MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
No son nuevas las posturas que abogan por abrogar restricciones legales a las diversas religiones e iglesias cuyo culto se ha extendido en el país, en especial a la católica que es la de mayor influencia en todos los estratos sociales y que, incluso, en ese desencuentro con el poder público arrastró a la feligresía a una guerra civil como fue la cristera.
Las condiciones en México han cambiado en términos de libertades en todos los rubros, aunque en materia religiosa no se ha concretado el concepto constitucional de las libertades que deben gozar todos los mexicanos, restringiéndose los derechos de los ministros de culto en materia de posturas políticas y, como organismos, a contar con medios de comunicación.
A decir verdad, esa restricción impera en el papel, porque en los hechos utilizan púlpitos y medios de comunicación, quizá no formalmente propios, para divulgar posturas políticas. Las elecciones del pasado mes de junio evidenciaron esa manga ancha con la que operaron desde el púlpito sacerdotes de alto rango en estados como Aguascalientes y Zacatecas, zona cristera.
La autoridad estatal y federal no aplicó la ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la propia Secretaría de Gobernación desecharon las denuncias presentadas. Aquí no pasa nada, la libertad religiosa va de la mano de todas las libertades de que gozamos los mexicanos, salvo que entre los ministros de culto son permanentes promotores de posturas que llevan delantera a cualquier político
Y es que, mientras el político debe convocar a la militancia partidista, incluso de manera clientelar con la oferta del bienestar que da una despensa o la posibilidad de algún bien, los ministros de culto ofrecen lo intangible, el cielo y la eternidad, el paraíso y la buenaventura.
Bien que, en esta modernidad de los tiempos del nuevo milenio haya una apertura de tal naturaleza que, incluso, pasa por alto las restricciones legales que debieran aplicarse contra el despliegue religioso cuya postura contra el matrimonio igualitario, por ejemplo, linda en el fundamentalismo y la cancelación de un derecho ajeno.
Veamos. En la Cámara de Diputados, el legislador federal y dirigente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, propuso que las asociaciones religiosas tengan acceso a concesiones de radio y televisión.
Dice que ha llegado el momento de poner en la legislación esa posibilidad y ese derecho. Sostuvo que, negar una concesión a una Asociación Religiosa, por el hecho de serlo, es un grave atentado contra el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se vulnera su libertad de expresión.
En realidad, y el diputado Flores Cervantes debe estar bien enterado de ello, cualquier púlpito está convertido en tribuna de promoción política. Y, que se sepa, ningún sacerdote, ni siquiera el cardenal Norberto Rivera Carrera y su vocero en la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, han tenido que pisar un juzgado para atender demandas en su contra por infringir la ley.
Sí, tiene razón Hugo Eric Flores Cervantes, debe legislarse en materia de reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que las Asociaciones Religiosas (AR) puedan poseer concesiones de radio y televisión, así como cualquier medio masivo de comunicación.
Pero, paralelamente, habrá que emprender una gran reforma en la que todos los ministros de todos los credos estén sujetos, como cualquier ciudadano, a las leyes. No puede mantenerse un espacio de canonjías para quienes tienen esa absoluta libertad de promover posturas políticas en medios de comunicación, como ya lo hacen en las homilías y en medios impresos, como es el Semanario Desde la fe, y permanecer intocados.
Por supuesto no se trata de cazar curas. El objetivo final es que, en el contexto de nuestras libertades, todos seamos tratados con el mismo rasero.
En la misma vertiente del respeto a los derechos del vecino, se encuentra el denominado Frente Nacional por la Familia, que ayer martes entregó a la Cámara de Diputados más 596 mil 453 mil firmas de ciudadanos de todo el país, en un documento en el que se oponen a la iniciativa presidencial relativa al matrimonio igualitario.
De acuerdo con el vocero de esta organización, Rodrigo Iván Cortés, son más de 20 estados de la República que promueven el valor de la familia y que están a la espera de que el presidente de la República los reciba, para expresar su desacuerdo a la iniciativa de matrimonios igualitarios que presentó.
¿Veinte estados en contra de los matrimonios igualitarios? ¿Más de medio país? Sin duda Iván Cortés debió haberse referido a simpatizantes de 20 estado que rechazan el matrimonio igualitario. Porque así sea un millón de firmas, no representa al total de quienes vivimos en este país y que estamos en paz con nuestros vecinos, sin importar la religión que profesen ni sus gustos carnales.
Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es la máxima que debe proceder en este ámbito de las libertades.
Iván Cortés y Leonardo Arzamendi Mendoza, refirieron que “las firmas recaudadas tienen el propósito de pedir a los diputados que rechacen las iniciativas en materia de matrimonio igualitario que envió el Presidente de la República en mayo pasado”.
Bien. Que los diputados cumplan con su tarea y que ministros de culto y simpatizantes de la intolerancia y la exclusión dejen de hacer ruido con posturas que sólo polarizan a la sociedad y generan enconos. Digo.
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