Moisés Sánchez Limón
Aunque los malquerientes del PRI –incluido el prístino licenciado Andrés López Obrador—crean que el tricolor blofea con la elemental estrategia de lavar la ropa ajena en público, para que no haya duda de que, ahora sí, va en serio la campaña contra los pillastres domésticos, el hecho es que ya cayó el primer tiburón de nacencia veracruzana. Javier Duarte de Ochoa está con un pie fuera del tricolor y otro en el umbral de Pacho Viejo.
En buen romance, este paso de la maquinaria de la Santa Inquisición priista deben entenderlo en la lógica del “te lo digo Juana para que me entiendas Chana”, los ex gobernadores Roberto Borge y Rodrigo Medina de la Cruz, junto con el aún góber banquero de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.
Incluso, en esta camada de cachorros priistas a quienes venció la tentación de aquel que no tiene y cuando llega a tener, loco se quiere volver, está el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por quien la bancada priista en la Cámara de Diputados no mete las manos al fuego, e incluso se pronunció por investigarlo para deslindar responsabilidades; Alonso es acusado de recibir “moches” a cambio de licitaciones durante su gestión.
¿Nadie se muere en la víspera? Hay políticos que contradicen a la máxima, en estos tiempos; aunque en el pasado los muertos políticamente, solían resucitar un sexenio después, en esa cínica e impune praxis de dejar que se echara tierra al asunto. La amnesia política que inyecta vida.
En fin, el caso es que, mientras corren los días de aplicar la justicia en casa y dar pauta a ejercerla en la ajena, sin reproches ni denuncias de persecución política con tintes electoreros para procesar a, por ejemplo, Guillermo Padrés Elías, ex gobernador panista de Sonora, el lunes pasado el máximo tribunal del PRI aceitó su maquinaria. Y…Javier Duarte de Ochoa pecó de ingenuidad frente al partido que lo encumbró; se creyó poderoso e impune porque nadie, desde el alto mando del poder político y partidista del país, lo pudo defenestrar. Retó, blofeó, amenazó, provocó crisis partidista y ha emprendido la ruta del ostracismo en el cauce de una orden de aprehensión.
Y es que la maquinaria justiciera del Partido Revolucionario Institucional abandonó la bodega y emprendió el primer ajuste entre esa pléyade de priistas distinguidos que perdieron el piso y el rubor para dinamitar la convicción y confianza partidista en la generación de jóvenes gobernadores.
Los nombres de gobernadores en funciones y de reciente status de ex mandatarios, inmersos en escándalos de corrupción que al PRI costaron la derrota en siete entidades, en la elección de junio último, están en la lista de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI, que el pasado lunes operó en los términos previstos y suspendió sus derechos partidistas al gobernador en funciones del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, junto con seis de sus colaboradores; paso previo y, como se otea, de inexorable ruta a la expulsión, puerta abierta para que la PGR opere como dicta la inercia del ajuste de cuentas político.
Inédito procedimiento. Es la primera vez que a un gobernador en funciones se le suspenden sus derechos partidistas, comentó el abogado y senador priista, Arturo Zamora Jiménez, integrante de esta Comisión que, en términos prácticos, es la Santa Inquisición del Partido Revolucionario Institucional.
Nadie se muere en la víspera; pero, en el caso del aún gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya estaba políticamente muerto antes de que desde el alto mando del PRI se determinara echarlo del partido, despojarlo de la cobija presidencial de la impunidad y ponerlo en el umbral de la cárcel de Pacho Viejo, penal que ha sido residencia de los políticos veracruzanos caídos en desgracia.
Así, desde el momento en que se negó a separarse del cargo, cuando en la cresta del escándalo de la galopante corrupción en su administración enfrentó al presidente Enrique Peña Nieto y desoyó las recomendaciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Duarte de Ochoa ingresó al camino sin retorno que va más allá de su defenestración del poder político: la pérdida de éste y el ostracismo partidista. Adjunto el proceso penal.
Anoche, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI dio su veredicto y acordó un eufemismo legal que implica echar del partido a Duarte de Ochoa, mediante la suspensión de sus derechos de militante, junto con seis de sus colaboradores.
La gravedad del caso, las acusaciones y la afectación a la imagen del partido, fueron fundamento para este fallo, inédito acotó el senador Zamora; sin duda pauta para Roberto Borge que se ausentó de la ceremonia en la que, el domingo pasado, debió haber asistido para entregar la estafeta a su sucesor, el ex priista y ex amigo suyo, Carlos Joaquín.
Los integrantes del tribunal partidista sesionaron por más de una hora y, en rueda de prensa su presidente, Fernando Elías Calles, informó que dieron procedentes a trámite las denuncias en contra de Javier Duarte de Ochoa, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, es decir la banda de casa, los cómplices del gobernador que el próximo 30 de noviembre entregará el cargo a su acérrimo enemigo político y personal, el ex priista distinguido Miguel Ángel Yunes Linares.
Elías Calles expuso que se hizo una revisión minuciosa y ponderación escrupulosa de los antecedentes, las condiciones jurídicas y de los elementos con que se cuenta, para dar trámite a las denuncias interpuestas por los militantes del partido contra el mandatario estatal y colaboradores de su gobierno, con militancia priista.
Duarte y asociados tienen 15 días hábiles para defenderse. ¿Tendrán forma de hacerlo? Nadie se muere en la víspera, pero desde días antes el gobernador veracruzano sabía que su epitafio político puede tener el número de la Averiguación Previa en la que se pide la orden de aprehensión que habrá de girar el juez de la causa a solicitud de la Procuraduría General de la República.
¿Combate frontal contra los pillos que, desde cargos públicos, dilapidaron el bono democrático que sirvió al PRI para recuperar el poder presidencial con Enrique Peña Nieto como candidato? ¿Justicia electorera y selectiva? ¿Dónde la ley para aplicarla al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero? El riesgo es que todo cambie para seguir igual. Digo.
MIÉRCOLES. ¿De quién fue la ideota de no llevar a la fuente presidencial a Cartagena de Indias, donde el presidente Peña Nieto fue testigo de honor de la firma de la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? Se perdió una excelente oportunidad para que don Enrique hablara de, por ejemplo, la hermandad con los colombianos, la aportación del millón de dólares para retirar minas en suelo de aquel país, de democracia, tolerancia y respeto a los derechos humanos que se presumen en México.
Pero, vaya, solo llevaron a los reporteros de Televisa y de TV Azteca. En efecto, las cosas buenas no se cuentan porque el vocero Eduardo Sánchez no lo permite. Que alguien le diga al Presidente que el Voz Cero no funciona porque no sabe. Conste.
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