El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón, ha impugnado la reciente distribución de diputaciones plurinominales aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral local (IECM). Esta decisión, según Alarcón, no solo le costó su reelección, sino que también atenta contra los principios de certeza, legalidad y definitividad en el proceso electoral.
Argumentos de la Impugnación
Alarcón sostiene que la decisión del IECM de considerar las comunicaciones de siete diputados electos de Morena para cambiar su adscripción al PT y PVEM es ilegal. «Cuando se firmó el convenio de candidatura común que fue aprobado en marzo pasado por el propio Instituto, los candidatos tuvieron su tiempo para inconformarse de que fueran postulados por otros partidos y no lo hicieron», enfatizó el priista.
El juicio electoral presentado por Alarcón argumenta que los diputados electos que solicitaron su cambio de adscripción no son ni siquiera simpatizantes del PVEM o del PT, y que durante sus campañas únicamente pidieron el voto por Morena. Esto, según él, constituye un fraude a la ley y distorsiona la metodología para la asignación de representación proporcional, otorgando una «mayoría artificial» a la alianza de Morena, PT y PVEM, en detrimento de la oposición.
Solicitudes y Expectativas
El representante del PRI solicita que el IECM rectifique su decisión y otorgue al PRI las curules que le corresponden, incluyendo la suya propia. Alarcón manifestó su confianza en la solidez de su argumento jurídico y expresó su disposición a llevar el caso hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si fuese necesario.
«Estamos defendiendo los votos que la ciudadanía nos dio el pasado 2 de junio, esos cientos de miles de votos que la ciudadanía nos dio valen y valen mucho; por ende, deben de estar bien representados en el Congreso de la Ciudad de México», declaró Alarcón.
Críticas a los Consejeros del IECM
Alarcón también cuestionó la actuación de los cinco consejeros del IECM que votaron a favor del acuerdo de distribución de diputaciones plurinominales. Según él, no hay justificación legal o constitucional para el razonamiento jurídico que realizaron. «Nada justifica el razonamiento jurídico que realizaron, es ilegal y anticonstitucional», afirmó.
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