A lo mejor sólo se trata del jabón con ese nombre. O de las burbujas que produce. La realidad es que el tan cacareado anuncio de un “escudo” de seguridad para la capital de la República anunciado por Miguel Ángel Mancera en su toma de posesión, quedó en eso, en anuncio. Lo peor, que aquellos policías que deberían llevarlo a la práctica coordinándose con sus homólogos de los estados circunvecinos –los de Morelos, que se matan entre ellos; los del EdoMex, a quienes les “siembran” cadáveres por doquier– están en ánimo de rebelión.
Razones no les faltan. Desde el año 2000, por ejemplo, los elementos adscritos a la Policía Judicial del Distrito Federal –que dependen de la Procuraduría encabezada por Mancera en el sexenio anterior– no reciben aumentos salariales y son ellos quienes, de su bolsillo, tienen que dar mantenimiento a las patrullas, adquirir la gasolina y hasta enviar los vehículos a los talleres para su reparación mecánica.
¿Qué sucede entonces con los presupuestos para los que aportamos los contribuyentes al erario del Distrito Federal?
Esa es la pregunta de los 64 millones de pesos.
Porque, amén del congelamiento de salarios, no hay personal suficiente en la PJDF. Las guardias son cubiertas por sólo tres elementos.
En cambio, los funcionarios se apapachan a sí mismos con nutridos grupos de agentes a quienes convierten en escoltas, choferes y hasta mandaderos. Tales son los casos del Oficial Mayor y del Contralor de la PGJDF, cada uno de los cuales dispone de entre 30 a 50 judiciales. Y sí, no hay patrullas, pero todos los “servidores públicos” tienen a su servicio camionetas o SUV nuevecitas y, claro, blindadas.
Estos caros vehículos y escoltas, claro, no son sólo para el goce y disfrute de estos burócratas con los ingresos más altos en el tabulador. También, claro, para sus familias. Esposas que van al súper o de compras. Niños que acuden a los colegios también más caros de la ciudad.
El “escudo” –cualquier cosa que tal signifique–, hasta ahora, sólo ampara a los más altos mandos políticos del Distrito Federal.
Los ciudadanos, mientras tanto…
CAMPEA IMPUNIDAD
El problema más grande que enfrenta la procuración de justicia en México es que el Estado no ha sido capaz de erguirse como una amenaza creíble de castigo para quien cometa un delito. Desde hace diez años, los índices de impunidad han permanecido estables: sólo uno de cada 100 delitos cometidos en el país recibe castigo.
Una de las razones: los ministerios públicos no investigan las escasas denuncias presentadas.
Y ¿cómo van a hacerlo en el DF, si sus policías judiciales mejor entrenados, los llamados “Pegasos”, son escoltas, choferes y mandaderos?
Me relatan un caso. Marcela Gómez Zalce, quien fuera alter ego de Marcelo Ebrard y ahora encabeza el invisible Canal 21 de TV –“Sombra” es su indicativo”– trae con ella toda una célula de “Pegasos”. Con doble sueldo, además: lo poco que perciben en la PGJDF, más otro que les da la Administración central capitalina.
“Platino”, o sea el jefe del GDF, es cuidado por medio centenar de policías de investigación, que en vez de pilmamas deberían estar realizando las labores para las que fueron entrenados, con cargo al bolsillo de los contribuyentes.
Y de ahí para abajo. Todos estos burócratas escamotean a la ciudad la investigación de los delitos –aquellos pocos que son denunciados– y su consecuente castigo. Así contribuyen, pues, a los altos índices de impunidad.
Cualquiera puede cometer un crimen. No lo van a investigar, aunque lo denuncie, porque el encargado de hacerlo fue enviado a la tintorería, al mercado o por las tortillas en la casa del “señor”.
Y una peor: por órdenes directas del mismo señor Mancera, los agentes judiciales del DF son desarmados al salir de sus labores –que se extienden por más de 12 horas–, para que no usen sus pistolas “de cargo” en asuntos que no sean de competencia oficial. Traducción: así, inermes, también los dejan indefensos ante los criminales.
¿Quiere ser policía de investigación? Averigüe, antes que nada, donde está la panadería con los bolillos que le gustan “al patrón”.
Índice Flamígero: “Era contra mí”, dice el gobernador morelense Graco Ramírez, al referirse al atentado en contra del procurador de justicia, donde murieron tres de sus escoltas, y sin que aún se haya iniciado ninguna investigación. El protagonismo ya lo mareó. Todavía más, en efecto. Desde siempre, el tabasqueño ha querido ser el niño del bautizo, el novio en la boda, y ahora el muerto en el funeral. Y apenas lleva cuatro meses en el cargo. Sabrá Dios cómo evolucione en adelante su enfermedad.
