Por Aurelio Contreras Moreno
Sobrado, como “campeón”, vistiendo de traje y coreando “sí se pudo, sí se pudo” mientras mostraba las palmas de sus manos abiertas, como si de verdad las tuviese limpias, abandonó el penal de Pacho Viejo la tarde-noche de este miércoles el ex fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras.
Casi al mismo tiempo dejaron su encierro carcelario la ex directora de Investigaciones Ministeriales Rosario Zamora, el ex director de Servicios Periciales Gilberto Aguirre y la ex delegada regional de la Policía Ministerial de la zona centro Carlota Zamudio Parroquín.
Todos ellos, imputados y procesados por el delito de desaparición forzada durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador. Todos, beneficiados por la justicia federal con el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Podrán continuar con sus respectivos juicios desde la comodidad de sus hogares.
La estrategia seguida por todos fue reclamar la aplicación de “medidas cautelares excesivas” al decretárseles en su momento la prisión preventiva, lo cual les fue concedido por jueces federales, a pesar de la gravedad de los delitos que se les achacan.
De inmediato, los interesados en hacer caer de la Fiscalía General del Estado a Jorge Winckler Ortiz lo responsabilizaron por la liberación de estos ex funcionarios e intensificaron su campaña para lograr su destitución.
Es un hecho y en este espacio se señaló en su momento, que aprehensiones como la de Luis Ángel Bravo –por la temporalidad de su ejecución- fueron parte de una estrategia político-electoral del anterior gobierno, que con ello buscó beneficiar al entonces candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez.
Los señalamientos y elementos en contra de Bravo Contreras y los demás ex mandos ministeriales se arrastraban desde la propia administración de Javier Duarte de Ochoa. Pero la Fiscalía General del Estado procedió hasta el momento en que le representaran ganancia política para el proyecto sucesorio de los Yunes panistas, pervirtiendo el sentido de la procuración de justicia y rebajándolo a un asunto de politiquería.
Antes, al inicio del gobierno de Yunes Linares y a cambio de impunidad, pactaron con Bravo Contreras su salida “voluntaria” de la Fiscalía -a pesar de que había sido nombrado por un periodo de nueve años- para que arribara a la titularidad Winckler Ortiz. Acuerdo que el yunismo rompió cuando sintió que así convendría a sus intereses de poder. Como sabemos, no les alcanzó.
Ello no quiere decir que los ex funcionarios a quienes los jueces concedieron el cambio de medida cautelar sean inocentes de los cargos que se les imputan. No se les ha exonerado y sus procesos continúan. Así que el señalamiento de que se les integraron carpetas de investigación defectuosas tampoco es válido. Éstas todavía siguen su curso.
Si nos conformamos con el rigor legalista, no habría nada que cuestionar a ninguna autoridad, pues los juicios se han desahogado conforme a derecho y cumpliendo con las correspondientes etapas procesales.
Pero creer que no hay intereses políticos de por medio en las decisiones de los jueces –que son igual de susceptibles a las presiones, las amenazas y los billetazos como cualquier otro- sería, por lo menos, ingenuo. Por no decir estúpido o cínico.
El hecho concreto es que no hay ya un solo ex funcionario duartista en prisión, salvo el propio Javier Duarte, que ya recibió una –ridícula- sentencia y aún pelea porque le sea reducida su condena. Pronto, seguramente hasta le tendremos que pedir disculpas.
La realidad también es que todos ellos salieron de la cárcel una vez que el régimen de la “cuarta transformación” tomó las riendas de la entidad y del país. Algunos, a los pocos días de que éste iniciara, como si urgiera.
Nadie paga –ni pagará- por el saqueo, la violencia, la muerte, las desapariciones de personas en Veracruz durante el infame sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Asistimos a un grotesco estado de impunidad.
Y los perpetradores lo celebran a carcajadas.
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