Guillermo Portugal Vela
En memoria post mortem de José Manuel Mireles Valverde, Líder fundador de grupos de autodefensa comunitaria
Andrés Manuel López Obrador en su segundo informe de gobierno (1º. de diciembre pasado), señalo con visos de arrogancia en el poder: “No es por presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno”, donde destacó que se ha implementado “con eficacia” las estrategias para hacer frente a la irrupción del Covid-19, la crisis económica y el cumplimiento de 97 de los 100 compromisos de gestión prometidos.
La actual crisis económica y sanitaria de la patria es responsable el pasado neoliberal; sin embargo, existe miopía institucional pues se elude la proporción directa que ha aportado por omisión o comisión la Cuarta Transformación (4T) a partir de su administración sobre la posición de riqueza descomunal acelerada, de confort excesiva y de vida prometida (que según datos de Oxfam Mèxico al 16 de abril de 2020) asciende al 1 por ciento de la elite más rica de la nación y cuyo beneficio es de más de ocho veces la cantidad de riqueza de los 62 millones de personas en situación de pobreza por ingresos del país; y su antípoda que son “los pobres de los pobres” con un nivel de sobrevivencia y muerte prematura garantizada (que de acuerdo al Coneval) alcanzará este fin de año la exorbitante cifra de 31.7 millones de personas en la Línea de pobreza extrema por ingresos.
De acuerdo al hombre de Macuspana, la crisis de marras es por causa de las políticas de corte neoliberal que se desarrollaron a partir de 1982 con De la Madrid y hasta Peña Nieto en el 2018; de ahí que la narrativa principal de la 4T es caracterizada por un diagnóstico-operación de una “carambola a tres bandas”.
Primera banda, con visos de base izquierdista que comprende a “Más de 30 millones de partidarios por una reforma profunda que votaron por Morena” el pasado 1º. De julio de 2018. Aquí confluyen las primeras acciones de gobernanza de la 4T antineoliberales “pero no anticapitalistas”, donde destacan las acciones de políticas asistencialistas y clientelares como la Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Tandas de Bienestar para Pequeños Negocios, la Pensión para Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente, Etc.
Segunda banda, que corresponde a disensos y acuerdos con los empresarios nacionales y transnacionales, sobresaliendo en los primeros de que ya no habrá más Fobaproas como en el pasado neoliberal, ni tampoco exenciones de impuestos. Y en el rubro de acuerdos los que están en proceso de instrumentación y operación de los Megaproyectos insignia de la 4T (entre otros) el Tren Maya, el proyecto aéreo de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral de Morelos y la Refinería Dos Bocas; sin embargo, dichos megaproyectos han sido ampliamente cuestionados por los propios pueblos y grupos de los territorios involucrados.
Y Tercera banda, corresponde al primer paquete de inversión en infraestructura privada y del gobierno federal que comprende 39 proyectos con una inversión total de 297 mil 344 millones de pesos; además en dicha banda incluye el segundo paquete de inversión con la iniciativa privada y la administración de la 4T que activará 29 proyectos con un monto de 228 mil millones de pesos; que sumando estos dos paquetes de inversión nos da un total de 68 proyectos, los cuales en conjunto representan el 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Por otra parte con el propósito de dilucidar el entramado de las relaciones políticas públicas empresariales, los trabajadores y la 4T, se ejemplifica el caso de la politica minera en relación a la declaración presidencial del pasado 11 de agosto de 2019 (fuente Notimex), donde presidente llamo la atención para recordar que durante más de tres décadas de lo que llama “periodo neoliberal” se concesionaron 80 millones de hectáreas a las mineras, entre ellas a las canadienses, y que corresponde al 40 por ciento de las 200 millones de hectáreas “que integran el territorio nacional”. Además, abundo el “no entregar más concesiones a empresas mineras” y la solicitud de que dichas empresas “inviertan y cuiden el medio ambiente, así como el incremento salarial de los trabajadores”.
Una interpretación de esta declaratoria arroja claroscuros, “la radical” que señala límites de no más explotaciones mineras y tampoco exenciones de impuestos, pero favorable hacia los empresarios pues se mantiene en la actividad minera el usufructo de las concesiones. Y “la indicativa-flexible” de corte capitalista extractivista que son las recomendaciones anteriormente descritas sobre el mejoramiento del medio ambiente y el aumento de los sueldos de los trabajadores; puntos estos últimos que debieron ameritar “un apriete de tuercas” por el titular del ejecutivo y no el Laissez faire que se le asignó. En suma, será importante instrumentar una regulación escrupulosa de las concesiones mineras capaz de garantizar mayor productividad, competitividad y sustentabilidad por efecto de la ampliación de las nuevas inversiones en infraestructura y equipo; y también sin dejar de lado el equilibrar la “ley del embudo” ancho de un lado, para los empresarios; y angosto del otro lado para los trabajadores, es decir esto atañe estar en oposición a la cleptocracia; y cuyos asuntos decantarán en una menor precarización laboral en las relaciones contractuales, la consecuente mejora salarial, prestaciones adecuadas y el reparto de utilidades justas para los trabajadores.
Conclusión, se infiere que la Cuarta Transformación es un gobierno centralista cuya característica es la de ejercer un liderazgo presidencial con abordaje de perfil hibrido autocrático-democrático, en el cual el presidente tiene un carácter ambivalente que es definido por tácticas políticas, de ahí la cercanía o alejamiento en las relaciones con el empresariado y/o los trabajadores; y en que además se interactúa en corresponsabilidad con el gabinete, pero sobre la base sine qua non de no estar en desacuerdo con el presidente; pero se corre el riesgo de seguir un sentido de gatopardismo desfavorable para los trabajadores, es decir “cambiar todo para que todas las cosas sigan igual”; en fin, no hay que dar pie al uso del camuflaje de las políticas estructurales por favorecer a las empresas, en este sentido será necesario que el presidente en respeto al principio “de mandar obedeciendo” tendrá o deberá buscar la empatía política con los trabajadores, no obstante además es indispensable en esta causa que los trabajadores coadyuven en atender y resolver sus problemas y con ello disponer de diáfanas correas de trasmisión para su gremio y el país.
