MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
El 21 de septiembre de 2011, bajo el título: “Legisladores, el salario del miedo”, me referí a la ejecución, entonces, del diputado federal priista por el estado de Guerrero, Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer, Erick Estrada, acto criminal registrado el día cuatro de ese mes y que provocó la indignación de los integrantes de la Cámara baja. Y sacudió conciencias, cité.
Dos meses después, el 23 de noviembre, el entonces presidente municipal de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, fue acusado de haber pagado 300 mil pesos a Francisco Flores Lorenzo, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de su administración, quien contrató a los homicidas de Villanueva de la Luz y de Erick Estrada Vásquez.
Francisco Flores Lorenzo no era nuevo en cargos de ese nivel, en el periodo 1992-2003 fue agente ministerial adscrito a Chilpancingo, Ciudad Altamirano, Chilapa de Álvarez, Teloloapan, Zumpango, Chichihualco y Quechultenango, es decir, el corazón de Tierra Caliente.
Además, fue jefe de grupo de la corporación o elemento ministerial, conocido con el alias de “La Brocha”. Vaya, este personaje confesó haber conseguido a los autores materiales del homicidio del diputado federal, uno de ellos identificado como Juan Miguel Martínez Plácido (a) “El Pequeño”, a quienes por instrucciones del alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, pagó 300 mil pesos.
¿El móvil? Flores Lorenzo dijo que Willy Reyes Ramos le pidió buscar gente para un trabajo especial, es decir, “para matar al diputado Moisés Villanueva de la Luz, porque le estorbaba políticamente”.
¿Y sabe usted qué procedió contra Willy Reyes Ramos? Nada. El Congreso estatal se negó a desaforarlo como alcalde para someterlo a proceso. Incluso, cuando se avistaba el proceso electoral de 2015, reapareció el ex alcalde precisamente en espacios del Congreso guerrerense y aseguró que no temía nada y buscaría un cargo de elección popular.
Sólo hasta principios de este año, Xavier Olea Peláez, fiscal del estado de Guerrero, informó que había orden de aprehensión contra Willy Reyes y aseguró que iría tras él. Solo hay que recordar que Olea Peláez fue abogado del entonces presidente municipal de Tlapa de Comonfort. Y el despacho de Olea, es uno de los más caros de México.
Pero, bueno, en este espacio el 21 de septiembre de 2011 expuse. “Intereses oscuros tocaron nuevamente a la puerta de los legisladores y desempolvaron urgencias. Dirán que es perogrullada referir que no es nuevo esto de los atentados contra políticos mexicanos. La historia está llena de cobros de facturas y por conservar o buscar el poder. Hubo, sin embargo, un periodo del siglo pasado, en que esta praxis amainó.
“Pero, a partir de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de José Francisco Ruiz Massieu, el ajuste de cuentas tomó otros derroteros en los que se involucró plenamente al crimen organizado bajo condiciones políticas. Fueron ejecuciones ordenadas desde estancos del poder político.
“Y en ese tenor, diputados federales y locales, senadores y presidentes municipales, gobernadores y altos funcionarios públicos, han sido víctimas de la delincuencia organizada que, como la humedad, piano-piano se metió hasta la alcoba del poder en México.
“Por supuesto que indigna el asesinato del diputado Villanueva y de su chofer. Pero también ofende que los diputados federales y senadores se hayan enfrascado tempranamente en la lucha por la sucesión presidencial, olvidándose de asuntos fundamentales como las reformas legales en ámbitos de prevención del delito, su combate y la impartición de justicia.
“¿Urge la Ley de Seguridad Nacional? Ni duda cabe.
Pero la ausencia de consensos y de compromiso con el trabajo legislativo, porque la prioridad fue posicionar al partido en esta carrera por Los Pinos, ha provocado un retraso fundamental en, por ejemplo, el esquema legal que rija la tarea de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada.
“Lamentable y dolorosa la pérdida de vidas humanas, sean éstas de civiles que tuvieron la poca fortuna de estar en el sitio y la hora incorrecta, en medio de una balacera; o de periodistas que pagan con su vida la difusión de temas que paulatinamente se han convertido en materia de autocensura.
“Y, como es el caso, de legisladores que representan a distritos de aquellas regiones dominadas por el crimen organizado. Sí, la ejecución de uno de sus pares sacudió la conciencia de los diputados federales, al grado de que el priista Reginaldo Rivera de la Torre, ha planteado el imperativo de que sean sujetos de un protocolo de seguridad, que les permita contar con vigilancia de policías federales y estatales cuando hagan sus recorridos por sus distritos.
“La propuesta del queretano se entendió igual en la condición de que los legisladores porten armas, como lo autoriza ya la ley a funcionarios públicos. Pero inmediatamente el coordinador de la diputación federal del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, se opuso. Consideró inaceptable que los legisladores puedan portar armas.
“No somos gente especial y tenemos que conducir nuestras vidas como ciudadanos de a pie. Además, no sería suficiente armar a los legisladores, porque entonces tendría que armarse a todos los mexicanos y esto va contra la lógica. Armar al pueblo sólo generará mayor violencia”, adujo el maestro Vázquez.
“Y tiene razón. Aunque hay quienes, como el senador panista y ex gobernador de Aguascalientes, Felipe González, portan pistola. ¿Cuántos legisladores más andan armados? (…)
“Hay solución al grave problema, si los integrantes de la LXI Legislatura federal dejan de interesarse más en atender estrategias rumbo a la elección de 2012 que sentarse a dialogar, discutir y aprobar el andamiaje legal que disipe el severo riesgo de que todos los mexicanos salgamos a la calle a ganarnos el salario del miedo” Hasta aquí lo publicado el 21 de septiembre de 201, con la paráfrasis a la cinta clásica dirigida por Henri Georges Clouzot “El Salario del Miedo”. Quien aspire a un cargo de elección popular deberá hacerlo bajo su propio riesgo.
Porque mire usted, es la historia cíclica. Ayer, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC, de filiación panista) y el presidente de ésta, el munícipe de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas del Villar, pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que la Secretaría de Gobernación implemente un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.
Refiere que en el periodo 2003-2016 han sido victimados 40 alcaldes en funciones, 7 electos y 32 ex alcaldes; un total de 79, que incluyen a los del pasado fin de semana, Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, y de Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas.
El tamaño del salario del miedo que devengan los alcaldes, es de tal naturaleza que la ANAC tiene clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde. La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo). Y los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas. ¿Y dónde están los protocolos? Crimen organizado, venta de protección, acuerdos incumplidos, intereses bastardos… ¿Quién quiere ser alcalde en esas zonas de riesgo? Digo.
LUNES. A Manuel Cota, senador y dirigente de la CNC, y Pepe Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, se aproxima un problemita que deberán atender de inmediato. El Frente Auténtico del Campo anuncia que, el próximo 8 de agosto, en el aniversario 137 del nacimiento de Emiliano Zapata, cien mil de sus integrantes marcharán al Zócalo de la ciudad de México, para manifestar su inconformidad por la pobreza que agobia a sus comunidades. ¿No que todo está chévere, joven Calzada? Conste.
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