Moisés Sánchez Limón
Suele ocurrir entre las bancadas de la oposición y las oficialistas en el Congreso de la Unión, la recurrente crítica y descalificación por antonomasia de asuntos que han votado, defendido y prohijado pero, a la hora de la verdad desconocen el status de éstos. Es de pena ajena.
Ayer, al vicecoordinador de la diputación federal del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, en entrevista en la Cámara baja le plantearon acerca del problema de estancamiento que implicaría, para el avance del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la no asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017.
Incluso, el diputado presidente Javier Bolaños Aguilar incurrió en un despropósito cuando consideró que los 491 millones de pesos que se ahorrará la Cámara de Diputados, merced al plan de austeridad para el año entrante, se destinen a la bolsa del SNA.
Ramírez Marín respondió puntual y evidenció ese desconocimiento del status legislativo de dicho Sistema impulsado rabiosamente por el PAN, pero cuyos diputados no han aterrizado en términos físicos, de estructura administrativa y operativa. Porque el SNA existe, pero en el papel.
“No tendríamos nosotros inconvenientes –respondió Ramírez Marin–, excepto por una cosa: no se le pueden asignar recursos a lo que no existe todavía, es decir no hay un ramo, no hay un rubro, al cual asignarle los recursos, eso es una previsión que se tendrá que hacer, y que seguramente así se hará en el decreto del presupuesto para cuando exista, pero hoy no existe una entidad llamada Sistema Nacional Anticorrupción, ni fiscalía nacional, anti corrupción, primero tienen que crearse, tienen que existir, y eso seguramente vendrá previsto en el decreto del presupuesto”.
–¿Pero, para diciembre no debió haberse previsto en este presupuesto?—insistió un reportero, cuyo desconocimiento fue elemental de lo que respondió el legislador yucateco.
–Debe venir en el decreto –ilustró, paciente, Ramírez Marín–, no puede tener una asignación presupuestal en el cuerpo del presupuesto, porque no existe todavía como parte de ningún ramo de la administración pública federal.
–¿Pero, para noviembre, no debería estar funcionado la Fiscalía?—terció otro colega.
–Deberá estar y esa previsión se hará seguramente en el decreto—atajó el vicecoordinador de la bancada priista.
Y luego le pidieron su opinión respecto de los dos sacerdotes secuestrados y asesinados en Veracruz, asunto que pasa por ese manto de impunidad con el que ha contado el corrupto gobernador de aquella entidad, Javier Duarte de Ochoa.
Nuevamente Ramírez Marín fue puntual y sostuvo: “Es sumamente grave, no porque se trate de religiosos, sino porque la escalada de violencia en Veracruz no parece tener una solución, se ha ido incrementando y esto seguramente tiene que ver, aunque no queramos o no sea por voluntad, con los vacíos que van quedando entre un gobierno que sale y un gobierno que entra”.
Duarte se va en diciembre, pero de acuerdo con Ramírez Marín no se puede desatender ese vacío, de forma tal que el gobierno federal debe atender el gravísimo tema de la inseguridad en un estado en el que la corrupción galopó seis años en el sector público. ¿Por qué la impunidad?
Mire usted. En tiempos de la transición política, el relevo en el poder que ha roto inercias y golpeado cacicazgos tiene sus bemoles y, entre la aprobación o descalificación se oculta la cara de la violencia, la rebelión rumbo al cobro de cuentas.
Las diferencias político-partidistas han ido más allá del escenario en el que se dirimen, es decir, las urnas y luego el gobierno que ofrece pluralidad en el ejercicio pero se alza entre la convocatoria a la cacería de brujas, disfrazada de la aplicación de la ley.
Imaginemos que Enrique Peña Nieto en su mensaje de toma de posesión, el 1 de diciembre de 2012, hubiese convocado a investigar y meter a prisión a todos los colaboradores de Felipe Calderón, su antecesor, e incluso a éste por las denuncias de corrupción contra ellos que, en la mayoría de los casos, se enriqueció.
La camada de nuevos ricos-ricos de la administración calderonista habría requerida de celdas extra para encarcelar a personajes que por ahí andan investidos de impunidad.
Pero no, Peña Nieto optó por hacer mutis y se reservó pruebas, historias y denuncias para momentos excepcionales, aunque con ello incurrió en complicidad y encubrimiento; los contadísimos casos de funcionarios públicos sujetos a proceso, son de menor rango.
La excepción fue la maestra Elba Esther Gordillo, a quien se aplicó la ley a secas y hasta con exceso, como para demostrar que hay mano dura, cuando en realidad públicamente todo el mundo lo califica como una venganza o el método para silenciar al enemigo político.
Lo cierto es que, Incluso en este momento, el Presidente ha dudado en aplicar la ley contra prohombres del sistema que ostensiblemente son unos pillos, enriquecidos con fondos públicos y tráfico de influencias al amparo del poder. Y no hay uno solo en prisión.
Un ejercicio de sentido común indicaría que, en este momento, estarían sujetos a proceso penal, cuando no sentenciados por delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio del cargo, el senador y dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y los gobernadores César Horacio Duarte Jáquez, de Chihuahua; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y el de Quintana Roo, Roberto Borge.
¿Por qué no se ha ejercido acción penal contra estos pillastres?
Es evidente la filia presidencial en esos casos, como en el del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, cuya responsabilidad en uno de los casos (Iguala-Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas) está documentada y es el que mayor daño ha hecho al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien debe soportar en sus periplos por el extranjero que le llamen asesino, mexicanos y extranjeros que responden a la causa encabezada desde hace más de 12 años por Andrés Manuel López Obrador.
En fin. Lo cierto es que la polarización de fuerzas políticas ha ido más allá de la elemental diferencia ideológica para sujetarse en asideros radicales.
Le comentaba el lunes pasado acerca de aquel acto de toma de posesión de Pablo Salazar Mendiguchía como gobernador de Chiapas, celebrado en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, al que asistió el entonces debutante Vicente Fox como Presidente de la República, quien con su presencia evitó el linchamiento físico del saliente gobernador Roberto Albores Guillén, a quien todo el auditorio abucheó y demandó justicia, encarcelarlo acusado de corrupción en consonancia con el discurso incendiario de Salazar Mendiguchía.
El jueves de la semana pasada, en el acto celebrado en instalaciones de la feria en Durango, erigido recinto legislativo para el acto en el que el panista (también ex priista como Salazar Mendiguchía) José Rosas Aispuro Torres, rindió protesta como gobernador de aquella entidad, en relevo del priista Jorge Herrera Caldera, a quien el auditorio abucheó entre rechiflas y gritos de ladrón y corrupto.
Pero, ese auditorio de mayoría panista, también manifestó su desprecio, sí, desprecio por el presidente Enrique Peña Nieto. A Herrera Caldera terminó arropándolo y con ello calmó ánimos. Presentes Felipe Calderón, Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota y gobernadores panistas, recibieron el aplauso. Son hipotéticos los escenarios que habrían ocurrido de estar presente Peña Nieto.
Las filias y fobias, empero, se han radicalizado entre los apetitos y sabores del poder. ¿A quién responsabilizamos de la polarización entre mexicanos? ¿Por qué cobijar a los pillos que se han enriquecido con los dineros del pueblo?
Y si la oposición tiene tanta prisa por aplicar el Sistema Nacional Anticorrupción, no estaría de más que aterricen el tema y luego cuestionen la ausencia de una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017. Pierden el tiempo en la crítica y olvidan el meollo del asunto. ¡Manden dinero, vamos ganando! Digo.
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