Moisés Sánchez Limón
El entramado de intereses políticos, económicos y criminales en el que finalmente se debatió el caso Iguala-Ayotzinapa, con severos diferendos entre el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la representación del gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, ha dejado dos cabos sueltos, uno de ellos en calidad de testigo y/o corresponsable protegido.
Las diferencias entre la verdad del GIEI y la del Gobierno de México –fíjese usted con qué facilidad escurrieron el bulto los dueños del PRD y de Morena–, al final no citaron el status de tres testigos que son sustancialmente corresponsables de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, cuyos policías municipales no se mandan solos, porque en esos pueblos todo el mundo sabe de qué está hecho cada cual y de qué tamaño y riesgo son sus relaciones.
Públicamente se desconoce, por lo menos, la declaración ministerial del matrimonio formado por José Luis Abarca Velázquez –entonces presidente municipal de Iguala, cuya riqueza insultante no fue producto de su actividad como comerciante—y María de los Ángeles Pineda Villa, cuyos vínculos con el crimen organizado han sido vastamente documentados, incluso con quienes han sido señalados responsables de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y, bueno, el principal responsable de lo que ocurría en esos tiempos en el estado de Guerrero, porque se desempeñaba como gobernador de la entidad, Ángel Heladio Aguirre Rivero, cuya más reciente aparición fue en un encuentro con diputados federales integrantes de la comisión legislativa encargada del seguimiento del caso Ayotzinapa, a quienes dio atole con el dedo y fanfarroneó su presunta inocencia.
¿Aguirre Rivero desconocía las relaciones peligrosas del matrimonio Abarca-Pineda? ¿Estaba desinformado de todo lo que ocurría en Guerrero? ¿Es inocente? Ofende al sentido común considerar, siquiera considerar, que Ángel Heladio no sabía qué ocurría en el estado al que gobernaba.
Sin duda es el primer gobernador con status de testigo protegido relacionado con un crimen que ha minado, aún más, la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y abonado en el status de impunidad. ¿Qué sabe Ángel Heladio que no se le ha detenido e inculpado, por lo menos por haber incurrido en el delito de omisión como gobernador del estado de Guerrero?
Y qué hay del matrimonio imperial que está recluido en penales de alta seguridad. En las conclusiones del GIEI no hay una sola línea enunciada públicamente que los involucre. Pareciera que la idea es llevar a picota al gobierno de Enrique Peña Nieto y al Presidente mismo de la mano de la procuradora Arely Gómez, heredera de una papa caliente, amasijo de contradicciones documentales avaladas por su antecesor Jesús Murillo Karam. Por cierto, ¿y los comunicadores oficiales? El PRD, Los Chuchos y Andrés Manuel López Obrador les ganaron la partida, de responsables pasaron a acusadores.
Así, las cosas, hoy la situación que priva en el estado de Guerrero tienen encendidas las luces rojas de alarma plena en el gobierno federal. La crisis de inseguridad impactó a la economía del estado a partir del polvorín en el que Acapulco se ha convertido.
El principal dinamo generador de divisas, dineros derramados por el turismo nacional y extranjero que sostiene prácticamente a las finanzas estatales, no puede ser indefinidamente campo de batalla del crimen organizado ni sus empresarios, ciudadanos y prestadores de servicios turísticos vivir bajo la amenaza de muerte y el cobro de piso por vivir y ganarse la manutención.
Hace unos días, en una de esas reuniones y conferencias programadas con participantes en el Tianguis Turístico celebrado en Guadalajara, Jalisco, el CEO de una trasnacional hotelera advirtió abiertamente que su empresa y otras de alto nivel que prestan servicios al turismo internacional, no participarían en la edición 42 que se realizará en Acapulco. ¿La causa? Inseguridad.
Por supuesto, el gobierno federal, es decir, el Presidente de la República y su secretario de Turismo, junto con el gobernador de Guerrero, no permitieron que esa versión se impusiera como pauta que cambiara planes, planes que implican cientos de millones de pesos. Un tianguis del tamaño del que se ha manejado desde hace más de cuatro décadas en el ramo del turismo, no es cualquier cosa.
Indudablemente la ola de ejecuciones que genera zozobra y terror, sí, terror, entre los habitantes de Acapulco, también crece en el interior del estado y, entonces, Guerrero se torna una tierra bajo control del crimen organizado y de libre operación de delincuentes comunes. Y si a ello se suma la permanente presión, montada en actos de vandalismo que igual entrañan fuente de temor, dado el carácter de las movilizaciones por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, entonces ahuyentar al turismo es elemental consecuencia.
Por ello la importancia de esta reunión del gabinete de seguridad que el lunes último encabezó, en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con autoridades del estado de Guerrero. Previamente hubo un encuentro con 400 empresarios y representantes de organizaciones civiles de la entidad.
¿Sabe usted cuál fue el acuerdo? ¡Trabajar juntos! ¿Qué no hubo ese acuerdo en reuniones pasadas?
Bueno, pues ayer, de acuerdo con la información oficial, los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal, con autoridades estatales y municipales fue “para evaluar las acciones en materia de seguridad que se realizan conjuntamente por parte de los tres órdenes de gobierno en todo el territorio guerrerense”. Y Osorio Chong llamó “a fortalecer los esquemas de coordinación para alcanzar los resultados que reclaman los habitantes de la entidad”.
Y, siempre de acuerdo con la versión oficial, “los integrantes del Gabinete de Seguridad, junto a las autoridades locales, revisaron las estrategias puestas en marcha encaminadas a abatir la inseguridad y disminuir los índices de delincuencia en la entidad en general y en Acapulco en particular”.
Hace poco, Osorio Chong emplazó a los mismos personajes con los que se reunió, a que denunciaran delitos pero igual ponderaran las acciones y no dejaran que, quienes atentan contra la seguridad de los guerrerenses ganaran espacios victimizándose. El lunes aseguró “que en el combate a la delincuencia se podrá avanzar solo con la firme determinación de las autoridades en los tres niveles de gobierno y así alcanzar los resultados que la sociedad guerrerense demanda”.
Bien por los discursos y las pretensiones, el reparto de responsabilidades. Bien que Guerrero sea atendido y que Acapulco sea asunto de prioridad del Estado mexicano. Pero ese ha sido el mensaje recurrente y el Puerto hoy está en el top ten de las ciudades más violentas e inseguras de México y el mundo. ¿Hasta cuándo se protegerá a quienes saben quién y quiénes tienen al estado y al puerto en vilo? Digo.
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