation), en Gran Bretaña, que es un modelo mundial de servicio público con carta real que define su independencia editorial y sus obligaciones de contenido. En ese país existe un organismo regulador (la OFCOM) que supervisa tanto la BBC como medios comerciales. Tiene autoridad sobre licencias, protección a la audiencia y competencia.
En Francia opera un Consejo Superior Audiovisual que regula la radio, la televisión y ahora también las plataformas digitales. Supervisa los contenidos, garantiza pluralismo y puede intervenir en la concesión o suspensión de licencias. En ese país hay una fuerte presencia estatal en radio y televisión, igual que en Alemania, Canadá, Noruega y Suecia, que de ninguna manera pueden ser catalogados como dictaduras o Estados autoritarios.
Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum aclaró que con la iniciativa a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no se busca censurar a ninguna persona y mucho menos lo que se publique en plataformas digitales, además de hacer un llamado para que en el Senado se abra un periodo extraordinario de discusión sobre el tema, pero dejó en claro: “Ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que nada tiene que ver con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones”. RDM
