MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Es, la ruta crítica rumbo a la jornada comicial del próximo cinco de junio, la temporada de caza, periodo de 20 días en el que partidos políticos, candidatos, operadores, oportunistas y arribistas echan redes en el río revuelto en busca de lo que caiga porque, al final del día será ganancia lo que sumen a la causa personal o de grupo.
Blofean, se escandalizan, invocan justicia, promueven movilizaciones, fabrican conflictos de fundamento ñoño como es el caso del Instituto Politécnico Nacional; aprovechan la cresta de la ola en busca de reventar aspiraciones presidenciales de jugadores de las ligas mayores. Los secretarios Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong toman nota.
Hoy la principal acusación a vuela pájaro sin sustento ni siquiera suspicacia es acusar al contrincante de tener vínculos con el crimen organizado y, en ése ánimo, hay quienes se curan en salud y urgen quemar en leña verde a una diputada local, Lucero Guadalupe López Sánchez, porque se enamoró de un capo del narco y fue nominada por el PAN, cuyos adalides esconden archivos y reptan para escabullir el bulto y deslindar responsabilidades.
Y el PRI no cae en el garlito de la dizque justiciera convocatoria a periodo extraordinario para desaforar a la legisladora sinaloense, que el perredista y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, pretende solicitar entre este lunes y mañana martes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que habría de anunciarla en la sesión inmediata.
No cabe duda que panistas y perredistas blofearon cuando la semana pasada dictaminó la Sección Instructora de la Cámara baja, de que ha lugar a proceso de desafuero con la referencia de respetar los tiempos legales, mas olvidan que en estos asuntos priva el voto mayoritario y de plano César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del PRI, de plano dijo el sábado último en Mexicali, Baja California, que el periodo extraordinario será después del cinco de junio.
¿Qué esperaban Marko Cortés, Jesús Zambrano y Felipe Martínez Neri? ¿Consideraron que César Camacho caería en la corriente justiciera de convocar a periodo extraordinario para desaforar a la legisladora sinaloense?
Blofearon. Camacho simplemente citó el fondo de esa eventual convocatoria a una sesión en la que el tema de la delincuencia organizada acabaría por contaminar al proceso electoral con esas acusaciones entre partidos, dirigencias y candidatos de vínculos con el crimen organizado.
Por supuesto, el tema lo llevó al escenario Manlio Fabio Beltrones en Tamaulipas, donde desconoció candidaturas priistas en tres municipios; los señalados han demandado al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, compruebe sus dichos.
Pero, mientras el asunto ha llegado a la oficina de la procuradora general de la República, Arely Gómez, casualmente en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, el fin de semana último la ola violenta tuvo como actores principales a integrantes de la organización Columna Armada General Pedro José Méndez, a la que Beltrones calificó brazo armado del crimen organizado en aquella región tamaulipeca donde hoy le piden pruebas.
Lo cierto es que, mientras se aclara el tema y se desahogan diferendos con la alianza PAN-PRD en aquella entidad, su candidato al gobierno estatal, el senador con licencia Francisco Javier García Cabeza de Vaca, carga con esa acusación de ser protegido por los capos del narco y el crimen organizado tamaulipeco, los que habrían cooptado a los tres candidatos priistas a igual número de alcaldías y que descarriló Manlio Fabio Beltrones.
En fin. Panistas y perredistas, indudablemente también los diputados de Morena, se quedarán con las ganas de usar el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro para dirimir diferencia y, vísperas del domingo de elecciones, el 5 de junio, acarrear agua a su molino.
De párvulos la previsión panista, cuyos legisladores deberán contar con suficientes elementos de prueba para votar el desafuero de la diputada sinaloense, porque precisamente el actual diputado Gustavo Enrique Madero, presidente del CEN del PAN, cuando se palomeó la candidatura de Lucero Guadalupe, él dio el visto bueno.
Elemental discrepancia entre los adalides de la democracia a la mexicana, elemental y sin casualidades la embestida contra Aurelio Nuño. Descalificarlo como interlocutor y demandar que el diálogo de los estudiantes politécnicos –del nivel vocacional– sea con el presidente Enrique Peña Nieto, tiene esos elementos de la ultra vinculada con Andrés Manuel López Obrador que en Oaxaca pretendió eternizarse como dueña del IEEPO.
Las movilizaciones de estudiantes de las vocacionales carecen de asideros fundamentales, defendibles de cara a la sociedad. Los gritos de apoyo a la CNTE en el mitin de la semana pasada en Zacatenco y la ausencia de un fundamento que implique riesgo para el nivel educativo de estos escolapios de nivel preparatoria, porque de siempre las vocacionales han estado estrechamente vinculadas a la oficina del secretario de Educación Pública, sea cual fuere el titular, advierten un encontronazo en el que, margen aparte de los costos políticos, el daño será a los estudiantes que sí quieren estudiar y aquellos que están en in tris de concluirlos.
Vaya, vaya. Habrá más sorpresas en la vida política nacional, verdad de Perogrullo en tiempos de caza, los electorales, éstos en los que no hay puros ni castos, menos hermanas de la caridad y misioneros del bien común. Conste.
LUNES. El pasado fin de semana, en Zacatecas, rindió protesta el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR). Ello pone fin, formalmente, a una prolongada lucha intestina por el liderazgo de esta agrupación gremial de 70 años de historia. Lo interesante es que quien tomó protesta a la nueva dirigencia, fue la diputada federal Ivonne Ortega, acompañada del candidato al gobierno de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. ¿Qué será del dizque dirigente de la CNPR, hijo del senador priista y candidato perdedor al gobierno de Michoacán, José Ascención “Chon” Orihuela Bárcenas? Digo.
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