Moisés Sánchez Limón
Explicar las causas por las que se liberaron los precios de combustibles y energía eléctrica, es un tarea que se soslayó, quizá en la apuesta de que el anuncio ocurriría en periodo vacacional y, sobre todo, cuando la mayoría de los mexicanos tiene dinero en la bolsa y se dispone al festejo y el gasto sin freno. Total.
El riesgo, empero, es la reacción social y la aparición de los pescadores a río revuelto, los oportunistas que desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, pretendieron la represión para calificar al gobierno entrante como represor e incluso asesino.
Casualmente, esos epítetos los repiten aquellos que, extrañamente y en contraste con su condición socio económica, cuentan con recursos suficientes para viajar a Europa e incluso Oriente y manifestarse en pequeños grupos contestatarios para descalificar al Presidente y gritarle “¡asesino!”
Qué intereses hay atrás de esos personajes que se autodenominan anarcos o simpatizantes de luchas sociales que, encapuchados, vandalizan, queman y saquean lo mismo inmuebles públicos que de propiedad privada sin que la autoridad se decida a detenerlos y, cuando lo hace, éstos no duran mucho en prisión. Son liberados y vuelven a la calle con la misma instrucción de generar miedo entre la población.
Son vándalos que se montan en la cresta de una situación de crisis para empujar al Estado rumbo al desprestigio internacional, retándolo a que reprima e incluso mate y estos sedicentes inconformes sociales tengan el pretexto de la víctima para tomar las calles y delinquir impunemente. Pero, ¿quién está atrás de ellos?
Por supuesto el aumento de precios e impuestos no es una medida popular. A nadie le gusta pagar más impuestos. El punto es cómo y dónde se demuestra esa inconformidad. ¿Con movilizaciones en las que se infiltran delincuentes que logran descalificar, ante la opinión pública, a protestas fundamentadas y pacíficas?
El de la liberación de precios para dejarlos al libre mercado de la oferta y la demanda, por mucho que un órgano oficial se encargue de fijarlos diariamente, no es un tema que agrade a la mayoría de los mexicanos que, por cierto, no han protestado contra el aumento de bienes y servicios del gobierno de la Ciudad de México.
El caso es que, al lado de la justa inconformidad social que cierra vialidades y accesos a las gasolinerías, aparecen provocadores dispuestos a generar violencia y represión.
Ejemplo de ello, es la detención de un grupo de provocadores infiltrados en una protesta, ayer martes, frente a una estación expendedora de gasolina, que iban armados con petardos dispuestos a estallarlos en ese sitio de alto riesgo.
Será interesante que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, o alguno de sus subalternos informe qué ha pasado con estos provocadores y se les aplique la ley sin medianías, pero en especial que digan quién los contrató y cuánto les pagó para generar violencia en una protesta social pacífica.
Porque, mire usted, mientras la bancada del PRD en la Cámara de Diputados anuncia que, ante la Comisión Permanente, presentará una iniciativa para detener el incremento en los precios de las gasolinas y el diésel en el país, hay barruntos de violencia porque no es lo mismo protestar con pancartas que cerrar accesos a gasolinerías y el paso en autopistas. O robarse el combustible.
Dice el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, que se propondrá modificar la Ley de Ingresos vigente, para dar marcha atrás a la liberalización de los precios de los combustibles.
Y el vicecoordinador de la bancada perredista, Jesús Zambrano Grijalva, anuncia la presentación de un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que detenga de inmediato, mediante un decreto presidencial, la puesta en marcha de incremento de precios de las gasolinas, que ha provocado la creciente protesta social.
Mas no hay una línea que condene las expresiones violentas en los plantones y marchas contra la liberalización de los combustibles. Y, dígame usted, de qué servirá que los secretarios de Hacienda y de Energía, además del responsable de la Comisión Reguladora de Energía y del director de Pemex, comparezcan en la Cámara baja, dizque para explicar el incremento de los combustibles, así como el desabasto de gasolinas en distintas regiones del país.
Los funcionarios repetirán que es una medida necesaria, pero se olvidarán de aquellos que protestan y seguramente irán al Palacio Legislativo de San Lázaro, a protestar contra ellos.
Bien por esa pérdida de tiempo, porque la decisión está tomada y no hay marcha atrás. El riesgo, reitero, es que las protestas se desborden e infiltrados como los detenidos en la colonia Federal que estaban dispuestos a provocar represión, logren su objetivo.
El país, como se ha visto, es pasto seco que puede incendiarse con la mínima chispa. Seamos serios. Que las instancias relacionadas con el tema, asuman su responsabilidad y dejen de ver hacia el 2018 y atiendan estos que paulatinamente pasan de ser barruntos de ingobernabilidad para convertirse en un verdadero campo de batalla que no dejará perdedores ni victoriosos, simplemente víctimas de una crisis. Conste.
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